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Título: IU e ICV presentan impugnación en el Congreso de los Diputados por procedimiento para tramitar reforma de la Constitución - y ENMIENDA A LA TOTALIDAD- Enlace 1 - Enlace 2

Texto del artículo:

Enmienda de totalidad registrada esta mañana de 1/9/11 por Gaspar Llamazares y Núria Buenaventura en nombre del Grupo Parlamentario, a la reforma constitucional PSOE-PP:
TEXTO EN PDF DE LA ENMIENDA A LA TOTALIDAD


IU E ICV PRESENTAN ANTE LA MESA DEL CONGRESO UN ESCRITO DE IMPUGNACIÓN
POR EL PROCEDIMIENTO ACORDADO PARA TRAMITAR LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN

 ENLACE 2 al PDF con la impugnación
Los diputados abajo firmantes proceden, mediante el presente escrito,
a ejercer el derecho que les confiere el artículo 31.2 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, impugnando por este trámite la decisión
adoptada por la Mesa del Congreso de los Diputados el día 30 de agosto
de 2011 en relación con la tramitación de la Proposición de Reforma de
la Constitución presentada conjuntamente por los grupos parlamentarios
del PSOE y del PP.

Esta impugnación se fundamenta en los siguientes MOTIVOS:

PRIMERO. El procedimiento acordado por la Mesa, siguiendo la
solicitud de los dos grupos parlamentarios proponentes de la reforma
constitucional, no se corresponde con el contenido y consecuencias del
texto propuesto.

El contenido de la propuesta de reforma del artículo 135 de la
Constitución Española implica una modificación encubierta de su Título
Preliminar y, en consecuencia, su tramitación debe seguir los trámites
contemplados por el artículo 168 de la propia Constitución. Según este
procedimiento, una vez que el Congreso y el Senado acuerdan por mayoría
de los dos tercios la iniciativa de reforma constitucional, se debe
proceder a la disolución de las Cortes para que sean las nuevas Cámaras
electas las que tramiten la reforma constitucional, culminando el
proceso con un referéndum vinculante.

El texto de la propuesta de modificación de la Constitución Española,
pactado a puerta cerrada entre el PSOE y el PP, afirma textualmente en
el apartado 3 del artículo 135 que “Los créditos para satisfacer los
intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se
entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos
y su pago gozará de prioridad absoluta”.

Esta propuesta supone la modificación encubierta del artículo 1.1 de
la Constitución, en el que se define al estado español como un “Estado
social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de
su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el
pluralismo político.”

Es fácil comprobar que el texto contenido en la Proposición de
modificación de nuestra norma fundamental introduce un valor superior a
los de la justicia y la igualdad, que es el del cumplimiento
incondicional del pago de los intereses y el capital de la deuda,
cumplimiento que también se sitúa por encima del carácter social de
nuestro Estado. La aprobación de la reforma propuesta implica que, la
utilización del dinero público por el Estado, Comunidades Autónomas y
municipios, tendrá la obligación de priorizar este nuevo valor económico
sobre la cobertura de las necesidades sociales que garanticen el
cumplimiento de los valores de justicia e igualdad.

De aprobarse la reforma, en los supuestos en los que haya que optar
entre el pago de intereses y capital de la deuda pública, o cubrir
necesidades sociales en relación con el empleo, la vivienda, la salud,
la educación, la justicia, la investigación o la promoción de la
recuperación económica, tanto el Estado, como las Comunidades Autónomas
y Ayuntamientos, deberá priorizar el cumplimiento del nuevo valor
supremo: la prioridad absoluta al pago de los intereses y la deuda
pública.

En definitiva, la propuesta de reforma antepone los intereses de los
prestamistas sobre los intereses y necesidades sociales de la ciudadanía.

El cambio constitucional supone, en consecuencia, un drástico cambio
en la definición de nuestro Estado como “social”, pasando a ser un
Estado rehén de las condiciones que “el mercado” vaya imponiendo para la
financiación de las necesidades presupuestarias.

