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Título: Análisis de IU de los Presupuestos G.del Estado 2011 en I+D+i: EL SECTOR PÚBLICO ES DE NUEVO PERDEDOR- Enlace 1

Texto del artículo:

  ENLACE 1 al PDF de 13 páginas con el análisis, tablas y datos

Como todos los años os envío el análisis de los PGE para I+D 2011. A pesar de las declaraciones de la ministra y secretario de Estado que piensan que el personal no sabe sumar, los PGE son desastrosos y sobre todo para el sector público, el pagano mayor del reino.



Anticipo del texto:

IZQUIERDA UNIDA
AREA FEDERAL DE EDUCACIÓN
____________________________________________________________
PGE 2011 en I+D+i
EL SECTOR PÚBLICO ES DE NUEVO PERDEDOR
Los PGE destinados a Investigación, Desarrollo e Innovación se agrupan en la Función 46, y sus
apartados se concentran en los Ministerios de Ciencia e Innovación (MICINN) y de Industria,
Comercio y Turismo (MITYC), con capítulos importantes en los ministerios de Sanidad, Educación
y Cultura y Defensa.
El presupuesto total de la función alcanza los 8494,36 millones de euros (M€), con una
reducción neta del 8,37 % sobre el presupuesto aprobado de 2010. Una reducción que se suma
al recorte de más del 5% del año pasado. A pesar de los discursos que proclaman la voluntad de
cambiar el modelo productivo español para construir una sociedad basada en la innovación y el
conocimiento, volvemos a asistir a un recorte sustancial de los presupuestos de I+D+i como forma
de enfrentar la crisis. Se confirma que la I+D+i no forma parte de la estrategia para salir de la
misma sino que es una política procíclica, que crece solo en ciclos expansivos, en contra de las
tendencias de los países desarrollados, que fortalecen dichas políticas en tiempos de crisis como
herramientas para superarlas. Sólo hay que mirar a Estados Unidos, que, tras un aumento del
8,8% en plena crisis financiera, vuelve a aumentar el 8% el presupuesto de la National Science
Fundation (NSF) para 2011; o a Alemania o Francia, que refuerzan sus grandes centros como el
Max Planck o el CNRS, fortaleciendo sus sistemas de I+D para afrontar el reto de la crisis.
El peso del recorte, si bien afecta a todos los sectores, vuelve a castigar sin paliativos al sector
público de la I+D, con duros recortes en los presupuestos de los OPIs, que se suman al ajuste
brutal de 2010 en estos organismos. En tanto, se mantiene la financiación de las empresas,
insistiendo en un modelo que, año tras año, se demuestra ineficaz.
Por primera vez desde 1995 disminuye el Capítulo 8, destinado a créditos (teóricamente)
reembolsables reservados básicamente al sector empresarial, en un 9,6% respecto a 2010; esta
herramienta, utilizada de forma abusiva para no generar déficit supondrá sin embargo en 2011 el
61% de toda la Función 46 (Tabla I). Este capítulo no puede computarse como gasto de I+D de
la AGE, aun cuando supone más del 0,48% del PIB. Es por tanto un esfuerzo de financiación del
Estado que sólo revierte en la mejora del índice de inversión en I+D de las empresas, que
contabilizan estos créditos como gastos propios según la metodología del INE, enmascarando el
verdadero peso de la inversión empresarial en el gasto nacional en I+D.
Por otro lado, los gastos correspondientes a Operaciones no Financieras, capítulos del 1 al 7,
disminuyen un 6,74%, que se agrega a la reducción del 14,2% de 2010, bajando a 3331
millones de euros, lo que reduce el gasto de la AGE en I+D al 0,31% del PIB, desde el 0,40%
alcanzado en 2009. Volvemos al nivel de 2006 desandando el camino en el que se invirtieron
tantos esfuerzos e ilusiones.
Los presupuestos de los Organismos Públicos de Investigación (OPIS) experimentan una
nueva reducción del 6,2%, acumulando un recorte del 19% respecto a 2009. Teniendo en
cuenta el fuerte componente del Capítulo I de personal en estos organismos, el recorte adquiere
su real dimensión: las inversiones caen en picado, y se recortan los gastos corrientes de forma
que será difícil asegurar el funcionamiento normal de sus laboratorios e instalaciones
1
experimentales. El IGME ve recortado su presupuesto en el 15,2%, acumulando un recorte del
40% desde 2009. En torno al 20% de recortes acumulan también el Instituto de Salud Carlos III, el
Astrofísico de Canarias o el INTA.
