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Título: Pacto por la Educación-¿HACIA DÓNDE CAMINAN LAS PROPUESTAS DE GABILONDO?. Por Colectivo Baltasar Gracián- Enlace 1 - Enlace 2

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Pacto por la Educación-¿HACIA DÓNDE CAMINAN LAS PROPUESTAS DE GABILONDO?. Por Colectivo Baltasar Gracián

Anticipo del texto:

Es preciso hacer una observación previa nada irrelevante. Según el Sr. Ministro, una vez que no ha sido posible el Pacto Político “de Estado” con el PP, la salida (el plan B) es la negociación de elementos parciales con los sectores concernidos en cada caso. Planteado así, el nuevo proceso en busca del “acuerdo social” en torno a las 148 propuestas de “mejora” de la educación abandona ab initio la pretensión originaria de solución coherente, unitaria y duradera a los problemas del sistema educativo en su conjunto, para convertirse en una negociación a la carta y por separado de muy diversos intereses particulares (CC.AA., sindicatos, patronal privada, grupos parlamentarios,….). Este nuevo planteamiento desvirtúa el propósito primero de raíz, pero no elimina el sentido de fondo en el que se inscriben las propuestas y las próximas negociaciones. Y eso es lo que, por encima de las ambigüedades calculadas del lenguaje utilizado, conviene desvelar.

1. Todas las propuestas continúan la orientación general de los anteriores proyectos reformadores, enmarcadas ahora en los objetivos de la UE para 2020: la educación y sus reformas han de ir ligadas aún más estrechamente a los cambios del desarrollo económico, esto es, a las necesidades del mercado. De ahí que tanto el Preámbulo como las introducciones a cada uno de los capítulos estén pobladas de invocaciones a los tópicos al uso: “ante los retos siglo XXI... es necesario modernizar el sistema educativo”; estamos ante una “sociedad sometida a cambio constante”; hay que hacer frente al “nuevo marco competencial”, que supone la “sociedad del conocimiento y de la información”; la educación debe jugar un papel clave en “reorientar nuestro modelo de crecimiento económico”; la universidad tiene como misión la “transferencia del conocimiento e innovación a la sociedad”,… En resumen, todo el argumentario de la orientación neoliberal que preside el discurso de los organismos internacionales (OCDE, UE,…), empeñados en hacernos olvidar que, antes que nada, la educación es un derecho fundamental e incondicional de los individuos para su desarrollo personal y social, siendo la Escuela Pública, como institución del Estado, la responsable de garantizar la efectiva igualdad de ese derecho.
La educación pasa a ser, según se recoge en el Preámbulo y en el objetivo nº 7, “un bien de interés público”, compatible con diferentes titularidades y entidades que ofrecen sus servicios, titulaciones,… dentro de una red ahora indiferenciada en cuanto a su consideración. Conviene fijar la atención en la nueva denominación: un edificio particular, unas fiestas tradicionales o una iniciativa privada cualquiera, pueden ser declaradas “de interés público”; basta con que la Administración correspondiente participe, sea de forma parcial, en su reconocimiento y financiación. No se trata de mero nominalismo: sino que coadyuva, también desde el plano conceptual, a retroceder con respecto a los objetivos democráticos que encierra la reivindicación de una Escuela Pública, Gratuita y Laica. Un “bien de interés público”, efectivamente, puede ser de titularidad privada, exigir copago y tener cualquier “carácter propio”.
Otras referencias ideológicas, como “nuevas formas de enseñar y aprender”, “calidad y excelencia”, “cultura del esfuerzo y de la evaluación”, “modernización e internacionalización de la Universidad”, “implicación de la familia, del profesorado y de la sociedad”, “reconocimiento social de los docentes”,…que dan título a varios capítulos, o son brindis al sol carentes de compromisos concretos, o su trasfondo, por los antecedentes conocidos, va en el mismo sentido de cuestionar el marco escolar y sus funciones, sustraer su independencia con respecto a intereses externos, justificar mayores desigualdades y elitismo dentro del sistema educativo y, en definitiva, justificar una reorientación de los fines y contenidos de la educación, que nada tienen que ver con las aspiraciones a una mayor democratización.


