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Título: Salvador Sostres y la libertad de expresión. Por Ricardo Rodríguez- Enlace 1

Texto del artículo:


Salvador Sostres y la libertad de expresión
Por Ricardo Rodríguez

23.11.10

No hay mucho que decir acerca de ese patético espécimen que responde en tertulias televisivas y foros con diferente grado de podredumbre por el nombre de Salvador Sostres. En primer lugar, porque es bien sabido que la notoriedad, aunque sea a costa de vomitar idioteces, es la razón de su existencia, y ya le hemos dedicado todos bastante más tiempo y espacio del que se merece. En segundo lugar, porque resulta dudoso que el tamaño exiguo de su inteligencia alcance a comprender cualquier razonamiento cuya complejidad exceda a la de un relincho. De manera que polemizar con él, aparte de ingrato, es una tarea inútil.

Sin embargo, cabe pensar que las patochadas de Sostres constituyan la excrecencia de algo más grave y que quienes cultivan la patológica desmesura del personajillo para sus fines, los mismos que lo mandarán pertinentemente a la mierda cuando no les sirva, no sean tan bobos como él. Y su última hazaña, consistente en exhibir sus humedades cerebrales a propósito de las vaginas en un plató de televisión en presencia de niños de varios colegios, ha dado nueva ocasión a los ideólogos del renacido fascismo español para propagar una acepción degenerada de la libertad de expresión que vienen tejiendo desde tiempo atrás al calor de escándalos parecidos. Sobre este punto sí es conveniente realizar alguna aclaración. Lo de que una conversación mantenida a viva voz en un plató televisivo con el público delante no es precisamente una conversación privada ya ha sido aclarado por otros, como Ignacio Escolar, mejor de lo que yo pudiese hacerlo, así que me ahorro el esfuerzo.

Antes que nada, urge explicar a los predicadores de la extrema derecha que la libertad de expresión no incluye para nadie el privilegio de que los poderes del Estado impidan por la fuerza que a uno le lleven la contraria. La libertad de expresión existe porque de manera natural albergamos los seres humanos opiniones diversas, y se entiende que en una democracia tales opiniones deben gozar de la oportunidad de manifestarse sin odiosas interferencias del poder, y por supuesto sin que sean segadas con la amenaza cuando no la ejecución de castigo público. Esto es al menos lo que creemos quienes, a diferencia de Esperanza Aguirre, somos liberales. Por ejemplo, supone un intolerable atentado contra la libertad de expresión prohibir partidos políticos y procesar a sus dirigentes y militantes -siempre que éstos no hayan cometido delito alguno como pudiera serlo conceder adjudicaciones de obras a cambio de regalos-, aunque tales partidos promuevan ideales que a los programadores de Telemadrid les repugnen.

Otro ejemplo. Cuando hace unas semanas algunos medios de comunicación se hicieron eco de un artículo en el que el portavoz del Partido Popular de Leganés, don Jesús Gómez, afirmaba que los comunistas pertenecen a la más criminal secta de la historia y no merecen educar a sus hijos, aparte de otras necedades sobre el derecho constitucional a la educación, don Jesús se sintió molesto por la indiscreción y se querelló contra los periodistas que se habían limitado a repetir entrecomillándolo lo que él había escrito, e invocó en su descargo su derecho a la libertad de expresión. Se puede dudar si la libertad de expresión ampara llamar criminales a los militantes de partidos políticos legales que respetan la Constitución y no incurren en delitos como, digamos, involucrar al país en una guerra a espaldas del Parlamento. Pero sin duda alguna el señor Jesús Gómez es muy libre de afirmar, como hace en su ejercicio escolar, que el derecho a la educación no es un derecho fundamental, que no es más importante para la sociedad que los buenos hábitos de higiene y que el contenido del artículo 27 de nuestra Carta Magna consagra una excesiva facultad de intromisión del Estado en la esfera íntima de las familias que podría justificar el secuestro de niños y el confinamiento de los mismos, junto a sus padres, en campos de reeducación (exégesis jurídica que sin duda provocaría más de un susto entre nuestros amados padres constitucionalistas). Sin embargo, la pretensión de que los jueces silencien a cuantos manifiestan su desacuerdo con el portavoz popular no sólo no cabe en la libertad de expresión sino que supone la voluntad de suprimir esa misma libertad para los demás.

Del mismo modo, las obtusas soflamas de Salvador Sostres han de admitirse como ejercicio de la libertad de expresión, por más delirantes que a uno le parezcan, en cuanto no supongan injuriar ni denigrar a cualesquiera personas. Sostres ha escrito que los muertos en la última catástrofe natural padecida por Haití son, a semejanza de la menstruación de las mujeres, una liberación de sangre innecesaria; arremetió contra Labordeta el mismo día de su funeral; tachó de partícipe de grupo criminal a Marcelino Camacho también a propósito de su muerte, y, dejando clara su visión de la libertad, sugirió que el partido comunista tendría que ser prohibido y sus militantes deberían ser encarcelados. Es posible discutir de forma razonable si la ley ha de permitir que se insulte de forma furiosa a los demás. Pero lo que a nadie se le puede exigir, con la excusa de salvaguardar la libertad de Salvador Sostres, es guardar silencio ante sus exabruptos.

