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Secciones: Legislación -  El Problema Español -  Memoria Histórica

Título: Texto Sentencia Tribunal Supremo sobre Baltasar Garzón (crímenes franquismo) y comentario a la misma por Virginia Díaz, Vicepresidente Foro por la Memoria- Enlace 1

Texto del artículo:

En relación a la Sentencia Nº: 101/2012 del Tribuanl Supremo, Sala de lo Penal
CAUSA ESPECIAL Nº:20048/2009
Fallo/Acuerdo: Sentencia Absolutoria
Voto Particular
Procedencia: JUICIO ORAL
Fecha Sentencia: 27/02/2012
Ponente Excmo. Sr. D.: Andrés Martínez Arrieta
Secretaría de Sala: Ilma. Sra. Dña. María Antonia Cao Barredo

 PDF de 62 páginas con la sentencia en ENLACE 1

NOTAS SOBRE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO RELATIVA A LOS CRÍMENES DEL FRANQUISMO
(Sentencia de 27/02/2012)


Madrid, 28 de febrero de 2012

Lamentamos la lectura sesgada e intencionada que se está haciendo de la
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en le procedimiento resuelto
contra el exjuez Baltasar Garzón. Lo que ha acaparado el interés
nacional e internacional, no ha sido otro que la absolución del
Magistrado - lo que saludamos satisfactoriamente con gran alivio ante el
esperpento judicial que se ha organizado en torno a la figura del
Magistrado- pero deja fuera una cuestión de fondo de trascendencia mucho
más profunda para la sociedad en su conjunto y que afecta a la esencia
de la defensa de los derechos humanos entendidos como bienes protegidos
universalmente.

El primer escollo que aparece está en que el procedimiento nace ya
afectado desde el primer momento dado que, al amparo de una querella
particular acusando de prevaricación al Magistrado, el Tribunal Supremo
aborda las cuestiones relativas a la calificación penal de los crímenes
del franquismo, a la competencia de los tribunales españoles y a la
vigencia y aplicación en el momento de la comisión de los hechos de los
Convenios y Pactos de Derecho Internacional y a la Ley de Amnistía. Y
decimos escollo porque, al hacer esto desde este procedimiento judicial,
se ha silenciado, una vez más, la voz de las víctimas, al impedirles ser
parte y expresar sus divergencia sobre estas materias por tratarse de un
juicio que afecta solo al Magistrado y a los querellantes, a la sazón
organizaciones de extrema derecha. De manera que ningún organismo de
derechos humanos, ninguna asociación de víctimas, ningún familiar o
representante de víctimas, ha podido exponer la otra visión jurídica
sobre las cuestiones que ha tratado el Tribunal Supremo. La conclusión
no puede ser más desalentadora: ahora el manto de la impunidad no sólo
es político y legislativo, también es judicial.

A partir de este punto, nos encontramos con que la Sentencia parte de
una premisa que no compartimos y que nos parece un retroceso para los
derechos humanos en nuestro país: los crímenes del franquismo no son
delitos contra la humanidad.

Pues bien, al amparo del derecho internacional, de la sentencia dictada
por el propio Tribunal Supremo en el “caso Scilingo” (STS 798/2007, de 1
de octubre, de los pactos y convenciones internacionales ratificados por
España) seguimos afirmando que nos encontramos ante la comisión de los
delitos más graves que pueden ser cometidos contra hombres y mujeres, y
que éstos gozan de la mayor protección por parte de la comunidad
internacional y ello, por si solo, obliga a los países democráticos a
intervenir, garantizando la investigación de los hechos, la persecución
de los responsables y el resarcimiento a las víctimas.

Así, la propia sentencia recoge, a pinceladas, la doctrina opuesta a la
aplicada por el Alto Tribunal relativa a la fuerza expansiva de los
derechos humanos que hace posible la condena por delitos contra la
humanidad, desde cualquier país y por cualquier tribunal, con
independencia de donde se hayan cometido los terribles crímenes,
precisamente, por el carácter universal que tiene la protección de estos
derechos. Ello es lo que lleva a que los tribunales españoles hayan
conocido, perseguido y condenado a los autores de crímenes contra la
humanidad cometidos por los militares y todos los miembros de la cadena
de mando en Argentina, durante la dictadura que asoló ese país. Difícil
de entender para las víctimas y los defensores de derechos humanos que
en esos casos si son competentes los tribunales españoles, y no lo son
para conocer de los crímenes cometidos en nuestro país desde el golpe
militar de 18 de julio de 1936, hasta años después de la muerte del
Dictador Franco. Los problemas jurídicos planteados son muy parecidos,
prácticamente idénticos.

