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Secciones: CC.OO. -  15M, SUMAR, mareas, unidad popular, PAH -  Movimiento Obrero/Mundo del Trabajo

Título: CC.OO. ante las elecciones, el movimiento 15-M y la situación actual - UNA NUEVA COYUNTURA QUE EXIGE UN CAMBIO DE POLÍTICAS Y UN IMPULSO DEMOCRÁTICO- Enlace 1

Texto del artículo:

 ENLACE 1 al PDF de 7 páginas con el comunicado de CC.OO.


Anticipo del contenido:

CCOO

UNA NUEVA COYUNTURA QUE EXIGE UN CAMBIO DE POLÍTICAS Y UN IMPULSO DEMOCRÁTICO
MANIFIESTO DE CCOO
La persistencia de la crisis; la insostenible tasa de desempleo y su repercusión en
colectivos como los jóvenes, las mujeres y los inmigrantes; la gestión de la crisis
centrada en la reducción del déficit en unos plazos carentes de realismo que está
suponiendo una fuerte reducción de las políticas públicas y del personal que debe
llevarlas a cabo; los resultados electorales que muestran una severa penalización a
quienes han aplicado estas políticas; los movimientos ciudadanos que han venido a
cuestionar tanto las formas de hacer política como la penosa situación por la que
están atravesando cientos de miles de personas y la ausencia de perspectivas de
futuro, obliga a una profunda reconsideración sobre las formas de enfrentar la
situación y a una ofensiva sindical y social con la vocación de invertir el estado actual
de las cosas.
En efecto, los indicadores económicos señalan un débil crecimiento, una alta tasa de
inflación, el 3,6% y un volumen de desempleo que llega al 21% de la población activa,
superando el 40% entre la población más joven. Al mismo tiempo, las
administraciones públicas han dejado de invertir para estimular la economía mientras
la iniciativa privada sigue agazapada y persisten las restricciones en el crédito hacia
familias, autónomos y pequeñas empresas, con lo que se alejan en el tiempo las
posibilidades de recuperar la actividad económica, el empleo y la superación de la
crisis.
Las políticas aplicadas por el Gobierno no son otra cosa que una traslación acrítica de
las diseñadas por la Unión Europea. Primero fue el Pacto de Estabilidad, ahora el
Plan de Gobernanza y el Pacto por el Euro Plus que contemplan dotar a las
instituciones europeas de los instrumentos para vigilar, controlar y castigar a los
Estados miembros que no cumplan los objetivos de déficit público y deuda pública, y
hacer ganar competitividad a los países periféricos mediante la reducción de los
costes laborales, el debilitamiento de la negociación colectiva y la pérdida de calidad
de los sistemas de protección social y de los servicios públicos.
Las políticas centradas en la reducción del déficit y en la obsesión por calmar la
voracidad de los mercados financieros, han tenido consecuencias desastrosas en una
Europa que cuenta con más de 23 millones de parados y que ha impuesto
condiciones draconianas para el rescate de Grecia, Irlanda y Portugal.
En España esas mismas políticas se han materializado en la reducción del gasto
público y en dar mayores facilidades a las empresas para acometer los ajustes de
empleo. Las consecuencias de esta política están suponiendo el empobrecimiento de
amplios sectores, particularmente los pensionistas a los que se les ha congelado su
prestación; la contención del consumo -no en vano se ha reducido el sueldo a más de
dos millones de empleados y empleadas públicos-; un deterioro en los derechos
laborales de trabajadores y trabajadoras -basta ver los contenidos y efectos de la
reforma laboral-; la reducción de los recursos económicos y humanos en los servicios
públicos lo que implica el debilitamiento y deterioro de la red de protección social y
sirve como pretexto para justificar la privatización de los servicios que el Estado debe
proveer y garantizar a la ciudadanía.
Todo ello contrasta con la complacencia con la que se ha tratado a los responsables
de la crisis, los ingentes recursos que se han puesto en sus manos para enfrentar su
desastrosa situación financiera y con ello, la renuncia a practicar políticas más
equitativas a la hora de asumir los esfuerzos necesarios para superar la situación. Se
ha huido de una reforma fiscal que permitiese al Estado recaudar de una manera más
justa los ingresos necesarios para que los costes no recayesen en los sectores más
débiles de la sociedad; se sigue sin actuar en el sistema financiero, limitando las
iniciativas a la reforma de las cajas a las que poco menos que se les obliga a
convertirse en bancos y a perder su carácter social; la persecución del fraude fiscal,
tan timorata e inconexa que hasta los propios inspectores de hacienda la denuncian, y
el plan de afloramiento de la economía sumergida no pasa de una amnistía para los
empresarios que instala en la indefensión a los trabajadores y trabajadoras.
Las elecciones municipales y autonómicas celebradas el pasado 22 de mayo han sido
en buena medida un plebiscito a las políticas practicadas y a la situación generada.
Han penalizando gravemente a quienes las han llevado a cabo, el PSOE, que ha
renunciado a aplicar su programa fracturando, así, su base social y electoral. De esta
situación se ha beneficiado mayoritariamente la derecha política (principalmente el