CIEMAT, que sufrió la mayor rebaja en 2010, más del 21% a pesar de las correcciones
introducidas en el trámite de enmiendas, sigue acumulando recortes, con un - 26% con respecto
a 2009. En el caso del CSIC la inclusión en los PGE de las Operaciones Comerciales
(autofinanciación conseguida por los investigadores mediante contratos o convocatorias
competitivas) exigida por su nueva situación de Agencia Estatal, maquilla la reducción del 19%
de la subvención estatal respecto a 2009. En este caso las grandes inversiones acometidas en
la etapa anterior están en peligro de paralización.
El capítulo de personal de todos los OPIs se reduce entre el 5% y el 9% del CSIC, que se explica
por la reducción salarial al sector público y por una amortización de plazas de funcionarios, en
contra de lo prometido por el MICINN, que aseguraba que se cubrirían todas las vacantes. Acorde
con 2010, se espera una Oferta de Empleo Público casi nula en el sector. No solo se posterga el
aumento del personal en el sistema público de I+D en sus distintos niveles, a pesar de
reconocerse el reducido tamaño del sistema como uno de sus puntos débiles. Esta nueva vuelta
de tuerca pone en peligro la subsistencia del sistema y condena a nuestros jóvenes investigadores
y técnicos a un destino de precariedad laboral permanente o a una nueva fuga de cerebros.
Otro recorte importante aparece en los capítulos de becas, tanto en el Ministerio de Educación,
responsable de las FPU y convocatorias de contratos postdoctorales en el extranjero, como en el
MICINN, que financia las FPI ligadas a proyectos del Plan Nacional. A pesar de los discursos que
anuncian que no se han tocado estas partidas, hay una reducción adicional de más del 10% en
las FPU, que se suma al - 37% de 2010. Las convocatorias se retrasan, tanto las FPU, como las
FPI, como los contratos postdoctorales en el extranjero, y 2011 promete más de lo mismo. El
programa JAE de Formación de Personal del CSIC recupera parte de sus recursos que sin
embargo se sitúan en el 50% del dinero dedicado a este capítulo en 2009. Un aviso a navegantes
sobre el porvenir de nuestra investigación.
Capítulo 8: Activos Financieros
Con un total de 5163,08 millones de € (M€), este capítulo está básicamente destinado a créditos
y aportaciones (teóricamente) reembolsables al sector empresarial. El Ministerio de Industria
(MITYC), concentra el 38% de los mismos, y destina 770,71 M€ a proyectos de desarrollo de
armas en programas de defensa, 195,51 M€ a empresas en el programa 467C Investigación y
Desarrollo Tecnológico-industrial (que el MICINN completa con otros 2123 M€), más 1000 M€ en
los programas 467G y 467I, de Sociedad de la Información y Telecomunicaciones. Este capítulo,
que el programa del PSOE prometía reducir en su programa de 2004, ha crecido en un 91%
desde los primeros PGE aprobados por el PSOE para 2005, frente al 44% de incremento de
los capítulos 1 a 7. No queda claro un esfuerzo inversor semejante que, además de seguir
aumentando en la línea de los últimos años las transferencias al sector privado y a gastos en
armamento, no aporta a las cifras totales de gasto de I+D de la AGE (Tabla 1 y Gráfico 1).
Un hecho preocupante de estos presupuestos es la generalización de las nuevas formas de
concesión de estos créditos, en particular los concedidos fuera del sector público, como
Aportaciones Patrimoniales y Préstamos a largo plazo (10 años). Si con los préstamos
reembolsables a 7 años con 4 de carencia no se lograba recuperar estos créditos las nuevas
herramientas parecen destinadas a transformar de hecho los préstamos en subvenciones, en
abierta contradicción con la normativa europea. Sin embargo, y a pesar de la generosidad de las
condiciones, casi el 50% de los créditos del MICINN de 2010 no estaban comprometidos a 30
de septiembre, en fechas en que todas las convocatorias están resueltas, demostrando las
dificultades de acceso a estos créditos por parte de las PYMES.
