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Secciones: Economía -  Marxismo -  Movimiento Obrero/Mundo del Trabajo

Título: Indicadores económicos FIM enero 2011: conflictividad laboral, salarios, crisis, negociación colectiva...

Texto del artículo:

Indicadores económicos elaborados por la FIM en enero de 2011:
Todos disponibles para descarga en formato PDF:
FIM - INDICADORES ECONOMICOS-31


S E C C I O N D E E C O N O M I A Y S O C I E D A D . FI M .
  •  Conflictividad laboral entre diciembre de 2010 y enero de 2011 - 3 páginas

  •  LA REFORMA DE LAS PENSIONES. DEL PACTO DE TOLEDO A LA CRISIS (1995-2010). Susana López - 6 páginas

  •  Evolución de los salarios en la crisis (2007-2010) - 2 páginas

  •  Circular 2/11 de 13 de enero de la Secretaría de Acción Sindical de CC.OO.: Seguimiento e Información de la Negociación Colectiva (SINC) - 3 páginas



  • Algunos anticipos de dichos textos:



    Conflictividad laboral entre diciembre de 2010 y enero de 2011:



    Acuerdo con Rober
    L@s trabajador@s de la empresa de transporte público urbano de Granada, Rober,
    consiguen sus reivindicaciones después de varias jornadas de huelga y movilizaciones
    contra la subcontratación de líneas.
    La movilización debe continuar
    El pasado 18 de diciembre cientos de miles de trabajador@s se manifestaron en todo el
    país siguiendo con las protestas que llevaron a la Huelga General del 29-S y haciendo
    hincapié en el retraso de la edad de jubilación y los recortes de derechos. Antes, el 15,
    se concentraron miles de delegad@s en toda España para protestar contra la parálisis de
    la negociación colectiva.
    Socialdemocracia
    Más de 300 ex empleados de la multinacional Delphi protestaron hace un par de
    semanas frente a la sede del PSOE de Cádiz y fueron brutalmente atacados por la
    policía nacional ocasionando heridas a varios de los manifestantes, algunas de gravedad.
    La movilización se producía como consecuencia de los incumplimientos de la Junta de
    Andalucía para aplicar los acuerdos alcanzados hace más de tres años con el cierre.
    Subyugados
    Los trabajadores de Yudigar se concentraron el 23 de diciembre en Zaragoza para
    protestar por los derroteros que tomó la negociación colectiva y contra los dos despidos
    objetivos como represalia para imponer más flexibilidad horaria y la aprobación de un
    nuevo ERE.
    Duro
    L@s trabajador@s de los talleres del Grupo Duro Felguera iniciaron el 4 de enero
    movilizaciones ante la intención del grupo de cerrar de forma escalonada las diferentes
    filiales que tiene en Asturias y que persigue la eliminación de puestos de trabajo en la
    región.
    Carbón brillante
    La huelga de la minería del carbón del 9 de diciembre fue un éxito según CCOO,
    rechazando así la pasividad que desde hace meses viene mostrando el Gobierno ante la
    crítica situación que atraviesa el sector y exigido a Zapatero que encuentre una solución
    satisfactoria para las comarcas mineras.
    Super-market
    CCOO y UGT convocaron huelga de supermercados en Castilla y León el 23 de
    diciembre en contra de las patronales del sector que pretenden arrebatarles sus derechos
    laborales sin ofrecer nada a cambio y tras 10 meses de negociaciones infructuosas del
    nuevo convenio colectivo
    No al apagón
    L@s trabajador@s de Correos se volvieron a concentrar en todo el país el 15 de
    diciembre convocados por todos los sindicatos salvo UGT contra el "apagón postal" que
    pretende llevar adelante el Gobierno de Zapatero.
    Muerte en Tomelloso
    El pasado 7 de enero hubo una concentración en Tomelloso (Ciudad Real) contra la
    muerte de una trabajadora en accidente laboral en la empresa COREMA cuando se
    encontraba sola.
    Referéndum
    En la segunda semana de enero l@s trabajador@s de Nissan en Barcelona están