2. En esa dirección se plantea avanzar en la “libertad de enseñanza” (es decir,”libre” elección de centro), como pedía el PP y la patronal, con más subvenciones del Estado al sector privado. Se reunirá de inmediato la Mesa Sectorial para renegociar al alza los módulos de los conciertos con los centros privados (sin exigirles plena gratuidad), a los que se ratifica autonomía para establecer su propio proyecto educativo (ideario). Se deja en sus manos, sin apenas regulación, la Educación Infantil y se abre la posibilidad de concertar la enseñanza postobligatoria, lo que supone dar nuevos pasos hacia la configuración de un mercado educativo diferenciado en sus ofertas y demandas en todos los niveles. Por supuesto, para evitar “temas ideológicos” -aunque ya no se puedan aducir las exigencias del PP-, la presencia de la religión en la escuela y su financiación estatal permanecerán intocables. Las universidades, por su parte, también se ven abocadas a buscar mayor financiación externa (conciertos con empresas y subida de matrículas), en línea con el proceso de Bolonia de hacerlas depender cada vez más de fondos privados y menos de los públicos, con la consiguiente pérdida de independencia. La insistencia en desarrollar la Formación Profesional aparece vinculada a las necesidades del mercado laboral y al tipo de titulación mínima que mejor se adapta a eso de la “formación permanente a lo largo de la vida”, en dependencia de la “empleabilidad” que, al parecer, es entera responsabilidad de individuos.

3. En consonancia con el objetivo fundamental de las reformas educativas de corte neoliberal, las numerosas medidas (que “se fomentarán, promoverán,… ”, con escasa concreción, por cierto), tanto las que ya están en marcha como las que se proponen como nuevas, no alteran sino que vienen a reforzar la regulación y orientación de flujos de alumnos. Tratan de encauzar a la mayoría hacia las titulaciones mínimas que exigirá el mercado, de acuerdo con los objetivos planteados por la UE de cara a 2020: un 90% con título de la ESO y un 85% con estudios postobligatorios (principalmente dentro de la FP de grado medio), mientras que la integración en el Espacio Europeo de la Educación Superior se convierte en un instrumento de control para regular un acceso restringido a los niveles superiores de formación. En definitiva, estos son los tres objetivos centrales de las Propuestas.

Respecto al primero de ellos, se busca un resultado rápido, formal y estadístico, para superar los impresentables índices de fracaso y abandono escolar y situarlos en los parámetros propuestos por la UE. Por eso, las medidas no abordan en serio los déficits de formación, sino que van dirigidas a aligerar las exigencias de promoción y titulación:
- Se obvia que el fracaso escolar ya está establecido, en su mayor parte, en la Primaria (40% suspenden la prueba de nivel de 6º en la Comunidad de Madrid, aunque se oculte con una promoción del 93,6% global, incluso con materias fundamentales suspensas). No hay medidas correctoras y compensatorias efectivas en esa etapa, donde más han calado, y sin apenas oposición, las propuestas pseudopedagógicas y regresivas de la LOGSE.
- Se acepta formalmente un triple itinerario a partir de 3º de la Enseñanza Secundaria Obligatoria o desde 2º, si el alumno lo suspende y ha cumplido 15 años: a) Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), b) 4º orientado a la FP, c) 4º orientado al Bachillerato. Aunque los itinerarios, vías o diversificaciones varias ya existían (absurda polémica nominalista), los amplios cauces estructurales ahora establecidos tendrán efectos inmediatos: el elevado fracaso actual puede verse espectacularmente reducido, puesto que vías de muy distinto nivel formativo permitirán salir con el Graduado de ESO bajo el brazo (la idea que proponía hace poco el sociólogo Julio Carabaña: ¡bajen el listón!) y objetivo de éxito escolar alcanzado (llevamos más de diez años sin rebajarlo del 30% y la UE plantea reducir el fracaso escolar a un 10% para 2020).
- Resulta curioso que se mantengan las pruebas de diagnóstico en cursos intermedios (4º Primaria y 2º ESO), pero se nieguen las pruebas generales de nivel de conocimientos al final de las etapas (sólo evaluación de un muestreo en 6 º Primaria y 4º ESO). Al igual que en Primaria, la tasa de promoción o titulación tendrá poco que ver con la superación real de los objetivos mínimos formativos, aunque la redefinición según conveniencias de las “competencias básicas” permitirá, a su vez, rebajarlos.

En cuanto al segundo objetivo (disminuir el abandono y propiciar la continuidad de un 85% de alumnos en la Secundaria Postobligatoria), si el paro juvenil sigue en aumento y se facilitan aún más las cosas, también puede estar al alcance.
- La mayor parte de las modificaciones propuestas (convalidaciones, pasarelas, preparación de pruebas, reconocimiento de experiencia,…) que, aparentemente, ofrecen más flexibilidad e interconexión de las diversas vías en comparación con la aberrante y rígida estructura vigente, van dirigidas a que el mayor flujo de alumnos desemboque en la FP de grado medio y, a través de medidas para aligerar el Bachillerato o facilitar la retirada de la Universidad, en la FP Superior. Como sucede ahora con el bajo nivel de exigencia de la ESO, las teóricas diversas vías que pueden llevar a la Universidad (como aseguraba, sin sonrojo, el Ministro) serán eso, teóricas; porque ésta será aún menos accesible para la mayoría que terminará la ESO con el título pero con niveles aún más bajos de formación (en continuidad con el “éxito” disuasor que ha logrado la LOGSE y las reformas que le han seguido).