2
El Ministerio de Industria, en cambio, ha comprometido la casi totalidad de estos créditos,
destinados principalmente a grandes empresas y sectores, y caracterizados por la falta de
transparencia en la adjudicación, la opacidad o ausencia de convocatorias, así como de los
órganos de evaluación y control de resultados. Una situación que ha provocado numerosas y
continuas críticas desde los ámbitos más diversos y que rompe, de hecho, la neutralidad
imprescindible de la política de I+D+i. En los dictámenes sobre el IV y V Plan Nacional de I+D+i, el
Consejo Económico y Social (CES) recomendaba reducir el Capítulo 8 de los PGE y, en todo
caso, dar cuenta precisa de todos los créditos concedidos, incluyendo a los destinatarios finales,
los mecanismos utilizados en la adjudicación, los resultados obtenidos, y la planificación de la
devolución de los créditos a la AGE. Unas cuentas que hasta ahora se siguen esperando. De
hecho, el Gobierno respondió por escrito (29/3/2007) a una serie de preguntas del grupo
parlamentario GIU-ICV detallando el nivel de ejecución de estos créditos entre 1995 y 2005. En
total, se han dedicado 39.177 millones de euros en el periodo 1995-2010 a créditos
reembolsables dentro de las funciones 54 y actual 46 de los PGE. Sin embargo, la respuesta del
Gobierno detalla la devolución de 1079 M€ de los créditos concedidos entre 1995 y 2003, solo un
11% de los 9929,67 M€ concedidos en ese lapso y cuyo periodo de carencia ha vencido
sobradamente. Una sangría donde se siguen transfiriendo cantidades crecientes de dinero público
al sector privado sin conseguir que su gasto en I+D+i despegue.
De hecho, la diversidad de instrumentos empleados y de recursos invertidos siguen sin movilizar al
sistema empresarial, que según el avance del INE de junio de 2010, redujo en 2009 su gasto
interno en I+D en el 8,8% mientras el gasto público crecía en el 5,4%. El Gráfico 2 presenta
los gastos del sector empresas en actividades de I+D desagregados por origen de los fondos,
junto al Capítulo 8 de la función 54/46 de los PGE, que el INE computa como fondos propios de
las empresas1. El análisis del gráfico es claro: el aumento del porcentaje de gastos empresariales
en los últimos 10 años está ligado al aumento de ayudas públicas, pero el mecanismo de
promoción, que debía generar al menos un euro de gasto adicional por cada euro de ayuda
concedida, no ha funcionado. En cambio, se ha producido una sustitución de inversiones por
ayudas públicas, neutralizando el objetivo de dichas ayudas. Si se resta el Capítulo 8 a la
inversión propia de las empresas, dicha inversión empresarial no sólo no crece sino que
disminuye en términos absolutos, de modo que en 2009 la aportación real de las empresas
ha sido nula. Parecía hora de analizar estos comportamientos y repensar la política de
subvenciones y créditos pero el Gobierno enfrenta la crisis con más de lo mismo.
1
“Puede ocurrir que, un proyecto de I+D de una empresa sea financiado mediante un préstamo concedido
por una institución financiera, por una empresa afiliada o por una administración pública. Los préstamos
reembolsables se consideran como fondos propios”. Metodología Encuesta INE sobre Actividades de
I+D, marzo 2006.
3
Tabla 1: Evolución de la Función 54/46 en los PGE 1995-2009
Capítulos 1 – 7 ?/año Capítulo 8 ?/año Total ?/año anterior
(M€) anterior % (M€) anterior % (M€) %
1.181,60 62,71 1.244,31
1996 1.088,72 -7,9 62,57 -0,2 1.151,29 -7,5
1997 1.138,69 4,6 276,62 342,1 1.415,31 22,9
1998 1.213,00 6,5 672,30 142,6 1.885,30 33,2
1999 1.361,35 12,2 1.403,33 108,7 2.764,67 46,6
2000 1.449,14 6,4 1.599,08 13,9 3.048,22 10,3
2001 1.706,98 17,8 1.814,61 13,5 3.521,58 15,5
2002 1.802,28 5,6 1.989,67 9,6 3.791,95 7,7
2003 1.952,39 8,3 2.048,62 3,0 4.001,01 5,5
2004 2.083,28 6,7 2.193,47 7,1 4.276,74 10,0
2005 2.313,28 11,0 2.704,00 23,3 5.018,11 17,3
2006 2.914,31 25,9 3.635,02 34,4 6.549,33 30,5
2007 3.742,00 29,4 4.379,69 19,4 8.122,24 23,1
2008 4.150,00 10,9 5.187,27 19,5 9.339,28 14,9
2009 4.164,40 0,3 5.486,24 5,8 9.650,59 3,33
2010 3.571,89 -14,23 5.712,49 4,1 9.270,78 -4
2011 3.330,03 - 6,75 5.163,08 - 9,6 8.494,36 - 8,37
Fuente Presupuestos Generales del Estado 1996-2011
Millones €
1995
Gráfico 1: Gastos PGE I+D (€ corrientes)
Gastos PGE I+D (Euros corrientes)
12000
10000
Gastos Capítulos I-VIII
Gastos Capítulos I-VII
8000
Gastos Capítulo VIII
6000
4000
2000
0
1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
Fuente: PGE I+D 1984-2011
4
%/PIB
Gráfico 2:
Gastos de I+D de las empresas por origen de los fondos y Capítulo VIII
Inversiones y gastos de empresas en I+D+i
0,80%
0,70%
Gastos totales empresas/PIB
0,60%
Inversiones empresas/PIB
0,50%
Cap VIII/PIB
0,40% Gastos reales empresas
0,30% Subvenciones de las AA.PP
0,20%
0,10%
0,00%
-0,10%
1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011
Fuente: PGE I+D 1995-2010 y Encuesta I+D INE 1985-2007
Si es discutible la opción por el incremento del Capítulo 8 frente al recorte de los gastos del sector
público de la I+D, los argumentos se refuerzan al conocer la dificultad de acceso a estos créditos
por la PYMES innovadoras. Los avales bancarios necesarios para obtener estos créditos se han
vuelto inaccesibles y en los límites de la usura, según denuncian las asociaciones del sector. De
nuevo, y a pesar de las acciones publicitadas por el ICO para facilitar el acceso de las empresas a
estos créditos, a 30 de septiembre de 2010 casi el 50% de los créditos del capítulo 8 del MICINN
estaban sin ejecutar, similar a lo sucedido en 2008 y 2009.