Hasta en la tiranía más abyecta y rotunda hay al menos una opinión que se pronuncia con entera libertad: la del tirano. Lo que a éste le caracteriza como tirano es cabalmente el recurso al poder del Estado para que no haya nadie que discrepe con él. Las histéricas denuncias de persecución de Salvador Sostres, si se toman en serio, son por tanto una reclamación para sí de la condición de tirano –o tiranuelo-, y, de no tomárnoslas en serio, una broma que, sobre el mal gusto, resulta excesivamente peligrosa en el ambiente de constante efervescencia que caracteriza la actualidad mediática.

Y el caso de Salvador Sostres, siendo el más grotesco, se añade a otros que recientemente han colmado los noticiarios de televisión, radio y prensa escrita. Recuérdense los relatos de adolescentes de Sánchez Dragó, las reivindicaciones de purgas de inmigrantes de la candidata del PP en Cataluña o las alabanzas del exterminio de oponentes políticos por el régimen franquista llevadas a cabo por cierto ex militante del Grapo metido a historiador de pega. La secuencia es siempre la misma: se viste de irreverente «incorrección política» la más recalcitrante y exagerada proclamación de extremismo reaccionario –pues nada hay más «correcto» hoy en día que declararse «políticamente incorrecto»- para, a continuación, señalar escandalizado a quienquiera responda como parte de una persecución estalinista. Tiende uno a pensar que, de vivir en nuestros días Adolf Hitler, sería paseado por platós de televisiones digitales para que difundiera su credo racista en las tertulias, dado que luego siempre aparecería el paladín intelectual de turno dispuesto a defenderlo gallardamente del cobarde asedio de los rojos.

Pero la confesión de sus apetencias sexuales en Telemadrid por Salvador Sostres, y sobre todo su defensa por la presidenta regional y la directora de la cadena, añaden una nueva adulteración de la libertad de expresión. Porque a Esperanza Aguirre no se le solicitó que impidiera que Salvador Sostres se expresara ni tampoco que se inmiscuyera en conversaciones privadas; lo que se le ha preguntado es si cree que la manifestación persistente del desprecio por las mujeres, los inmigrantes, los cantautores de izquierdas o los sindicalistas, entre otros, merece un hueco privilegiado en la televisión pública a costa del dinero de los ciudadanos. A lo largo de mis cuarenta y dos años he tenido la desgraciada oportunidad, imagino que como casi todo el mundo, de conocer a unos cuantos babosos incapaces de observar la debida compostura y mantener la lengua en su sitio en presencia de una mujer, lo que, salvo que la violentase a ella o a terceros, no resultaba punible. Nunca reí las gracias de tales pájaros y desde luego jamás me figuré que llegaría a ver el día en que además se les subvencionaría por cuenta del fisco.

Al no ser Esperanza Aguirre liberal, es altamente improbable que haya leído el magnífico ensayo sobre la libertad de John Stuart Mill, o La democracia en América de Alexis de Tocqueville, la obra que Stuart Mill en su ensayo comentaba. Y, sin embargo, hacerlo le resultaría muy recomendable para entender que la libertad no posee un significado exclusivamente negativo, sino que el Estado ha de intervenir para garantizar que las diferentes opiniones que existen en una sociedad, en particular las minoritarias, hallen un espacio público de expresión. El laissez-faire del mercantilismo al que se enfrentó el padre del liberalismo Adam Smith siempre fue una tapadera de la más o menos subterránea intervención del Estado a favor de los poderosos, una máscara del absolutismo cuando el absolutismo se volvió inconfesable.

Aplicado el razonamiento a una televisión pública, exige que ésta acoja la expresión de aquellos ciudadanos y ciudadanas, o grupos de ellos, que por sus conocimientos especiales o su acción social se considere que tienen algo de interés general que aportar y, sobre todo, requiere que se dé cabida de manera equilibrada a las diversas opiniones que en la comunidad existan.

Manteniendo a personajes del pelaje de Salvador Sostres como colaboradores habituales en multitud de tertulias cuajadas de participantes de una única ideología están vulnerando, tanto el gobierno regional como su televisión pública, el derecho a la libertad de expresión de todos los demás, tal como lo regula el artículo 20 de la Constitución, que se aproxima mucho por cierto a la concepción de Stuart Mill mencionada. Puesto que potencialmente cualquier ciudadano tiene algo que decir, se está eligiendo a Salvador Sostres frente a todos los demás, quienes pierden la oportunidad de expresarse porque el espacio público es copado por iracundas arengas de Sostres y otros de la familia.

Y así se cierra el círculo de una sociedad totalitaria: los medios públicos quedan al servicio de una única opinión, la que al poder le place, y se recurre a la policía y a los jueces para que persigan y castiguen al discrepante, al que se tacha de odioso dictador. Ni Orwell lo hubiese imaginado mejor… o peor.

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