    convocados a un referéndum, para reabrir un proceso de negociación para mejorar la
    competitividad de la planta para la consecución de un nuevo vehículo. Mientras CCOO
    exige a la multinacional que cumpla los compromisos industriales adquiridos con el
    Plan industrial pactado en 2009 y pide el voto negativo.
    El único camino
    L@s trabajador@s de Comesa (Iveco-Pegaso) ratificaron el 27 de diciembre el principio
    de acuerdo permitiendo evitar la pérdida de los puestos de trabajo y el cierre de la planta
    barcelonesa, tras numerosas movilizaciones y jornadas de huelga, la última el 16 de
    diciembre frente a la sede del Parlamento catalán.
    Contratistas
    CCOO y CGT convocaron el 14 y 15 de diciembre huelga en las contratistas de Repsol
    Química en Catalunya, así como lo hicieron CCOO y UGT en las contratistas de Endesa
    el mismo día 15 frente a la actitud de las patronales contra estabilidad laboral en el
    sector. De momento, el caso más grave ha sido el de Tessag Ibérica que la semana
    pasada cerró la empresa y despidió a 58 trabajadores, que no han sido subrogados por
    ninguna de las nuevas empresas adjudicatarias.
    Aena
    L@s trabajador@s de AENA se manifestaron en todos los aeropuertos del país el 17 de
    diciembre contra la privatización aprobada por el gobierno del PSOE exigiendo el
    mantenimiento del servicio público aeroportuario.
    Atentado patronal
    Un millar de delegados sindicales de CCOO y UGT se concentraron el 16 de diciembre
    en Mérida para exigir medidas enérgicas ante el aumento de los accidentes mortales en
    el trabajo.
    Femete
    L@s trabajador@s del metal y de las nuevas tecnologías tinerfeñas se concentraron el
    17 de diciembre frente a la patronal FEMETE al haber roto las negociaciones del
    convenio sectorial que se llevaba 9 meses negociando.
    Nosotr@s no olvidamos
    El próximo 24 de enero se volverán a conmemorar en Madrid el asesinato fascista de los
    abogados de Atocha con el tradicional homenaje floral por la mañana frente a “El
    abrazo” de Genovés en el centro de la capital.
    Dulce hotel
    L@s trabajador@s de los hoteles madrileños irán a la huelga el 19, 20 y 21 de enero
    ante la actitud de la patronal contra un hipotético acuerdo.
    Movida
    L@s agentes de movilidad del Ayuntamiento de Madrid pararon el 30 de diciembre y el
    3 y 5 de enero contra los expedientes disciplinarios que utiliza el gobierno del PP para
    poder cubrir, con menos de 700 agentes, los puestos de más de 1200 policías que
    relevaron hace seis años.
    De quita y pon
    Las Uniones Comarcales de CCOO y UGT en el Sur de Madrid y en el Corredor del
    Henares protagonizaron el 10 de diciembre un encierro en las oficinas del Servicio
    Regional de Empleo de Parla, Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz contra la decisión
    del gobierno del PSOE de suprimir, en febrero del 2011, la ayuda de 426 euros para los
    trabajadores en situación de paro que ya hayan agotado las prestaciones.
    Más bomberos
    Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid se concentraron en el Parque de Manuel
    Becerra el 3 de enero después de marchar el 21 de diciembre por el centro de la capital
    Madrid ante la grave situación que vive este servicio por la falta de medios humanos y
    materiales.
    Cadalsos
    El 16 de diciembre l@s trabajador@s de prisiones se concentraron en todo el país frente
    a las puertas de las cárceles contra el abandono del Gobierno que según CCOO está
    llevando a un estado de colapso.
    Murcia se mueve
    Miles de personas se manifestaron por quinta vez el 4 de enero en Murcia contra el
    recorte del gobierno regional del PP y aprobada en la Asamblea Regional, que supone
    una mayor pérdida de derechos de l@s emplead@s públicos.