Si hay pocas empresas innovadoras y las que lo intentan no logran acceder al crédito, estamos
hipotecando el futuro inmediato del sector. El Banco de España debería tomar las medidas
necesarias para romper esta tendencia, exigiendo a la banca la apertura real de líneas de crédito
que respalden la actividad innovadora. Estas disposiciones serían más útiles para la salida de la
crisis que las continuas referencias de su presidente a la necesidad de profundizar la reforma
laboral y de las pensiones.
Capítulos 1 a 7. Operaciones no Financieras
Los gastos no financieros, aquellos que se agrupan en los capítulos 1 a 7 y que son los que
cuentan para calcular los gastos del Estado respecto al PIB, se reducen en un 6,74 %, de modo
que los gastos de la AGE en I+D se reducen hasta el 0,31% del PIB, casi una décima menos
que en 2009, gráficos 3 a 5. Volvemos al nivel de gasto de 2006 desandando el camino recorrido y
sin tener conciencia del esfuerzo que significará retomar la senda de crecimiento, ni de cuánta
gente, cuánto trabajo, se quedarán en los márgenes o desaparecerán del sistema.
Duro castigo a los OPIs
Los gastos del Capítulo 1 incluyen básicamente al personal de los OPIS, y se reducen entre el 5%
y el 9%, donde al recorte salarial se suman fuertes amortizaciones en la plantilla de funcionarios y
laborales; por supuesto, no se contempla ningún tipo de recursos para la consolidación de
personal en varios OPIs. Otro año sin Oferta de Empleo Público y reducción real de plantillas en
lugar de nuevo personal, una asignatura que continúa pendiente en un sistema que siempre falla
5
por los recursos humanos. Es urgente estabilizar a los investigadores “recuperados” mediante los
distintos tipos de contratos, Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, Torres Quevedo, etc. No tenerlos
en cuenta significaría volver atrás unos cuantos años, algo que ya señalaba en 2008 la prestigiosa
revista Nature. Por otro lado, la reducción de la precariedad laboral, superior al 40% en todos los
OPIs, debería ser resuelta en el marco de los acuerdos Administración-Sindicatos de 26/9/2006,
aún sin ejecutar en la mayoría de los OPIs, así como en la consolidación de empleo de carácter
estructural prevista en la disposición transitoria 4a EBEP y Acuerdos en las Administraciones
Públicas (2010-2012). La consolidación necesita de una planificación y negociación que permita
consensuar las políticas y medidas necesarias para evitar la proliferación de este tipo de contratos
y la judicialización del sistema de investigación.
Gráfico 3: Evolución de los gastos de I+D s/PIB
Gastos I+D+i s/PIB
1,00%
0,90%
Gastos I+D+i Cap I-VII s/PIB
0,80%
Gastos Cap VIII s/PIB
0,70% Gastos totales I+D s/PIB
0,60%
0,50%
0,40%
0,30%
0,20%
0,10%
0,00%
1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010
Fuente: PGE 1983-2011
Gráfico 4: Aumento respecto al año anterior de Capítulos 1-7 en gastos de I+D
Aumento PGE I+D s/ año anterior por capítulos
50%
40% Capítulos I_VII
Capítulo VIII
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
Fuente: PGE 1983-2011
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Gráfico 5: Evolución del gasto de I+D por capítulos
Evolución Gastos de I+D+i por Capitulos (Millones €)
6.000
5.000
Capitulos I-VII
Capítulo VIII
4.000
3.000
2.000
1.000
0
1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010
Fuente: PGE 1983-2011
Los presupuestos de los Organismos Públicos de Investigación (OPIS) experimentan un recorte
medio del 6,2%, con una media acumulada del 19% respecto a 2009. Dado que el capítulo de
personal tiene un peso muy importante en todos estos organismos, la reducción es mucho más
evidente cuando se detallan los capítulos. Todos los OPIs sufren el recorte, aunque el más
castigados este año vuelve a ser el IGME, que suma un 40% de reducción presupuestaria en dos
años.