Desde esta premisa, lo que nosotros hemos mantenido es que existen
pruebas evidentes de que en España, tras el golpe militar, ilegal y
anticonstitucional, se produjo una guerra civil prolongada durante casi
3 años y una feroz dictadura que reprimió durante 40 años - y algunos
más tras la muerte de Franco-, a la población civil mediante asesinatos,
torturas, desapariciones…, con el fin de acabar físicamente con una
parte de la población: aquella que era contraria a los objetivos
pretendidos por los golpistas y criminales.

Ello despeja las cuestiones de prescripción y amnistía, pues los delitos
contra la humanidad, ni prescriben, ni son amnistiables. Y ello lleva
también a la aplicación del Derecho Internacional -incluido el derecho
consuetudinario internacional (cláusula Martens y principios de
Nuremberg)- con lo que el hecho de que los delitos se hayan cometido con
anterioridad a la aprobación de la Declaración de Derechos Humanos y de
los Convenios y Tratados que la desarrollan, no es impedimento para su
aplicación. Recordemos -como hace la sentencia- que el art. 15 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (ratificado por
España en 1977) establece, tras asegurar el principio de
irretroactividad de las leyes, que: “el presente artículo no impedirá el
juicio o la condena de una persona culpable de una acción o de una
omisión que en el momento de su comisión, constituía delito según los
principios generales del derecho reconocidos por las naciones
civilizadas”. Esos principios generales son los que se aplicaron en
Nuremberg para condenar a todos los nazis responsables de los crímenes
(sin que se pudiera alegar la inexistencia de norma positiva cuando se
cometieron los hechos, ni el principio de obediencia debida a los
mandos, estableciendo toda la responsabilidad criminal de todos los
intervinientes en la cadena de mando); y lo que ha producido, también,
que se dicte en nuestro país una sentencia condenatoria contra el
capitán de marina argentina Scilingo, aunque cuando la comisión de los
hechos por él perpetrados no existía el denominado delito de lesa
humanidad. Por eso se le condena por los crímenes cometidos dentro del
contexto de delitos contra la humanidad porque, de otra manera, hubiera
sido imposible su condena y el Tribunal Supremo consideraba que la
gravedad de dichos delitos no podía quedarse sin sanción penal por esta
razón. Y esa condena, y esos argumentos, los utiliza el mismo Tribunal
Supremo de nuestro país pero ahora en sentido contrario, alegando la
inexistencia de delitos que puedan ser encajados dentro del contexto de
delitos contra la humanidad y llevándolo al terreno de delitos “comunes”
que como tales, han prescrito y, además, en ningún caso. podría existir
condena al no existir tipificación del delito en la época en que se
cometieron (vulneración del principio de legalidad). Es decir, para
nuestro Alto Tribunal, los asesinatos, secuestros, torturas,
desapariciones…, perpetrados durante la dictadura franquista desde el
golpe militar de 18 de julio de 1936, no son delitos de lesa humanidad,
pero si se cometen en Argentina, si lo son.

Para terminar, nos vamos a detener brevemente en la aplicación de Ley de
amnistía de 1977 al presente caso, habida cuenta el extenso argumento
que en su sentencia utiliza el Alto Tribunal a este aspecto. Hemos de
señalar que, en ningún momento nadie ha pretendido que los tribunales
deroguen la referida ley –lo que evidentemente le corresponde al
legislativo- más allá de la valoración que cada uno pueda tener de la
ley o de la que, en este caso, hacen los Jueces del Alto Tribunal en la
sentencia.

En cuanto a la aplicación de la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, ya hemos
señalado que la calificación de las detenciones ilegales y los asesinatos como
crímenes contra la humanidad supone, como efecto inmediato, la imprescriptibilidad
de los delitos y la inaplicación de ningún tipo de Amnistía o ley de impunidad.