PP) que se ratifica como clara alternativa. Por otra parte, pese a la leve mejora de la
participación sigue habiendo una abstención de más del 36% y un incremento del voto
en blanco y nulo cifrado en un 2,54% y un 1,7% de las papeletas, lo que expresa una
creciente contestación al sistema que algo tendrá que ver con las movilizaciones
ciudadanas que desde mediados de mayo se están realizando en buena parte de la
geografía española.
En este sentido, el denominado movimiento 15M ha sido capaz de movilizar a
decenas de miles de personas especialmente jóvenes que expresan su rechazo a la
situación actual y a la ausencia de expectativas de futuro a la vez que cuestionan las
formas actuales de hacer política por su escasa conexión con las inquietudes de la
gente y lo hacen desde un compromiso y una conciencia ética fuerte.
La conjunción de todos estos elementos configura un nuevo escenario económico,
político y social que nos lleva a plantear la necesidad de una nueva ofensiva social y
sindical para enfrentar la crisis de otra manera, tanto en lo que se refiere a las
soluciones económicas como a las formas de hacer política. En ese sentido CCOO,
tras los debates celebrados en su Consejo Confederal, aporta cinco ejes de actuación
en los que ya viene trabajando pero ante los que cabe incrementar la capacidad de
movilización sindical y social.
1.- Salir de la crisis de manera justa y equitativa
No hay una única manera de enfrentar la crisis. Se pueden y se deben abrir paso
otras políticas posibles que garanticen un reparto más equitativo de los costes de la
misma, que no deje las soluciones a los mismos que la han provocado. CCOO somos
conscientes de la necesidad de reducir el déficit público, pero esto, siendo
imprescindible debe hacerse compatible con la atención a la primera de las
prioridades del momento que no es otra que la reducción sustancial del desempleo.
Para ello es necesario:
Forzar un cambio en la orientación de las políticas europeas, tal y como ha
establecido el reciente congreso de la Confederación Europea de Sindicatos.
Ampliar el espacio temporal para la reducción del déficit al período 2016-17,
combinar la eficiencia en el uso de los recursos con el incremento de los
mismos a través de una política fiscal europea, destinando el 1% del PIB
europeo para inversiones, instaurando una tasa que grave las transacciones
financieras internacionales,…
Promover una reforma fiscal que garantice los ingresos necesarios a través
de una recaudación más justa y equitativa, a fin de paliar las cargas que
suponen las políticas de reducción del déficit entre los sectores más débiles de
la población. Se debe empezar combatiendo el fraude fiscal con determinación
política y los recursos necesarios, recuperando figuras impositivas suprimidas
o dejadas sin efecto, como el impuesto sobre el patrimonio o de sucesiones, y
articulando un verdadero plan de afloramiento de la economía sumergida que
garantice las necesarias contribuciones al erario público al tiempo que se
preservan los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
Proceder a una reforma del sistema financiero que al tiempo que vela por la
solvencia de las entidades, ponga límites a las operaciones especulativas y
garantice que el crédito fluya a las familias, autónomos y pequeñas empresas,
de manera que sirva para activar el consumo y la inversión. Hay que recuperar
el carácter de banca de proximidad que han jugado tradicionalmente las cajas
de ahorro y restablecer su vertiente social.
Establecer mecanismos de control de los precios. La reactivación
económica y la creación de empleo están íntimamente ligadas a la capacidad
de competir de nuestras empresas en el mercado internacional. Cuando
nuestro IPC se encuentra dos puntos por encima de la media europea se
están limitando seriamente las posibilidades exportadoras de nuestras
empresas, por ello es indispensable disponer de todos los mecanismos a
nuestro alcance para controlar los precios de bienes y servicios, lo que tiene
que ser compatible con el mantenimiento del poder adquisitivo de los
trabajadores y trabajadoras. Es indispensable que nuestros precios crezcan
como máximo lo mismo que los de la zona euro
Abordar un verdadero cambio de modelo productivo, de suerte que el país
recupere la senda del crecimiento sobre pilares distintos a los que nos han
llevado a esta situación: hay que apostar por un sector industrial fuerte, por una
política energética que asegure el abastecimiento a costes competitivos,
priorizando las energías renovables, en orden a pasar de una economía alta en
carbono a otra, que desde el concepto de “transición justa”, apueste por la
reducción significativa de los impactos ambientales, en especial, por la
reducción de emisiones de CO2 a la atmosfera. Un cambio de modelo de
crecimiento requiere también invertir en I+D+i y en un sistema educativo de
mayor calidad y más cercano al sistema productivo, replanteando
sustancialmente nuestro sistema de formación profesional.
2.- Crear empleo digno y con derechos. Empleo para los jóvenes
El empleo no lo crean las normas que regulan el mercado de trabajo sino la
reactivación económica; no obstante, estamos obligados a explorar fórmulas para la