CIEMAT, con un recorte acumulado del 26% desde 2009, ve en peligro su actividad. Su capítulo
de inversiones, recortado en más del 60% en 2010, crece un débil 3,22%; en cambio, el capítulo
7 se reduce en casi el 60% y las transferencias corrientes en el 13%, lo cual significa reducir o
eliminar las contribuciones y cuotas a agencias internacionales como la OCDE, OIEA, CERN y
EURATOM, los convenios internacionales hispano-alemán y el ECE-ITER o recortar las
transferencias al exterior en el 42% o la ayuda al programa CYTED. Un verdadero despropósito
que pone en entredicho la actividad del mayor centro público dedicado a la investigación en
energías limpias y renovables, desmintiendo por otra parte el discurso medioambiental del
ejecutivo.
Otro centro profundamente afectado es el Instituto de Salud Carlos III, con un 9,7% de reducción,
con un 19% acumulado respecto a 2009. El recorte se aplica a todas las partidas y vuelve a
disminuir el programa CIBER, que financia la investigación en diversas enfermedades y coordina
la actividad de hospitales y centros de investigación. Su presupuesto se utiliza en un alto
porcentaje en la contratación de profesionales de alto nivel; en particular se diseñó en la idea de
repatriar a científicos actualmente en el extranjero, apostando por la formación de grandes grupos
estables y competitivos. El brutal recorte del 25% en 2010, significaba, como lo hacían saber en
carta abierta los más relevantes científicos españoles en el campo de la salud, la eliminación de
entre 400 y 500 contratos de investigadores en 2010, que se profundizará en 2011. Diseñar y
poner en marcha políticas que implican recursos humanos y abandonarlas sin explicaciones ni
soluciones alternativas revela no solo cortedad de miras sino un ataque en toda regla a la
avanzada de la investigación española. Parece una invitación clara a olvidarse de compromisos y
responsabilidades institucionales y la peor respuesta para los que estaban pensando en volver.
En el caso del CSIC, la inclusión en los PGE de las Operaciones Comerciales (autofinanciación
conseguida por los investigadores en proyectos competitivos del Plan Nacional, Programa Marco
de la UE, programas regionales o contratos con la industria) exigida por su nueva situación de
Agencia Estatal, enmascara la reducción de la subvención desde 626 M€ en 2009 a 514 en 2010
7
y a menos de 500 M€ en 2011, nada menos que el 19%. Este recorte se refleja en el mayor
recorte en personal de los OPIs, más del 9%, un recorte adicional del 5,5% en los Gastos
Corrientes y un 23,3% en las Transferencias corrientes. El capítulo de inversiones se mantiene (-
0,5%), con un aumento del 14,5% en las nuevas inversiones a costa de reducir en el 44% las
inversiones de reposición y mantenimiento de las instalaciones. Una política que hipoteca el
desarrollo y utilización eficiente del nuevo equipamiento desconociendo que las inversiones
científicas no acaban al comprar el equipo sino que es necesario mantenerlo para su uso óptimo.
El programa de Formación de Personal Técnico e Investigador propio del CSIC, las
becas/contratos JAE, recupera parte de sus recursos tras el brutal recorte del 68% (de 30,2 M€ a
9,64 M€), en 2010. Sin embargo, solo se alcanza el 50% de la inversión de 2009, lo cual significa
que el próximo año habrá una reducción de al menos el 20% de contratos en este programa, una
pieza estratégica del Plan de Actuación 2010-2013, que sigue sin dotarse de recursos.
La reducción de los presupuestos del CSIC, que comenzó su andadura como Agencia CSIC en
2008-2009, significa vaciar de contenidos la propia figura de la Agencia, ya que no hay
presupuestos efectivos para dotar sus contratos programa. La elaboración del Plan Estratégico en
todos sus institutos y áreas de conocimiento, junto al estudio de los mecanismos de evaluación
por resultados de la actividad aparecen como papel mojado, trabajo inútil que pone en duda la
seriedad y estabilidad de las políticas y las prioridades del actual Gobierno del PSOE.
Tanto CSIC como CIEMAT plantearon en la discusión de los PGE 2010 que este año podrían
sobrevivir acudiendo a los remanentes y al endeudamiento que permite la figura de la agencia. La
dureza del ajuste en 2011 en todos los capítulos pone en peligro la propia subsistencia de estos
organismos y su capacidad de mantener la actividad mínima y la apertura de todas sus
instalaciones.