Este cambio encubierto del artículo 1.1 de la Constitución Española
y, como consecuencia, la rebaja del nivel de protección de derechos
fundamentales contenidos en la Sección Primera del Capítulo II del
Título Primero de la Constitución, tales como el derecho a la tutela
judicial efectiva plasmado en el artículo 24 (los recursos económicos
para que la administración de justicia pueda cumplir este derecho quedan
condicionados al prioritario pago de intereses y capital de la deuda) o
el derecho a la educación contenido en el artículo 27.5. según el cual
“Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación,
mediante una programación general de la enseñanza, con participación
efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros
docentes.” (los recursos económicos para que garantizar una educación
pública de calidad quedan condicionados al prioritario pago de intereses
y capital de la deuda)

En consecuencia con todo lo anterior, la Mesa ha de reconsiderar su
decisión, debiendo ajustar la tramitación de la Proposición de reforma
constitucional de los grupos PP y PSOE a lo dispuesto por el artículo
168 de la Constitución y el artículo 147 del Reglamento del Congreso de
los Diputados, procediendo a hacer coincidir la disolución del
Parlamento con la anunciada por el Presidente del Gobierno, con las
consiguientes obligaciones del nuevo Parlamento electo.

En cualquier caso ha de considerarse que, ante la más mínima
posibilidad de que los cambios constitucionales afecten tanto al Título
Preliminar como a derechos y libertades fundamentales, ha de optarse por
la vía que más garantías ofrezca en su tramitación y que garantice que
el pueblo tenga la posibilidad de decidir en última instancia mediante
el oportuno referéndum. Lo contrario sería rebajar todavía más la
calidad y profundidad democrática de nuestro país y dejar en papel
mojado las múltiples declaraciones mediante las que se resalta la
importancia de respetar la voluntad popular, como la contenida en el
propio Preámbulo de la Constitución según el cual se proclama la
voluntad de la nación española de “consolidar un Estado de Derecho que
asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular” y
de“establecer una sociedad democrática avanzada”.

SEGUNDO. Con carácter subsidiario al motivo anterior, el acuerdo de
la Mesa por el que se decide el procedimiento y los plazos para la
tramitación de la Proposición de reforma constitucional de los grupos
PSOE y PP también vulnera flagrantemente las normas reguladoras del
procedimiento de reforma constitucional, contenidas en el artículo 167
de la propia Constitución y en el artículo 146 del Reglamento del
Congreso de los Diputados.

Tres son las decisiones cuestionables legalmente en relación con la
tramitación de la reforma constitucional promovida por los grupos del
PSOE y PP:

1.Tramitación por el procedimiento de lectura única, es decir,
eludiendo la participación de la Comisión Constitucional, que es la
primera de las Comisiones Permanentes contempladas por el artículo 46.1
del Reglamento del Congreso de los Diputados. Se ampara para ello la
Mesa en el artículo 150.1 del Reglamento de la Constitución según el
cual “cuando la naturaleza del proyecto o proposición de ley tomada en
consideración lo aconsejen o su simplicidad de formulación lo permita,
el Pleno de la Cámara, a propuesta de la Mesa, oída la Junta de
Portavoces, podrá acordar que se tramite directamente y en lectura
única.”

Es obvio que cuando el Reglamento del Congreso permite la
simplificación máxima del procedimiento normativo en función de la
“naturaleza” del proyecto o proposición de ley no está pensando en una
reforma constitucional que no sea meramente semántica, puesto que la
reforma constitucional es, lógicamente, la que requiere más garantías,
más transparencia y más cuidado en su elaboración y aprobación, por
tratarse de la norma fundamental que regula la convivencia en nuestro
país. Así se constata con la lectura del Título X de la Constitución y
de los artículos del Reglamento del Congreso de los Diputados que lo
desarrollan (artículos 146 y 147).

Tampoco la “simplicidad” de la Proposición de reforma constitucional
puede justificar la opción por el procedimiento de lectura única, pues
si algo define la reforma constitucional propuesta es su complejidad
técnica y la trascendencia social, política y económica.

2.Tramitación por el procedimiento de urgencia, es decir, reduciendo
todos los plazos ordinarios de los trámites para cualquier reforma
legal. Entre otros plazos que se reducen, está el plazo ordinario para
que los grupos parlamentarios puedan presentar enmiendas que, según
dispone el artículo 110 del Reglamento del Congreso de los Diputados, es
de 15 días. Son los artículos 93 y 94 del Reglamento los que admiten
este procedimiento de urgencia, para cuya declaración se requiere que
exista alguna justificación explícita, que deberá ser debidamente
motivada por la Mesa del Congreso de los Diputados, máxime cuando nos
encontramos ante una reforma de la Constitución Española.