integración en el mercado laboral de aquellas personas que engrosan las filas del
denominado paro de larga duración y de los jóvenes, tanto de aquellos que finalizan
sus estudios como de los que han perdido su puesto de trabajo, especialmente los
que carecen de la cualificación suficiente.
Es necesario, en este sentido, establecer la transición entre el sistema educativo y el
mercado de trabajo procurando un acceso al mismo a través de contratos que
permitan simultanear la actividad laboral y profesional con la ampliación o
recualificación formativa, garantizando en todo caso, los derechos laborales
esenciales (cotización a la seguridad social, derecho al desempleo, retribuciones
adecuadas, tutorías cualificadas,…)
3.- Restablecer derechos laborales. Iniciativa Legislativa Popular “para el
empleo estable y con derechos”
La reforma laboral que ha hecho más fácil y barato el despido debe enmendarse.
Desde su aplicación se ha destruido empleo con mayor rapidez y se ha incrementado
la dualidad en el mercado laboral entre contratos temporales, que siguen creciendo, e
indefinidos que apenas lo hacen.
Tras la Huelga General del pasado 29 de septiembre CCOO y UGT hemos promovido
una Iniciativa Legislativa Popular “para el empleo estable y con derechos” que tiene
por objetivo hacer llegar al Parlamento el rechazo de la ciudadanía y la radical
oposición del mundo del trabajo con la reforma laboral impuesta y favorecer que las
Cortes tengan que revisar los capítulos más perniciosos de la Ley, restituyendo los
derechos atropellados.
4.- Luchar por mantener y ampliar los servicios públicos de calidad como factor
de cohesión social y fuente de empleo
La política de recortes en los sectores públicos ha ido descendiendo a las CCAA y a
las administraciones locales a medida que el foco de atención de la reducción del
déficit se ha ido desplazando hacia estas instituciones.
Debemos promover grandes alianzas con la sociedad civil por la defensa de los
servicios públicos de calidad.
Los servicios públicos son parte del salario diferido, pero también un derecho de
ciudadanía que caracteriza el modelo social europeo y que es factor de integración y
cohesión social a partir de una adecuada distribución de la riqueza. También
debemos defender el empleo público como un factor intrínsicamente asociado a la
calidad de los servicios que se prestan, tanto en lo que a su mantenimiento se refiere
como a las posibilidades de creación de empleo que la dinamización de estos
servicios podría suponer. Se debe perseguir una mayor eficiencia en el gasto a partir
de la cooperación entre administraciones, priorizando la actuación sobre los servicios
esenciales (sanidad, educación, dependencia,…)
5.- Comprometernos con la regeneración democrática de la actividad política y
sindical
Nuestro país ha conseguido en tan solo tres décadas asentar un modelo democrático,
que en la salida de la dictadura era difícil de imaginar; basta recordar la intentona de
golpe de Estado del 23F del 1981. Sin embargo, el acelerado proceso de
institucionalización de la participación ciudadana, una ley electoral que ha fomentado
el bipartidismo y por tanto ha dificultado la expresión política de la pluralidad de la
sociedad, unas prácticas políticas distanciadas de los programas con que los partidos
se presentan a las elecciones, los fenómenos de corrupción y enriquecimiento en el
ejercicio de la política,… han contribuido por un lado, a una progresiva desafección de
amplios sectores de la ciudadanía del hecho político y, por otro, a la aparición de
fenómenos populistas y xenófobos. Fenómeno éste que ya se viene dando en los
países de nuestro entorno.
En este sentido, CCOO considera que estamos ante una buena oportunidad para
profundizar en nuestra experiencia democrática fomentando mecanismos alternativos
a los actuales de participación, a una revisión de la Ley electoral que establezca una
mayor proporcionalidad y a una regulación que penalice, de forma cierta, la
vulneración del “contrato” electoral que contraen los que se presentan a las
elecciones con los ciudadanos que les prestan su confianza. Particularmente hay que
ser severos ante los casos de corrupción política.
CCOO también hará su particular contribución en este sentido: profundizando la
independencia y autonomía sindical, que es uno de nuestros principales activos,
mejorando el uso de nuestros recursos y haciendo éstos totalmente transparentes
antes los trabajadores y trabajadoras y la opinión pública, revisando, como ya
estamos haciendo, nuestra participación en los proyectos de formación para el
empleo y practicando “un sindicalismo de proximidad” que priorizando el contacto
directo y cotidiano con los trabajadores y trabajadoras en el centro de trabajo, no deje
de establecer amplias alianzas con la sociedad civil.
El conjunto de estas propuestas las concebimos como un factor de movilización
social y para la negociación en la lógica de imprimir un giro sustancial a las
políticas practicadas hasta el momento.
Mayo 2011

Artículo de www.profesionalespcm.org insertado por: El administrador web - Fecha: 31/05/2011 - Modificar

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