De nuevo pierde el sector público
La mayoría de las subvenciones se agrupan como Transferencias de Capital (capítulo 7). El
Fondo Nacional de I+D+i dispondrá de 590 M€ y un total de 1065 M€, si se agregan los 474 M€
de capítulo 8. El FIS se reduce a 121,66 M€, un - 8,8 %, confirmando el frenazo a la inversión en
proyectos públicos en el Plan Nacional 2008-2011. La suma del Fondo Nacional de I+D+i y del
FIS, o sea el “dinero fresco” que llega al sistema científico en forma de proyectos y equipamiento
es de 1186 M€, frente a los 976 M€ invertidos en construcción de armamento. Un contraste
que pone en evidencia la poca importancia prestada a la investigación, que se reduce a menos del
13,9% del total de la Función 46. Si el principal instrumento de planificación solo cuenta con
estos recursos poco puede esperarse de la misma; no es desde luego una forma eficiente de
ayudar al cambio de modelo productivo.
La investigación pública se vuelve a relegar frente a la avalancha de recursos destinados al sector
privado. Los fondos del programa de Investigación y Desarrollo Tecnológico e Industrial,
2914,26 M€, el 80% como Capítulo 8, sumados a los 976 M€ dedicados a construcción de
armamento, casi duplican el esfuerzo total (2015,8 M€) del programa de Fomento de la
Investigación Científica y Técnica, del cual parte también se dedica a la financiación del sector
privado.
En cambio, en 2011 se reducen drásticamente las subvenciones y ayudas a Campus de
Excelencia, Centros Tecnológicos y asociaciones de investigación, desaparece el programa
Consolider dedicado a reforzar áreas estratégicas y a construir grupos de investigación fuertes
capaces de competir en Europa. Se reducen los capítulos dedicados a Formación de Personal
Investigador mientras aumenta la concesión de créditos a largo plazo.
8
Especialmente dura es la reducción de ayudas y subvenciones a los Centros Tecnológicos
de comunidades autónomas, organismos que actúan como interfases entre los sectores
productivos y el SCTE, imprescindibles para convertir conocimiento en bienes y servicios, para
potenciar la transferencia de cultura innovadora y capacidades.
Se sigue insistiendo en una política que ni siquiera se puede aplicar, como demuestran los
compromisos del 50% de los créditos en los últimos 3 años en los presupuestos del MICINN. De
hecho en este ministerio se incrementan los créditos a empresas del sector público y se reducen a
las del sector privado en un intento de ejecutar los presupuestos. Sin embargo, el esfuerzo
dedicado al sector público no llega al 24% de estos presupuestos mientras la financiación del
sector privado significa el 46% de la Función 46. Unas políticas que se asocian además a la
opacidad en los criterios de gestión de estos recursos, así como de las condiciones de evaluación
ex ante y ex post, seguimiento y control de su asignación y uso. La falta de estos mecanismos
afecta claramente a la neutralidad de estos recursos. El sector público debe concurrir a
convocatorias, presentar proyectos y ser sometido de forma continua a evaluación y control de la
asignación de los recursos obtenidos. No aplicar los mismos criterios a las subvenciones y
créditos al sector privado rompe las reglas del juego y suprime las garantías de igualdad de
oportunidades que deben regir las acciones del Estado.
Otro elemento que se repite en estos presupuestos es que los fondos de los programas 467I
Innovación Tecnológica de las Comunicaciones y 467G Investigación y Desarrollo de la Sociedad
de la Información no pueden ser considerados gastos de I+D. En efecto, tanto las acciones y
actividades del programa Avanz@ como la informatización de la Administración Pública y las
ayudas a la puesta en red de las empresas, no son gastos de I+D. Cualquiera que conozca los
Manuales de Frascati y de Oslo, que definen los gastos que pueden asignarse a I+D y a
innovación tecnológica, reconoce estos gastos como gastos de innovación pero nunca de I+D.
Nadie duda de la importancia de extender los beneficios de la Sociedad de la Información a las
distintas administraciones y empresas, pero los gastos que esto implica deben asignarse en su
sitio y no disfrazarse como I+D.
Los gastos en investigación militar
Desde 2007 los gastos en investigación militar vienen desagregados en los PGE, y en 2011 se
reducen al 11,5% del total de gastos de la Función 46. A pesar de la reducción, la cantidad de
dinero dedicada a I+D militar sigue siendo muy importante, nada menos que 976 M€, similar a las
partidas destinadas al Fondo Nacional de I+D, Gráfico 6.