    LA REFORMA DE LAS PENSIONES. DEL PACTO DE TOLEDO A LA CRISIS (1995-2010). Susana López




    INDICADORES ECONOMICOS-31
    LA REFORMA DE LAS PENSIONES. DEL PACTO DE TOLEDO A LA
    CRISIS (1995-2010). Susana López
    EL PACTO DE TOLEDO
    El 29 de Diciembre de 2010 ha sido aprobado el Informe de la Comisión No Permanente del
    Pacto de Toledo, con una serie de recomendaciones al Gobierno, presuntamente para el
    mantenimiento, desarrollo y mejora del Sistema Público de Pensiones ante las nuevas realidades
    (envejecimiento de la población, etc.) que, según augurios de “expertos” y organismos
    internacionales y nacionales (OCDE, Fondo Monetario Internacional, “Bruselas”, Banco de
    España...), lo harían insostenible de aquí a 50 años, si no se producen “reformas estructurales”
    profundas (léase drásticos recortes).
    De forma concisa, se denomina Pacto de Toledo al acuerdo firmado por las fuerzas políticas del
    arco parlamentario en 1995 y ratificado por los sindicatos mayoritarios en 1996. En teoría, trata
    sobre el mantenimiento, mejora y adaptación del Sistema de Seguridad Social y del Sistema
    Público de Pensiones a la evolución económica, social y demográfica. Para el seguimiento y
    desarrollo del mismo, en cada legislatura se crea una Comisión Parlamentaria No Permanente,
    de la que forman parte los distintos grupos políticos presentes en el Congreso de los Diputados.
    A diferencia de las Comisiones Permanentes que operan en el Congreso, ésta no tiene
    capacidad legislativa. Solo hace sugerencias o “recomendaciones” sobre esta materia concreta,
    que los gobiernos de turno interpretan y llevan o no a la práctica, según sus programas o
    prioridades. Es decir, no son vinculantes.
    Las revisiones del Pacto, previo informe con las recomendaciones de la Comisión No
    Permanente, se acordó hacerlas cada cinco años (tocaba la primera en 2000, luego en 2005,
    etc.), pero la primera tuvo lugar en 2003 y la segunda, que tocaba por lo tanto en 2008, culmina
    ahora, en 2010 (casualmente ligada a las medidas de “ajuste” frente a la crisis), con la
    aprobación del informe de la Comisión el 29 de Diciembre.
    El informe con las recomendaciones, una vez aprobado en la Comisión, debe ser votado por el
    Pleno del Congreso, trámite que se cumplirá en un Pleno extraordinario el 25 de Enero de 2011,
    fecha límite para dar tiempo a que el Consejo de Ministros del 28 de ese mes apruebe el texto de
    la reforma, tal como ha sentenciado el Presidente del Gobierno.
    Tanto en la Comisión como en el Pleno del Congreso, el Gobierno cuenta con una amplísima
    mayoría si a los votos del PSOE se suman, como ocurrió el 29 de Diciembre, el PP y las
    derechas nacionalistas (CiU, PNV, CC); o con una mayoría suficiente si solo cuenta con el apoyo
    de estas últimas, en caso de que el PP se desmarcara en el Pleno del 25 de Enero. En contra, se
    han posicionado IU, ERC y BNG, que presentarán sus respectivos votos particulares contra el
    proyecto, siendo las únicas formaciones políticas que han rechazado claramente no solo el
    aumento de la edad de jubilación sino también el aumento del periodo de cómputo para el
    cálculo de la pensión y el resto de medidas de recorte propuestas por el Gobierno.
    RENOVACION DEL PACTO 2010/2011
    A la vista de su naturaleza, antes descrita, está claro que se han alentado expectativas
    ciertamente exageradas sobre el proceso en la Comisión, siendo, como es, una realidad que en
    ella –como en el Parlamento- son mayoría aplastante las fuerzas políticas que han venido
    apoyando prácticamente todas las medidas de “ajuste” del Gobierno: desde las promulgadas en
    Mayo hasta los Presupuestos Generales del Estado, pasando por la contrarreforma laboral; y es
    obvio que todo el espectro de la derecha está de acuerdo con las políticas del PSOE y el
    debilitamiento del llamado Estado de Bienestar, aunque escenifiquen oposición, en más de un
    1
    caso, por puro oportunismo electoralista. No cabía esperar, por lo tanto, más que una
    legitimación de las medidas que tomará el Gobierno el 28 de Enero respecto a las pensiones.
    Esto puede comprobarse con facilidad por la ambigüedad consciente y calculada de sus
    “recomendaciones”, que, aparte de no obligar y de ceñirse en lo esencial a las pretensiones del
    Gobierno, permiten una interpretación y su contraria.