Ya desde un primer momento resulta no sólo sorprendente, sino
evidentemente contrario a los artículos 146 y 147 de la Constitución
Española y a la finalidad perseguida por los mismos, la tramitación como
urgente de cualquier reforma constitucional, por la trascendencia
política, social y legal de estas reformas. La calidad democrática de un
Estado se ha de medir, en uno de los primeros lugares, por las
garantías, la transparencia y la búsqueda del máximo consenso en los
procesos de aprobación de las normas constitucionales. La declaración de
urgencia de una reforma de la Constitución con el calado de la propuesta
por los Grupos de los grupos PSOE y PP, supone un desprecio absoluto a
la profundización de la democracia en nuestro país.

En segundo lugar, la declaración de urgencia debe ser motivada, pues
no nos encontramos ante una decisión que pueda considerarse discrecional
por parte de la Mesa del Congreso de los Diputados, debido a los
derechos que se encuentran en juego en las tramitaciones parlamentarias,
entre los que se destaca el derecho a la participación en los asuntos
públicos, contenido en el artículo 23.1 de la Constitución Española.

No existe ni en la Proposición de reforma constitucional de los
Grupos PSOE-PP, ni en el acuerdo de la Mesa del Congreso de los
Diputados la más mínima explicación de las razones por las que se ha
acordado la tramitación urgente y, por lo tanto, se han reducido los
derechos y garantías de los y las Diputadas para participar en la
tramitación parlamentaria.

¿No tiene derecho el pueblo español a conocer porque los dos partidos
políticos mayoritarios han pactado reducir al máximo los trámites y
plazos para la reforma de la Constitución Española que en su día fue
sometida a referéndum?. La Mesa del Congreso debe rectificar este
atropello a la democracia participativa y representativa, acordando la
tramitación de la Proposición de reforma constitucional por los trámites
y en los plazos ordinarios.

De lo contrario habrá que concluir que existen razones para la
declaración de urgencia que son inconfesables para los grupos
parlamentarios mayoritarios. En estas condiciones de ausencia de
motivación de las razones por las que se acude al procedimiento de
urgencia, sería fácil deducir que nos encontramos ante una imposición de
“los mercados”, de los “mercaderes de las finanzas” y de algunos
representantes y defensores de sus intereses. ¿Existe un chantaje por
parte de quienes han causado la actual crisis económica, en relación con
la suscripción de deuda pública? ¿Se ha aceptado ese chantaje
consistente en amenazar con graves prejuicios económicos para nuestro
país si no se cambia de manera “urgente” e inmediata la Constitución
Española para garantizar los intereses de esas minorías que dirigen los
“mercados financieros”?. Si algo parecido fuera lo que condiciona la
decisión de reformar la Constitución antes de la disolución efectiva del
Congreso y sin referéndum, haría ilegítima e ilegal la aceptación de
tales presiones por dos partidos políticos y por sus representantes en
el Congreso de los Diputados.

La ausencia de justificación de las razones para la urgencia en la
tramitación de la reforma constitucional por parte de un Parlamento
cesante, además de indigno desde una perspectiva política, es sonrojante
para cualquier persona con convicciones democráticas profundas. , al
objeto de que con carácter inmediato, se constitucionalice la garantía
de los prestamistas de que la adquisición de deuda pública. Es por ello
que, para evitar este atentado a los principios elementales de la
democracia, la Mesa del Congreso de los Diputados ha de reconsiderar su
decisión de la tramitación como urgente de la reforma de la Constitución.

3.Reducción extraordinaria de los plazos, mas allá de la reducción
correspondiente a la declaración de la urgencia del procedimiento.
Aplica fraudulentamente a estos fines la Mesa del Congreso de los
Diputados el artículo 91.2 del Reglamento del Congreso de los Diputados,
según el cual “salvo casos excepcionales, las prórrogas no serán
superiores a otro tanto del plazo ni las reducciones a su mitad.”

Nuevamente cabe preguntarse cuál es esa situación “excepcional” que
lleva a que en menos de una semana de tramitación parlamentaria se
quiera decidir una reforma constitucional de profundo calado.

