Rodrigo Vázquez de Prada y Grande.
Periodista.
Pocas veces la denuncia de uno de los elementos fundamentales que han pervertido la democracia española ha encontrado tan amplio respaldo en la sociedad de nuestro país. Y, aunque a la plana mayor de PP y PSOE les resbale —por decirlo sin perder el decoro— , las voces de los indignados del 15-M se han sumado a las continuas y reiteradas propuestas de IU —y, desde su reciente aparición, de UPyD— para reformar la vigente ley electoral y hacerla verdaderamente proporcional.
©Germán Gallego.
Las razones de esta coincidencia de IU y 15-M son bien claras. Aplicando el consenso que, aparentemente y de cara a la galería de sus votantes, no existía, PSOE y PP, mantuvieron durante toda la etapa democrática y hasta ahora mismo una ley de la que ellos mismos son sus únicos beneficiarios. Una ley hecha a medida y semejanza de sus intereses. No de los de la democracia. Una ley que vulnera la propia Constitución. Que manipula doblemente el artículo 68 de nuestra Carta Magna, tanto cuando determina que los diputados serán elegidos «por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto» (68.1) como cuando establece en un texto en absoluto ambiguo y, por tanto, imposible de quedar sujeto a interpretaciones distintas, que «la elección se verificará en cada circunscripción electoral atendiendo a criterios de representación proporcional» (68.3).
Estos criterios no significan otra cosa que los resultados electorales traducen una relación lo más simétrica posible entre los votos y los escaños. O, dicho en otros términos, entre la voluntad popular libremente expresada y su representación en el Congreso de los Diputados.
Frente al espíritu y la letra del texto constitucional, la realidad ha sido otra muy distinta desde los inicios de esta «democracia imperfecta», como la califica el profesor Vicenc Navarro. Ni el voto ha sido igual para todos los partidos ni el sistema electoral se ha atenido a los criterios de representación proporcional. Lo primero resulta una chirriante «anomalía», un verdadero «escándalo democrático», tal como lo calificó el que fue desde 2004 portavoz de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares: mientras al PSOE y PP les basta obtener entre 60.000 y 65.000 votos para alcanzar un escaño IU necesita, nada más y nada menos que 465.000 votos para lograr una plaza en el Congreso.
Lo segundo, es decir, el no respeto a lo que tendría que ser el sistema proporcional proclamado en la Constitución, es flagrante. En virtud de esa perversa ley electoral, el sistema proporcional saltó hecho añicos y se vio sustituido, con todo el respaldo legal por delante, por un sistema electoral mayoritario que permite la existencia de un bipartidismo artificial.
Denunciar este ataque directo a la Constitución y a la esencia misma de nuestra democracia exige conocer las razones profundas de esta actitud antidemocrática del PSOE y PP. Y para ello es necesario volver nuestros ojos a la transición de la dictadura a la democracia. Santiago Carrillo, uno de sus protagonistas por excelencia, y en aquel tiempo secretario general del PCE, lo reveló con toda nitidez ahora hace un año en las páginas de El Siglo, al hablar de los dos consensos que se fraguaron en aquellos días:
«Uno, que abarcaba al conjunto de las fuerzas democráticas que la llevaron a cabo y que consistía en el establecimiento de un sistema democrático. Otro, en el que algunos de los partidos parlamentarios se comprometían a hacer cuanto fuere necesario para que el PCE quedase reducido parlamentariamente a fin de que no se reprodujese en España el modelo político italiano. Había que volcar toda la presión internacional y nacional a favor del PSOE y contra el PCE».
Y así fue. Carrillo recordó en dicho artículo que «al redactar la Constitución decidimos que el sistema electoral fuera el proporcional, respetando el principio de igualdad, una persona un voto. Sin embargo, ese mandato se falseó después con la ley electoral. El PSOE se sumaba a la UCD porque había descubierto que el decreto preconstitucional consagraba el bipartidismo, que le aseguraba el aporte del “voto útil”. Y ese decreto, reproducido al pie de la letra, se convirtió en ley electoral».
Y si en aquel momento se trataba de frenar el avance e implantación del PCE, después se pretendió por todos los medios hacer otro tanto con Izquierda Unida.
El cambio de la ley electoral ha sido una de las grandes reivindicaciones del 15-M. Realización: Carlmelchor.
Aquel decreto «transformista» era el Decreto-ley 20/1977 de 18 de marzo, publicado en cumplimiento de la disposición transitoria primera de la Ley de Reforma Política, aprobada por las últimas Cortes del franquismo sin Franco. Y lo cierto es que, durante el proceso constituyente, el PSOE y la expresión política de la derecha española en aquel momento, la UCD, metieron a hurtadillas aquella norma en un ordenamiento jurídico que pretendía regir la convivencia democrática de los españoles.
©Germán Gallego.