    Lo único que ha suscitado desacuerdo es el aumento de la edad legal de jubilación hasta los 67
    años, pero nos tememos que más por razones tácticas o de oportunismo electoralista que por
    convencimiento, salvo en el caso de las minorías de izquierda, como antes señalábamos. No hay
    más que ver el estrambótico párrafo del informe, donde se señala que: “La Comisión constata
    que no se ha alcanzado acuerdo alguno en materia de edad de jubilación”. Si realmente la
    mayoría de la Comisión (sumados PP + CiU + PNV + CC + IU + BNG + ERC), estuvieran en
    contra, hubieran podido “recomendar”, sin mayor problema, el mantenimiento de los 65 años. Y
    dado que el Gobierno está dispuesto a mantener su propuesta “cueste lo que cueste”, el
    escenario más probable es que los grupos de la derecha, en el Pleno del Congreso, se decanten
    por apoyarle, tras autojustificarse con los votos particulares que algunos han anunciado.
    En cualquier caso, otras medidas igualmente lesivas para los trabajadores y las trabajadoras,
    han tenido pleno apoyo en el informe, con solo el voto en contra de IU, BNG, ERC. Tales son el
    aumento del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión, cuya extensión queda
    abierta a lo que decida el Gobierno (la Comisión no se pronuncia si a 20 o 25 años, o a toda la
    vida laboral), el de los años de cotización para tener derecho al 100% (tampoco fija un tiempo
    determinado) o el aumento del periodo de carencia para acceso a pensión (no hay ninguna
    recomendación en contra). Incluso en lo que se refiere a la revalorización anual de las
    pensiones, dan ideas para que no pueda repetirse lo ocurrido en 2009, cuando la subida inicial
    de las pensiones superó el IPC real a final de año, quedando consolidado el exceso. La
    recomendación en cuestión dice: “a partir de ahora, deberá proponerse para cada desviación
    que haya ocasionado subidas en las pensiones por encima del IPC real, un tratamiento
    específico: ya sea como mejora que, total o parcialmente, se consolida o absorbe por el sistema,
    ya sea como mejora cuyo exceso no se consolida”.
    Sorprende, también, el brutal endurecimiento de las condiciones que habría que tener en cuenta
    para reducir la edad de jubilación a colectivos con trabajos penosos. Merece la pena
    reproducirlas, pues “recomiendan” que estas deberán atender a su “especial penosidad,
    peligrosidad o insalubridad, y que acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad,
    cuando de forma generalizada y apreciable suponga una reducción de su esperanza de
    vida”. Aparte de que los avances en este campo han sido raquíticos, nunca antes se habían
    planteado condiciones tan extremas. De la misma forma, en el capítulo de Lucha contra el
    Fraude, demandan “incrementar, aún más, el control y seguimiento de las prestaciones por
    incapacidad temporal e invalidez”, “con especial atención a los procesos de baja de duración
    inferior a 15 días, que suponen una carga económica notable, al ser sufragados con cargo
    a la empresa”, poniendo más énfasis en esto que en la persecución del fraude empresarial.
    Debe de ser porque en tales casos la “carga” no recae sobre las empresas y “solo” se daña a la
    Seguridad Social y a la ciudadanía en general.
    La pensión de viudedad sigue en el punto de mira, pese a los condicionantes que se
    introdujeron en la reforma de 2007, y si bien se recomienda la mejora de las que obtienen
    personas mayores de 65 años, no es difícil percibir la posibilidad de nuevas restricciones al
    acceso de las mujeres (son la inmensa mayoría) de menor edad, sin que se planteen alternativas
    reales a su clara desventaja en el mercado laboral y en el acceso a las prestaciones que de él se
    derivan, por lo que no debemos dejarnos engañar por la retórica de género que se utiliza en el
    apartado específico (Mujer y protección social) que a ellas se dedica.
    No falta, como es lógico (porque en eso radica el interés por desvalorizar el Sistema Público), el
    llamamiento a potenciar, con más beneficios fiscales, los “Sistemas Complementarios” privados,
    2
    sobre los que, por cierto, se dan por ignoradas las pérdidas que han sufrido a lo largo de la crisis
    (posiblemente más del 20% de su valor), y que los “beneficios fiscales” concedidos a muy pocos,
    a costa de todos los contribuyentes, nos están suponiendo alrededor de los 2.000 millones de