Cuáles sean las ocultas razones que llevan a los grupos
parlamentarios del PSOE y del PP a forzar hasta extremos sorprendentes
el reglamento del Congreso de los Diputados deben ser tan vergonzantes
que no son explicitadas y, por lo tanto, que en ningún caso han de
considerarse legítimas.

Al igual que con la declaración de la urgencia, acudir a una vía de
“excepcionalidad” ha de venir precedida por una expresa y profunda
explicación y argumentación, máxime ante un procedimiento como el de
reforma constitucional que, como queda dicho, es el trámite normativo
que más garantías, participación y transparencia ha de ofrecer.

También en este supuesto se vulnera el artículo 23 de la Constitución
Española, convirtiendo en ridículo el plazo que los grupos políticos que
no están de acuerdo con el resultado de las negociaciones a puerta
cerrada entre las cúpulas de los partidos políticos del PSOE y PP. Pasar
de los 15 días de plazo ordinario para formular las enmiendas (plazo que
en la mayoría de los casos referidos a cualquier otra iniciativa
legislativa es ampliado) a 48 horas implica una burla a los trámites
parlamentarios y un claro fraude de ley que pretende evitar las
garantías contenidas en los artículos 167 de la Constitución Española y
146 del Congreso de los Diputados.

Es por ello que también esta decisión de la Mesa del Congreso de los
Diputados ha de reputarse como ilegal, debiendo ser reconsiderada.

TERCERO.- Cabe resaltar el carácter fraudulento de todo el
procedimiento propuesto por los partidos mayoritarios y aceptado por la
Mesa del Congreso de los Diputados, puesto que pretende:

· eludir la negociación previa de las reformas constitucionales en la
búsqueda del máximo consenso posible
· eludir la transparencia en la explicación y contraste público de
las consecuencias de la reforma propuesta
· evitar un debate transparente, sereno y en profundidad a través de
la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados.
· Dificultar al máximo el trabajo y la participación de los grupos
parlamentarios que no han aceptado el acuerdo PP-PSOE
· Evitar la participación y la aportación de opinión de las
Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos, claramente afectados por
la reforma
· evitar la celebración de un referéndum que permita conocer la
opinión del pueblo español sobre la reforma propuesta, que en caso
contrario aparecerá como “impuesta”.

Todos los objetivos anteriores chocan frontalmente con lo que los
artículos 167 y 168 de la Constitución Española, así como con la unánime
doctrina constitucional que reserva a las reformas constitucionales el
procedimiento más riguroso y rígido de todos los procedimientos
normativos regulados en nuestro estado democrático y de derecho.

“Las constituciones democráticas promulgadas en Europa tras la
desaparición de los regímenes fascistas parten del reconocimiento del
poder constituyente como momento fundante del sistema democrático en un
doble sentido, como rechazo del autoritarismo político y social del
fascismo, y como pacto o compromiso constituyente refundador del Estado
y de la convivencia civil. Este consenso constituyente no sólo abarca a
los partidos políticos, sino más en general a los sujetos sociales
portadores de un proyecto de sociedad y al conjunto de la ciudadanía que
está convocada a participar en esta definición constitucional a través
de la consulta popular o referendaria. La constitución de un país
requiere por tanto un amplio debate que culmina en un consenso entre
diferentes líneas ideológicas y culturales que se replican en las
diferentes fuerzas políticas que coinciden en este diseño. Eso explica
la “rigidez” constitucional del constitucionalismo moderno, que prevé un
procedimiento especial agravado para la reforma de la Constitución y la
instauración de un control de constitucionalidad de las leyes a cargo de
la jurisdicción ordinaria y, en última instancia, por el Tribunal
Constitucional.”

Por todo lo anterior se reitera la solicitud de reconsideración por
la Mesa del Congreso de los Diputados del procedimiento acordado para la
reforma de la Constitución Española, reconduciéndolo al procedimiento
contemplado por el artículo 168 de la misma o, subsidiariamente,
siguiendo los trámites ordinarios para los procesos legislativos, sin
lectura única, sin declaración de urgencia y sin reducción excepcional
de los plazos.

Así se firma en Madrid a 30 de agosto de 2011

Fdo:

Nuria Buenaventura Puig Gaspar Llamazares Trigo
Portavoz Adjunto G.P. ER-IU-ICV Diputado G.P. ER-IU-ICV

Artículo de www.profesionalespcm.org insertado por: El administrador web - Fecha: 02/09/2011 - Modificar

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