La primera cuestión, por tanto, es que esta Ley no puede ser nunca
invocada, ni servir de fundamento, para sobreseer o archivar diligencias
que investigan hechos que pueden ser calificados como crímenes contra la
humanidad porque eso es contrario a las normas de derecho internacional.
Por eso, el Tribunal Supremo en su sentencia, comienza despojando a los
hechos de este carácter, y calificando de “error” la tipificación de los
hechos dentro del contexto de delitos contra la humanidad.

La Ley de Amnistía - Ley 46/1977 de 15 de octubre- no ampara ni amnistía
crímenes contra la humanidad, es decir, que esta Ley no impide a los
Tribunales españoles investigar violaciones de derechos humanos. Así, el
art. 1 y 2 establecen los actos y delitos a los que la Ley pretende
llegar. Los delitos y faltas que quedan amnistiados son aquellos “actos
de intencionalidad política” que, como señala el art. 2 son: los delitos
de rebelión y sedición; la objeción de conciencia a la prestación del
Servicio Militar; los de negación de auxilio a la justicia por la
negativa a revelar hechos de naturaleza política; los de expresión de
opinión; los cometidos por autoridades, funcionarios y agentes del orden
público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de actos
comprendidos en la Ley ; los cometidos por los funcionarios y agentes
del orden público contra el ejercicio de los derechos de las persona.

De hecho, la Ley establece en el apartado C) del art. 1, la limitación
de la aplicación de la amnistía a aquellos actos “que no hayan supuesto
violencia grave contra la vida o la integridad de las personas”. La Ley
no contempla una amnistía general (prohibida expresamente después con la
promulgación de la Constitución de 1978 en su art. 62) sino que la
aplicación de la amnistía, en cada caso, corresponderá con exclusividad
a los Jueces y Tribunales que las adoptarán de acuerdo con las leyes
procesales en cumplimiento de la Ley (art. 9). Para poder aplicar la Ley
tienen que concurrir, entre otras, la circunstancia de que los hechos
enjuiciados sean susceptibles de amnistía, lo que no ocurre en ningún
caso cuando hablamos de crímenes contra la humanidad ni cuando hablamos
de delitos contra la vida y la integridad física de las personas.

La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en su resolución de
21 de abril de 2005, establece que no se puede conceder amnistía a
quienes hayan cometido violaciones de derechos humanos y del derecho
internacional humanitario que constituyan delito.

Hasta el día de la fecha, no ha existido en España ningún presunto autor
de crímenes contra la humanidad cometidos durante la guerra y posterior
represión, que haya sido juzgado por estos crímenes y que haya
pretendido valerse de la Ley de Amnistía para quedar impune de los
mismos. Bien es cierto, como señala la sentencia, que la mayor de los
responsables parte han fallecido por el transcurso del tiempo, pero esto
no siempre es así. La pretendida amnistía de estos crímenes, así como su
posible prescripción, simplemente es incompatible con la comisión de
estos delitos y, por tanto, no puede ser invocada o servir de fundamento
para detener una investigación judicial o justificar la no competencia
de los tribunales.

La Ley de Amnistía de 1977 no es un instrumento que pueda ser utilizado
por los Tribunales para impedir investigaciones de delitos contra la
humanidad y, conforme a lo que ya se ha expuesto, existen indicios
suficientes dentro del procedimiento abierto ante la Audiencia Nacional
–que no valora, ni tiene en cuenta la sentencia- para que sólo así
puedan ser calificados los crímenes cometidos durante el franquismo.

Por lo tanto, las víctimas, las asociaciones de derechos humanos y los
organismos internacionales de derechos humanos, no acuden a los
tribunales sólo en busca de la verdad, acudimos a ellos porque sólo en
sede judicial y sólo a través de la intervención de los tribunales y de
la aplicación de las leyes penales en materia de derechos humanos,
podemos llegar al resarcimiento de las víctimas, a levantar el manto de
la impunidad y a conseguir los tres objetivos que cualquier país
civilizado debe anteponer para completar su sistema democrático de
valores y derechos: la justicia, la verdad y la reparación. Esta
sentencia es un nuevo retroceso en el avance y consecución de la defensa
de los derechos humanos.


Virginia Díaz
Abogada, Vicepresidente de la Asociación Foro por la Memoria.

Artículo de www.profesionalespcm.org insertado por: El administrador web - Fecha: 01/03/2012 - Modificar

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