    euros anuales en menores ingresos del Estado (la congelación de las pensiones en 2011 a más
    de 5 millones de pensionistas “ahorrará” 1.500 millones)
    Por todo lo anterior, consideramos totalmente errónea la focalización del problema de la reforma
    en el aumento de la edad de jubilación casi en exclusiva, minimizando e incluso “invisibilizando”
    las consecuencias de esas otras medidas, igualmente lesivas e injustificables.
    LAS MEDIDAS QUE NO SON ASUMIBLES NI EN PARTE NI EN TODO
    • Por supuesto, el aumento a 67 años de la edad legal de jubilación, que supondría,
    evidentemente, un recorte del gasto, a costa de disminuir la pensión total a percibir entre
    un 10% y un 16%. La posible edulcoración de esta medida, permitiendo la jubilación
    anticipada a los 65 años, pero con la penalización correspondiente, supondría una
    pérdida que puede llegar al 16%. En cuanto al ofrecimiento de ampliar el periodo para su
    implantación, recuérdese que el Gobierno rompió unilateralmente el acuerdo con los
    Sindicatos de implantar progresivamente hasta 2013 la eliminación del cómputo de las
    pagas extras para alcanzar el mínimo de 15 años de cotización, imponiéndolo de golpe
    en 2010. Todo ello, sin entrar en la enorme injusticia que supondría el retraso en la
    jubilación, especialmente para colectivos que realizan trabajos duros (sin llegar a las
    condiciones extremas que se exigen en el Pacto de Toledo) y que a partir de una edad o
    bien no están en condiciones para seguirlo desempeñando o bien son expulsados del
    mercado laboral, porque despedirlos es fácil y barato. Téngase en cuenta que la Tasa de
    Ocupación en 2009 de la población activa con 55 o más años era de un raquítico 18,6%,
    y que la pérdida de empleo afecta fundamentalmente a la mano de obra menos
    cualificada y más desprotegida.
    • El aumento del periodo de cómputo. Pasar de los 15 últimos años actuales para
    calcular la pensión a 20 o 25 años, supondría una pérdida en la pensión media de entre el
    5 y el 7%. Estos resultados pueden variar en algunos casos, según segmentos de bases
    de cotización, pero afectarían a la inmensa mayoría: el 70%. Si se tomara como base
    toda la vida laboral, la pérdida sería mucho mayor, superando el 16%. Las reformas de
    1985 y 1997, basadas en buena parte en el aumento del periodo de cómputo, han
    supuesto un recorte acumulado de las pensiones de entre el 15 y el 20%, según la
    mayoría de analistas (entre otros, ver Estudio de la Fundación 1o de Mayo, de CCOO, de
    Marzo 2010). Si se tratara, como algunos argumentan, de aliviar el perjuicio que sufren
    quienes a partir de los 52 o los 55 años no consiguen volver a trabajar y ven mermada su
    base de cotización en los últimos años, plantéese, para estos casos, elegir sus mejores
    15 años de cotización. Es fácil, no sería costoso, mejoraría más notablemente la situación
    de estos trabajadores y no se perjudicaría a la inmensa mayoría.
    • El aumento de los años de cotización necesarios para tener derecho al 100% de la
    pensión. De los 35 actuales, se baraja pasar a 37 ó 40. Esta medida no solo requiere un
    mayor esfuerzo contributivo y de permanencia en el trabajo (conseguiría por si misma
    el aumento de la edad de jubilación) sino que supondría, a la vista del panorama
    laboral, poner un listón inalcanzable para una mayoría de trabajadores y trabajadoras con
    carreras de cotización inestables, que verían disminuida notablemente su pensión.
    • Se rumorea, finalmente, la posibilidad de aumentar el periodo de carencia (mínimo de
    años cotizados) para acceder a pensión, fijado actualmente en 15 (que da derecho a
    percibir el 50% de la base reguladora), con el increíble argumento de que así se evitaría
    la planificación de pensiones que en determinados regímenes permiten hoy las propias
    leyes, u otros abusos. Si este fuera el problema, legíslese para corregirlo y no se opte por
    3
    penalizar a colectivos de creciente dimensión, con una incorporación más tardía al
    mercado laboral y castigados en su carrera de cotización por la altísima precariedad y los
    ciclos de desempleo del nivel alcanzado en nuestro país, sin parangón con los países de
    nuestro entorno en la UE. Se daría el caso de que sectores amplios de la población
    trabajadora no pudieran acceder al sistema y quedasen desprotegidos, mientras sus años