De esta forma, elementos fundamentales de dicho decreto-ley fueron introducidos en la propia Constitución. Y, predeterminando la dirección que debía seguir la futura ley electoral, de él trasladaron al artículo 68 del texto constitucional la fijación del número de diputados que podrán ser elegidos a la «cámara baja» —«El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados»— , la consideración de la provincia como circunscripción electoral y el número de diputados que corresponden a cada una de ellas: «la ley distribuirá el número total de diputados, asignando una representación mínima inicial para cada circunscripción y distribuyendo los demás en proporción a la población».
Pero resulta, además, que, rizando el rizo de esta maniobra antidemocrática ab initio, ese decreto-ley franquista rigió las elecciones generales durante varios años. La democracia española tuvo que esperar a 1985 para dotarse de una ley propia. Para «más inri», la ley electoral de 20 de abril de dicho año, aprobada bajo un gobierno del PSOE —la Ley Orgánica del Régimen General Electoral—, fue un puro calco de la norma franquista. Un auténtico fiasco. Hasta tal punto que, como una vergonzante expresión de sumisión a un texto dictado en el franquismo, su mismo preámbulo lo reconoce taxativamente cuando dice que «sustituye al vigente Real Decreto Ley de 1977 que ha cubierto adecuadamente una primera etapa de la transición democrática de nuestro país. No obstante esta sustitución no es en modo alguno radical, debido a que el propio texto constitucional acogió los elementos esenciales del sistema electoral contenidos en el Real Decreto Ley». Realmente antológico.
De esa norma del franquismo viene, por tanto, la fijación de 350 diputados, lo cual se considera un número reducido, en comparación con otros parlamentos europeos, como la Asamblea Nacional francesa que cuenta con 630 escaños, y se entiende que ya de entrada opera en perjuicio de la proporcionalidad. Completan el desaguisado:
- el establecimiento de 2 escaños como media por cada provincia y el resto con arreglo a su número de habitantes, de forma que a cada 144.500 o restos de población superiores a 70.000 se atribuye 1 escaño, es una imposición legal que determina una clara desigualdad territorial en beneficio de las provincias con menor densidad de población, que, curiosamente, son las de tintes más conservadores;
- la exigencia de alcanzar un porcentaje superior al 3% para poder obtener un acta de diputado, lo que transforma en inútiles los votos de quienes eligen a partidos que no logran alcanzar ese porcentaje, ya que no computan para el partido al que votó y, por el contrario, van a parar a otras formaciones políticas;
- y, finalmente, la introducción del método ideado por el matemático belga D´Hondt para el recuento de los restos de los votos que, en su versión española, distorsiona aún más los resultados en perjuicio de partidos distintos al PP y al PSOE, sobre todo en circunscripciones a las que, por su número de habitantes, les corresponde menos de 10 diputados.
No en vano, Dieter Nohlen, uno de los máximos especialistas en nuestro sistema electoral, «en última instancia, es la distribución de las circunscripciones es la que determina el efecto desproporcional del sistema electoral».
Todo este entramado de cuestiones, combinadas debidamente como si de un cóctel se tratara, se tradujo en ese efecto deliberadamente desproporcional del vigente sistema electoral. Y, en suma, en la vulneración de lo establecido en la Constitución cuando consagra pomposamente «los criterios de representación proporcional» como principios básicos de nuestras elecciones al Congreso. Al dar rango de ley a tales desafueros, la proporcionalidad desapareció y fue sustituida, a todos los efectos, y aunque no esté reconocido así en ningún texto legal, por los principios de un sistema mayoritario. Y, en consecuencia, se dio paso a la fabricación anticonstitucional de un bipartidismo artificial que, si la ley electoral respondiera realmente a tales principios de proporcionalidad, no existiría.
Pero, además, y rizando el rizo de esta maniobra antidemocrática sacralizada en nuestra legislación, el consenso de la derecha y del PSOE blindó férreamente la posibilidad de reforma de este despropósito electoral. Dando pruebas de unos extraños resabios, se trató de que «todo quedara atado y bien atado». Y nuevamente se recurrió a la Carta Magna para impedir cualquier «veleidad democrática».
La herramienta en este caso fue la declaración de la ley electoral como «ley orgánica», lo que significa que esta norma tiene un rango constitucional superior al de las leyes ordinarias y unos procedimientos de reforma especialmente rígidos. Así, el artículo 81 establece que «la aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto». Es decir, únicamente se podrá hacer cualquier modificación de la ley electoral con el voto afirmativo de la mitad más uno de los miembros del Congreso; por lo menos 176 diputados.
Y de esa misma sacralización de la ley electoral como ley orgánica se deriva el potente freno interpuesto a otra vía que podría generar su modificación: la iniciativa popular, la única institución política de democracia participativa que reconoce la Constitución de 1978. La iniciativa popular está contemplada en el artículo 87.3 de la constitución. Pero en dicho texto se establece tanto su reconocimiento como un auténtico «brindis al sol», la obligación de «que en todo caso se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas», y, lo que es peor, su mismo cerrojazo: la imposibilidad legal de utilizar esta figura para reformar la ley electoral. Porque, en el mismo artículo se determina que «no procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica…».