Pero además, estos gastos no son gastos de I+D en su mayoría, ya que se dedican a la
construcción de armamento, hasta 9 armas ofensivas que desdicen la vocación humanitaria del
nuevo ejército español. El presupuesto se asigna en más del 80% como Capítulo 8 de créditos a
empresas del sector privado, otra prueba de que estos gastos no tienen contenidos de I+D. Por
otro lado, los centros de I+D propios del Ministerio de Defensa, el INTA y el Canal de Experiencias
Hidrodinámicas del Pardo (con proyectos y programas de doble uso civil y militar) subsisten con
recortes presupuestarios acumulados del 19 y 8 % desde 2009.
9
Millones €
Gráfico 6: Gastos en I+D en Defensa
Gastos I+D Defensa (millones de €)
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011
Fuente: PGE 1983-2011
Algunas conclusiones
Los PGE 2011 dedicados a I+D sufren un nuevo recorte de sus recursos básicamente centrado en
la financiación del sector público de la investigación: los OPIs y los instrumentos a su disposición,
como el Plan Nacional y el Fondo de investigación Sanitaria. Se confirma que la I+D+i no forma
parte de la estrategia para salir de la crisis sino que es una política procíclica que crece solo en
ciclos expansivos, en contra de las tendencias de los países desarrollados que fortalecen dichas
políticas como herramientas para superar las crisis.
El capítulo de personal de los OPIs se reduce entre el 5 y el 9%, amortizando plantillas de
funcionarios y laborales y sin abordar las cuestiones clave de reducción de la precariedad (>
40% en todos los OPIs) y estabilización del personal investigador contratado mediante diversas
modalidades (Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, etc.).
Los recursos dedicados a fabricación de armamento, aunque reducidos en un 17%, siguen siendo
exorbitantes, similares al total del Fondo Nacional. Además no son gastos contabilizables como
I+D, como tampoco lo son los recursos asignados en el plan AVANZ@ según las normas
internacionales, en particular, por las estadísticas del INE y de EUROSTAT.
Este año se reducen tanto los capítulos 1 a 7 (- 6,75%) como el Capítulo 8 (-9,6%), que constituye
el 61% de la Función 46. El análisis de la distribución de estos gastos muestra la masiva
transferencia de recursos al sector privado, que recibe el grueso de los 5163 M€ del capítulo 8.
Sigue pendiente, por otro lado, la explicación sobre los mecanismos de asignación, control y
seguimiento de estos créditos. Hasta el momento el Gobierno no ha respondido sobre la tasa de
devolución de los créditos concedidos, y los resultados de la política de estímulos fiscales para
fomentar la I+D empresarial, la más generosa de toda la OCDE, demuestran que su efectividad es
muy baja en la propia opinión del Gobierno. Las nuevas formas de créditos a largo plazo son otro
escalón en el camino de convertir créditos en subvenciones en abierta violación de la normativa
europea. El esfuerzo inversor del sector privado no responde a ninguno de estos estímulos ya
que, según el INE, ha reducido en un 8,8% sus gastos internos en I+D en 2009.
10
Por otro lado, el comportamiento de la banca, negando avales y créditos a las PYMES
innovadoras, amenaza el futuro inmediato del escaso y frágil segmento de empresas innovadoras
y deja en manos de las grandes corporaciones el porvenir productivo del país.
No es con esta política con la cual se puede abordar el imprescindible cambio de modelo
económico. Se debería, en cambio, partir de una revisión del papel y alcance de la colaboración
entre el sector publico y el privado, de las regulaciones mercantil-societarias, del reforzamiento de
la capitalización empresarial creando nuevas reservas obligatorias para fines tecnológicos, y
abordando un exhaustivo proceso de revisión de los Gastos Fiscales, priorizando al tejido
empresarial protagonista del modelo empresarial español: las micro-empresas y las PYMES, con
un especial énfasis en el apoyo al tejido innovador.
Si las políticas públicas no van más allá de inyecciones interminables de recursos y ayudas
fiscales a la I+D+i, no se cambiará de modelo. El Estado debe asumir su responsabilidad y su
papel determinante diseñando instrumentos capaces de movilizar recursos públicos y privados,
promoviendo la corresponsabilidad y no la subsidiariedad de lo público, incorporando
transparencia, y orientación en el destino de los excedentes empresariales. Especialmente
importante es la participación de Centros Tecnológicos, OTRIS y otros organismos que actúen
como interfases entre los sectores productivos y el SCTE. Hay que profundizar en las formas de
colaboración entre actores, en el necesario aprendizaje por la interrelación, y no en la pura
transferencia. Es imprescindible potenciar y favorecer el cambio cultural y organizativo necesario
para que las empresas pasen de la innovación más o menos ocasional a la innovación
sistemática, haciendo posible la transformación eficiente del conocimiento en bienes y servicios
para la sociedad.