    cotizados engrosarían, en una especie de “solidaridad inversa”, la caja de la Seguridad
    Social para pagar las pensiones de quienes sí tuvieron la posibilidad de acceder a ellas.
    Esta medida, como las anteriores, tendría, adicionalmente, una repercusión dramática en
    quienes trabajan a tiempo parcial, ya que para calcular el tiempo cotizado se tiene en
    cuenta la media de horas del sector, con un coeficiente reductor, por lo que en muchos
    casos estas personas necesitan ahora 20 años de trabajo para tener el mínimo de 15 de
    cotización. De alargarse aún mas este requisito, se dejará sin derecho a pensión
    contributiva a miles de personas, en su mayoría mujeres, al ser este un contrato
    claramente feminizado (el 75% de los contratos a tiempo parcial son protagonizados por
    mujeres).
    Excepto esta última (curiosamente), todas las medidas mencionadas pretenden explícitamente
    avanzar hacia una mayor “contributividad” (relación más estricta entre contribución y pensión), al
    tiempo que se van arrinconando conceptos como los de solidaridad, redistribución, suficiencia,
    que hasta ahora definían nuestro Sistema Público de Pensiones, aproximándolo cada vez más a
    las reglas del sistema de capitalización: tanto pagas, tanto recibes, obviando que los bajos
    salarios y la precariedad, señas de identidad de nuestro mercado de trabajo (con un
    agravamiento progresivo por las crisis y las sucesivas reformas), no son una elección de los
    asalariados, y que la solidaridad y la redistribución son factores determinantes para
    proporcionarles en la vejez un nivel mínimamente digno de subsistencia.
    En este debate distorsionado y trufado de oportunismos e intereses, hay que seguir insistiendo
    en algunas cuestiones que deberían ser elementales:
    1. El derecho a la reducción del tiempo de trabajo, como forma de redistribución y de
    participación de la población asalariada en el aumento de la riqueza que entre todas y
    todos vamos produciendo.
    2. Las pensiones son salario diferido. Es decir, son una parte del salario, que los
    trabajadores dejan de percibir durante su vida laboral. No son una dádiva, y los
    sistemáticos recortes suponen una merma en la participación de las rentas del trabajo en
    la distribución de la riqueza (diez puntos porcentuales ha disminuido su participación en
    los últimos 30 años), fundamentalmente a favor de las rentas del capital.
    3. Argumentar que, si no se hacen “reformas estructurales”, de aquí a 40 o 50 años, con el
    doble de pensionistas, las pensiones van a fagocitar un “insostenible” 15% del PIB, lo que
    sería una catástrofe, se da de bruces con el hecho de que, a día de hoy y no dentro de
    50 años, en Italia las pensiones representan ya ese 15% del PIB, y en Francia o Austria
    cerca del 14%, sin que estos países, por lo que parece, se hayan arruinado ni sus gentes
    vivan en peores condiciones que nosotros. Más bien todo lo contrario. En el mismo
    sentido, otra realidad palmaria: en 1970, hace 40 años, había en nuestro país 2 millones
    de pensionistas y sus pensiones representaban 3 puntos del PIB. Hoy el número de
    pensionistas pasa de los 8 millones (no el doble, sino cuatro veces más) y las pensiones
    representan 9 puntos del PIB (tres veces más)... y sigue habiendo superávit en las
    cuentas de la Seguridad Social. No es un “milagro”. El aumento de la productividad y del
    PIB, potenciado por la introducción de nuevas tecnologías en los sistemas productivos
    (actualmente un solo trabajador produce lo que hace unas décadas 9, 7, 5, 2
    trabajadores), de manera que hay mucha más riqueza a distribuir entre pensionistas y no
    pensionistas. Como repite machaconamente el Prof. Viçens Navarro, así sucederá en las
    próximas décadas, con proyecciones absolutamente realistas, y habrá mucho más a
    repartir... a condición de que se impida la acumulación creciente de la riqueza en pocas
    manos.
    4
    4. Precisamente, España es uno de los países con mayores desigualdades, y donde la
    brecha entre quienes más tienen y quienes menos se ha ido profundizando, pese al
    notable crecimiento económico de las últimas décadas, manteniéndose e incluso
    ampliándose bolsas de pobreza (especialmente entre las personas mayores y los
    menores) injustificables en la 8a o 9a potencia económica mundial.
    5. En cualquiera de las comparaciones a que se recurra, España está a la cola de la media