Y aplicando a rajatabla ese blindaje rechazaron, una tras otra, las diversas propuestas de reforma planteadas por IU. En otras palabras, la derecha española y el PSOE dedicaron al unísono sus mejores esfuerzos desde los albores de la democracia para que esta ley electoral antidemocrática resultase realmente intocable. Naturalmente, a menos que lo deseara uno de los dos partidos con mayoría en el Congreso. O ambos a la vez. Una excelente manifestación del «fundamentalismo democrático» que, desde 1978, dejó totalmente intacta la «Inmaculada Constitución».
Así fue hasta que los dos partidos se pusieron de acuerdo para reformar el artículo 135 de la Carta Magna, de manera que fijaron límites al «déficit estructural de las Administraciones públicas y al volumen de deuda pública». De tapadillo y en plenas vacaciones estivales. Tienen razón quienes dicen que «con nocturnidad y alevosía», pues tal reforma fue acordada en la medianoche del 25 de agosto, laminando literalmente los votos en contra, arrinconando contra las cuerdas a los grupos parlamentarios discrepantes. Oficialmente, esta insólita reforma constitucional fue hecha por PSOE y PP en beneficio de «la estabilidad presupuestaria». En realidad, de «los mercados» o, lo que es lo mismo, de los grandes poderes financieros que están manejando a su antojo la crisis creada por ellos mismos.
Cerrando el círculo de esta operación antidemocrática, la última vuelta de tuerca sobre la ley electoral fue la aprobación en enero último por PSOE y PP de una modificación de una norma en virtud de la cual se estableció la exigencia de avales para las formaciones políticas sin representación parlamentaria que desearan concurrir a las elecciones generales.
Para introducir esta nueva restricción electoral, los artífices de este bipartidismo artificial dejaron a un lado su continuo intercambio de improperios, más digno del «patio de Monipodio» al que Cervantes se refiere en su Rinconete y Cortadillo que de un debate político de mínima altura. Y, sin problema alguno, alcanzaron el consenso para reformar el artículo 51 de la Ley Orgánica 2/2011, que, a su vez, había modificado el 169.3 de la LOREG.
De este modo, establecieron un severo filtro para partidos políticos, federaciones o coaliciones: la obligatoriedad de presentar firmas del 0,1% de los electores inscritos en el censo electoral de cada una de las circunscripciones por las que pretendieran su elección. Y, como era de esperar, ese filtro se puso en marcha para estos comicios del 20-N. Frente a tal desafuero, los recursos presentados por la coalición Anticapitalistas situaron esta modificación en sus justos términos: «Cercena el libre ejercicio de la voluntad popular y destruye la esencia democrática», al conculcar los puntos 1 y 2 del artículo 1 de la vigente Constitución.
Toda esta batería de medidas antidemocráticas y contra la proporcionalidad de nuestro sistema electoral fue presentada siempre por PSOE y PP como dirigidas a lograr la estabilidad y gobernabilidad de nuestro país. Y, además, la enmascararon bajo el ropaje de tecnicismos muy difíciles de entender para la mayoría de los ciudadanos. Pura palabrería de leguleyos y profesionales de la política —esa lacra que rechazan cada vez más españoles— que intentó siempre ocultar la realidad. Pues, como señalan los mejores constitucionalistas, entre ellos José Antonio González Casanova, «las dificultades técnicas que presenta el sistema proporcional suelen ser aprovechadas por los grupos interesados en ampliar la distancia entre las mayorías y las minorías mediante ciertas fórmulas de las llamadas “correcciones” a dicho sistema».
La consecuencia de este mantenella y no emendalla del PSOE y PP es un auténtico despropósito democrático. La vigente ley falsifica el mapa electoral y político de la España de nuestros días. Y crea un bipartidisimo verdaderamente contrario a la decisión de los electores. El resultado de todo ello aparece tan diáfano como la misma falsificación de lo que los ciudadanos votan. Expresa, además, los límites de la «sinceridad democrática» de los dos partidos mayoritarios. Para PSOE y PP el enemigo a derrotar es Izquierda Unida y la izquierda real en su conjunto, la que pretende una democracia avanzada y superar el capitalismo. Por eso mantienen en pie esta ley electoral antidemocrática. Al final, estas elecciones generales anticipadas en las que estamos inmersos serán, nuevamente, como lo han sido todas desde la misma transición, unas elecciones, en última instancia, realmente antidemocráticas. Antidemocráticas por ley. Por la ley electoral. Y por el consenso del PSOE y PP.
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Artículo de www.profesionalespcm.org insertado por: El administrador web - Fecha: 21/11/2011 - Modificar
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