Si estas políticas no se hacen realidad se consolidará el rasgo estructural básico del modelo
actual: una gestión empresarial obsesionada por el corto plazo, y el simultáneo
menosprecio/abandono de las actividades económicas que no ofrezcan rentabilidades de dos
dígitos. Se podrá seguir transfiriendo dinero y recursos al sistema pero no se alcanzará el objetivo
de cambiar el rumbo de la economía y la sociedad española.
.
11
Presupuestos de OPIS 1996-2011
Presupuesto OPIs (miles de €)
Presupuesto OPIs (miles de €)
400000
900000
CIEMAT
CSIC
350000
800000 CARLOS III
CSIC (sin recursos propios)
INTA
700000 300000
CIEMAT
INIA
CARLOS III
600000 250000
IAC
INTA
500000
200000 IEO
INIA
400000
150000
300000
100000
200000
50000
100000
0
0
1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
CSIC (1) 208185 204548 215721 238662 261831 279374 306594 334282 370707 411739 483419 580646 622713 835832 728608 681895
CSIC (2) 622713 615000 514000 499895
CIEMAT 42710 47719 42342 41344 51875 56491 61386 66845 72981 81330 94087 123870 111060 116441 91727 86174
INIA 31571 29636 31150 33182 45178 47330 51198 52187 54460 58010 64177 71160 83157 83382 82835 81259
lEO 19761 19737 22682 26868 29727 32054 35804 36496 38154 42160 49364 52118 68049 65771 61285 60515
IGME 17423 17808 17916 20951 22418 23313 25292 26697 28621 31230 34137 36762 40090 43947 31140 26398
IAC 7360 7370 7867 8185 8640 10058 10038 11548 12303 12302 15059 16809 20109 22280 19063 17536
CEHlPAR 4796 4475 4531 4606 4674 4737 4804 5214 5070 5070 5389 5962 6370 6385 6475 6093
CEDEX* 36382 34113 33574 33729 33050 36188 37686 39101 39908 39067 6572 9792 3530 4792 4618 4421
INTA 91754 84086 85967 87298 88320 107685 92681 91797 101940 105900 116651 124613 133550 129402 120355 103098
ISCIII 50370 80280 86840 97897 113054 120547 128060 216970 220853 241950 287064 328805 367250 369704 332412 300052
510312 529772 548590 592722 658767 717777 753543 881137 944997 1028758 1155919 1350537 1455878 1457104 1263910 1185441
* Desde 2006 no se recogen los capítulos I a IV
(1) Los PGE correspondientes al CSIC desde 2009 integran las operaciones comerciales (autofinanciación)
que se estiman en 215 M€, 198 M€ y 182 M€ de modo que no puede compararse con los PGE de los años anteriores
(2) Esta línea representa los PGE del CSIC 2009-2011 sin incluir sus recursos propios
12
PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Las propuestas de IU. inciden en dos aspectos básicos:
I. Fortalecimiento de los recursos humanos del sector público I+D
? Crecimiento y rejuvenecimiento de plantillas.
? Disminución de la precariedad. Activación y resolución de los procesos de
consolidación en trabajos de carácter estructural.
? Dotación de todos los programas de contratos FPU, FPI y contratos post-doctorales
en el extranjero. Recuperación y potenciación del programa JAE del CSIC.
? Conversión de todas las becas en contratos laborales.
? Mejora de los niveles retributivos del personal de los OPIS.
? Aplicación de 100% de reposición de la tasa de efectivos en el conjunto del sector
de investigación en los OPIs Acuerdo Mesa Diálogo Social 2009 Admon-
Sindicatos.
II. Incremento de los recursos puestos a disposición del sector público
? Recuperación de los presupuestos de los OPIs al nivel de 2008.
? Inversiones e infraestructuras.
? Incremento de los recursos del Fondo Nacional para Investigación Científica y
Técnica y del Fondo de Investigación Sanitaria.
? Dotación de financiación de los Planes Estratégicos de los OPIS en el marco del
Plan Nacional de I+D 2008-2011.
Esta propuesta se enmarca en la Declaración para el Diálogo Social 2004 sobre
Competitividad, Empleo Estable y Cohesión Social, acordada por el Gobierno con los
agentes sociales que contempla una doble premisa:
- Plan estratégico de apoyo a políticas sectoriales activas.
- Mejora de la capacidad tecnológica y científica del tejido social.
Sin embargo, estos planes no se han puesto aún en funcionamiento tras más de 6
años y las nuevas subvenciones directas a empresas no se enmarcan en estos objetivos.
El Diálogo Social Reforzado debe incluir estas políticas, clave para superar la actual crisis
económica e imprimir un nuevo rumbo a la economía española.
Madrid, 14 de octubre de 2010
13

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