    de la UE en materia de protección social.
    a) La pensión media contributiva en España es el 68% de la pensión media
    contributiva en la UE-15, y la no contributiva el 46%.
    b) El gasto publico en pensiones, en 2007 (última comparativa de que se dispone),
    está en España 3 puntos por debajo (9% del PIB) del promedio de la UE-15 (12%)
    y muy por debajo de países como Italia, con el 14,6% del PIB aquel año, o Francia
    con el 13,3%.
    c) El gasto público en protección social, también en 2007, era en España 6 puntos
    del PIB inferior al promedio de la UE-15.
    d) Por contra, la presión fiscal en España, con una brecha previa a la crisis de 6
    puntos menos del PIB respecto a la UE-15, tuvo la mayor caída de los países de
    la OCDE entre 2007 y 2009. Según informe reciente de este organismo, el peso
    de impuestos y cotizaciones sociales sobre el PIB bajó en nuestro caso del 37 al
    30,7%, retrotrayéndonos al nivel de 1986, y no solo por los efectos de la crisis
    (que también padecen otros países en mayor o menor medida), sino por los
    planes de “estímulo” a bancos y empresas y la eliminación (Patrimonio y
    Sucesiones) o bajada (Sociedades, IRPF) de los impuestos directos, que siempre
    han favorecido más a quienes más tienen. Si comparamos nuestra presión fiscal
    con la de países del entorno como Francia (41,9% del PIB), Italia (43,5%) o
    Alemania (37%), sobran palabras para explicar por qué ellos pueden invertir más
    en el bienestar de sus poblaciones.
    No es necesario extenderse en más argumentos, ya que existen trabajos con gran profusión de
    datos, tanto sobre el impacto de la reforma en las pensiones futuras como sobre nuestra posición
    relativa respecto a la UE y a los países miembros con desarrolo económico similar. Citaríamos el
    Estudio “Pensiones y Empleo”, de la Fundación 1o de Mayo, publicado en Marzo de 2010, y los
    trabajos y publicaciones sobre la materia de Viçens Navarro y Juan Torres, entre otros que
    destacan por su rigor y fiabilidad.
    En definitiva, lo decisivo para la sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones no es
    tanto la evolución demográfica como las políticas que se desarrollen para crear empleo y
    que éste sea de calidad; mejores salarios, dotación de servicios públicos, asequibles y de
    calidad (escuelas infantiles, atención a las personas mayores con dificultades), que
    además de crear empleo permitan la incorporación de las mujeres al mercado laboral en
    situación de igualdad, y todas las demás medidas enumeradas y propuestas por los
    Sindicatos, dependiendo de las cuales aumentará la productividad y se generarán más y
    mejores cotizaciones, como garantía de las pensiones presentes y futuras y del bienestar
    del conjunto de la población. Aunque parece que el Gobierno se empeña en ir en dirección
    contraria. Y claro que hay margen de diálogo y negociación para acordar reformas necesarias
    que mejoren el Sistema. Entre otras (incumplidas algunas por el Gobierno de anteriores
    acuerdos con los Sindicatos), como que el total de los complementos a mínimos o los costes del
    personal de la Seguridad Social (la nada desdeñable cifra de 7.000 millones de euros anuales en
    conjunto) se financien con cargo a los Presupuestos del Estado; la integración de los Regímenes
    Especiales en el Régimen General, aproximando sus bases de cotización; el “destope” de la
    cotización máxima, una reforma fiscal que grave las rentas más altas y otras, que mejorarían los
    ingresos y descargarían el capítulo de gastos, haciendo posible (la asignatura pendiente por
    excelencia) la mejora de nuestras raquíticas pensiones.
    5
    Finalmente, no podemos terminar sin hacer mención a la injusta congelación de las
    pensiones, que no recuperarán lo perdido este año (o a la rebaja del sueldo de los empleados
    públicos, o a los salarios que en alta proporción no tienen asegurada su revisión frente a un IPC
    crecido hasta el 2,9%), en paralelo al anuncio de la entrada en vigor subidas escandalosas
    del precio de productos básicos como la electricidad, el gas y el butano, los transportes, etc.,
    sin olvidar la subida del IVA (que pagamos por igual pobres y ricos en los productos de consumo)
    del año pasado. Y con la espada de Damocles de una reforma de la negociación colectiva
    impuesta, también al gusto de “los mercados”.
    6




    Circular 2/11 de 13 de enero de la Secretaría de Acción Sindical de CC.OO.: Seguimiento e Información de la Negociación Colectiva (SINC) - 3 páginas


    Circular no 02/11
    De: Seguimiento e Información de la Negociación Colectiva (SINC)
    A: Responsables de Acción Sindical de FF.EE., CC.NN., UU.RR.
    El incremento salarial medio pactado en 2010 se sitúa en el 1,30%,
    incremento que queda 1,7 puntos por debajo del IPC al mes de
    diciembre.
    Comisiones Obreras se reafirma en los compromisos acordados
    en el AENC 2010-2012, y por ello exige la inclusión de cláusulas de
    garantía salarial para evitar que se produzca pérdidas de poder
    adquisitivo y la devaluación del incremento salarial inicialmente
    pactado.
    Información estadística sobre convenios colectivos con
    efectos económicos en 2010 registrados por el MTIN,
    correspondiente al mes diciembre de 20101.
    13 de enero de 2011
    Incremento pactado, según ámbito funcional y territorial
    El incremento medio inicialmente pactado para 2010 ha sido el 1,30% para el conjunto
    de los 2.704 convenios registrados; siendo de 0,96% en los convenios de empresa y de
    1,33% en los convenios de ámbito superior. En los convenios plurianuales revisados el
    incremento se sitúa en el 1,32% mientras que en los convenios firmados en 2010 el
    incremento alcanza el 1,20%.
    1
    La información contenida en esta circular corresponde a los convenios colectivos registrados con
    efectos económicos en 2010, según el Boletín de Estadística de Convenios Colectivos, Avance
    mensual de diciembre de 2010, publicación monográfica del MTIN. Tratamiento de datos del Sistema
    de Información de la Negociación Colectiva de CCOO.
    20110113_SAS_Circular_02_2011_SINC
    Página 1 de 3
    En 2009, en los 4.082 convenios registrados hasta el mes de diciembre de dicho año,
    el incremento salarial medio fue del 2,59% a nivel global; un 2,62% en los convenios
    revisados y un 2,35 en los convenios firmados.
    Atendiendo al volumen de trabajadoras y trabajadores afectados por los diferentes
    ámbitos funcionales más significativos, los porcentajes de incremento salarial son:
    Ámbito funcional
    No trabajadores/as Incremento medio
    4.084.799 1,47%
    2.011.434 1,08%
    463.147 0,96%
    436.924 1,16%
    78.672 0,96%
    Sector provincial
    Sector nacional
    Empresa
    Sector autonómico
    Grupo de empresas
    El cuadro siguiente presenta la evolución del incremento salarial pactado en estos
    últimos cinco años.
    Año inicio efectos
    económicos
    No de convenios Incremento salarial
    medio
    5.887 3,59 %
    6.016 4,21 %
    5.987 3,60 %
    5.475 2,28%
    2.704 1,30%
    2006 (*)
    2007 (*)
    2008 (*)
    2009 (**)
    2010 (**)
    (*) Los años 2006, 2007 y 2008 son años cerrados a efectos estadísticos de convenios colectivos.
    (**) Datos provisionales, según registro de convenios hasta diciembre de 2010.
    Como indicábamos en anteriores circulares2, estas diferencias tan importantes entre los
    incrementos pactados en 2009 y 2010, guardan una relación directa con la profundidad
    de la crisis económica y del empleo que ha tenido un reflejo directo en la negociación
    colectiva y la ruptura de la política salarial establecida en los acuerdos de años
    precedentes por parte de las empresas y el Gobierno.
    Incremento pactado, según vigencia temporal
    De los 605 convenios firmados en 2010 y registrados hasta final de año, 171 tienen una
    vigencia temporal de un año y 434 tienen vigencia plurianual, afectando los primeros a
    394.634 trabajadores y trabajadoras y los plurianuales a 627.895. El incremento salarial
    pactado en los convenios de vigencia anual ha sido el 1,13% y en los de vigencia
    superior al año, el 1,25%.
    Entre los 451 convenios de empresa firmados en 2010, el 26,83% tienen vigencia anual
    y el restante 73,17% vigencia plurianual. De los 154 convenios de otros ámbitos
    firmados en 2010, el 32,47% tiene vigencia anual y el 67,53% plurianual. En el caso de
    los convenios de empresa de vigencia anual el incremento salarial pactado, el 1,16%,
    es algo superior al pactado en los plurianuales, donde se queda en el 1,09%. Por el
    contrario, en los convenios de ámbito superior, los de vigencia plurianual han tenido un
    2
    Ver circular 30/10 en web de CCOO: http://www.ccoo.Circular 30_10 Negociación Colectiva
    20110113_SAS_Circular_02_2011_SINC
    Página 2 de 3
    incremento de 1,29%, mientras que los de vigencia anual el incremento se ha situado
    en el 1,29%.
    Cláusulas de garantía salarial
    La drástica reducción del incremento salarial en un año en el que el IPC interanual al
    mes de diciembre se ha situado en el 3%, es decir casi un 1,7% por encima del
    incremento salarial medio pactado en los convenios registrados hasta finales de
    diciembre, es más preocupante si se produce a la vez una reducción de las cláusulas
    de garantía salarial destinadas a compensar la desviación al alza de la inflación
    prevista.
    El cuadro siguiente presenta la evolución de las cláusulas de garantía salarial
    pactadas en estos últimos cuatro años, según datos del registro de convenios con
    efectos económicos en 2010.
    Año inicio efectos
    económicos
    % Convenios con % de
    cláusula de revisión Trabajadores/as
    afectados
    51,61% 68,88%
    54,57% 73,75%
    51,15% 70,49%
    32,84% 45,78%
    2007
    2008
    2009
    2010
    Datos: MTIN. Registro de convenios a diciembre de cada año.
    Los bajos porcentajes de cláusula de revisión en los convenios de 2010 que aporta la
    estadística del MTIN, deben tomarse con mucha reserva, ya que están condicionados
    en gran parte por el gran retraso en el registro estadístico de las revisiones salariales
    de 2010 (información comentada en la circular 29/10 de 7 de diciembre) ya que muchas
    de las revisiones pendientes de registro corresponden a convenios plurianuales que sí
    tienen pactada una cláusula de garantía salarial, aunque esta circunstancia no parece
    que pueda explicar la totalidad de las diferencias reflejadas en el cuadro anterior.
    Por ello, Comisiones Obreras considera imprescindible exigir el establecimiento de
    cláusulas de garantía salarial en los convenios colectivos porque son el elemento
    central de una política salarial de crecimiento moderado de los salarios y tienen por
    objeto y función prevenir y corregir la desviación al alza de las previsiones tomadas
    como referencia para la determinación del incremento pactado. La inexistencia de
    cláusula de garantía supone un alto riesgo de alteración de los compromisos salariales
    pactados y de pérdida de poder adquisitivo en el sector o en la empresa
    correspondiente, máxime en años con importante fluctuación al alza de los precios de
    consumo.
    Comisiones Obreras se reafirma en los compromisos acordados en el AENC 2010-
    2012, en el que las referencias establecidas para la determinación de los incrementos
    salariales son las siguientes: para el año 2010 hasta el 1%; para 2011 entre el 1% y el
    2% y para 2012, entre el 1,5% y el 2,5%, incremento que debe acompañarse de una
    cláusula de garantía que preserve la consecución del objetivo marcado, y concretarse
    en cada ámbito de negociación, atendiendo a las características y circunstancias de la
    empresa o sector.

    Página 3 de 3


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