El tercer objetivo, “la modernización e internacionalización” de la Universidad lo tienen más a mano, puesto que la integración en el Espacio Europeo de la Educación Superior avanza a marchas forzadas. Las facilidades por abajo, para cubrir estadísticamente los objetivos de “éxito escolar” y continuidad en la Secundaria, se convierten en nuevos obstáculos académicos y económicos en el acceso a la Universidad y, sobre todo, para lograr un título de postgrado, único de validez en el mercado laboral (el Grado, queda definitivamente devaluado). La política de fuerte subida de las matrículas, particularmente en el Master, que en modo alguno se verá compensada con becas y préstamos, dejará las titulaciones superiores realmente reconocidas como tales fuera del alcance de la mayoría de la población. La regulación selectiva (económica y social) del flujo a los estudios superiores, que lleva aparejado el proceso de Bolonia, levantará el stop a la “masificación” de la universidad, uno de sus claros objetivos, entre otros como el de su progresiva privatización.

4. En la misma orientación neoliberal, se insiste en la “profesionalización” y “liderazgo” administrativo y pedagógico de las direcciones de los centros (siguiendo modelos de la empresa privada). Su mayor autonomía y competencias lo son con respecto al profesorado a su cargo; no en relación a las jerarquías superiores, a cuyos planes y limitaciones se deben y con las que podrán “concertar” proyectos y programas, sujetos a evaluación, premio y castigo. La retórica derrochada en pro de la autoridad y reconocimiento del profesorado no oculta la desautorización real de su labor: la insistencia en la formación inicial y permanente de los docentes, poniéndola bajo control de la “casta pedagógica”, se sitúa en línea con el menosprecio de la formación en conocimientos y la reconversión de la figura del profesor en simple “mediador”, exigido por múltiples funciones en detrimento de la más específica que siempre ha tenido la escuela: la instrucción en los saberes. La diferenciación retributiva del personal según su presunta “productividad” (carrera docente como “salario al mérito”) y la mayor sujeción a las direcciones, auguran más división y competitividad internas, que no más competencia profesional. Son temas recogidos en las Propuestas que entrarán en el Estatuto de la Función Docente, a negociar en la Mesa Sectorial con los sindicatos, que retoman elementos en otros tiempos rechazados justamente por el profesorado. La zanahoria, tantas veces prometida, de prolongar la jubilación anticipada, queda a expensas de lo que se decida en el Pacto de Toledo sobre pensiones.

5. Las Propuestas aluden a una Memoria Económica, cuyas estimaciones han sido dadas a publicidad de forma separada y condicionada. A falta de Pacto que obligue a todas las CCAA, se chalaneará con ellas la parte de la exigua tarta (un plus de 1.570 millones en tres años, probablemente sometido a recortes por la “crisis”) que pueda llevarse cada una por dar su placet a los programas impulsados por el gobierno (PROA, Educa.3; Programa Escuela 2.0,…). Otra buena parte de ese plus irá indefectiblemente al aumento de las subvenciones prometido a las empresas privadas y confesionales de los centros concertados. El objetivo de aproximar para 2015 el actual 4,9% del PIB dedicado a educación a la media de los 27 países de la UE (5,3%), no es demasiado ambicioso, cuando probablemente la tendencia a la baja en muchos de ellos y los recortes pretextados por la crisis, acerquen el punto de encuentro.

En resumen: La dirección en la que se ordenan las 148 Propuestas para el Pacto Político y Social por la Educación, con o sin PP, se sitúa justamente en sentido contrario del que se necesitaría para avanzar hacia la reconstrucción de una Escuela Pública, Gratuita y Laica, que garantice una enseñanza de calidad para la mayoría de la población. Sobran todas las discusiones bizantinas (con las que se quiere enredar a las distintas organizaciones implicadas en la educación) sobre pros y contras de tal o cual propuesta o sobre los posibles sentidos de sus intencionadas ambigüedades. Hay una orientación determinante que las interrelaciona a todas ellas e imprime carácter al conjunto. Su contenido propicia un claro avance en las condiciones que permitirán mayores desigualdades entre los alumnos en relación al derecho efectivo a la educación; la desvirtuación de los fines que le son propios para subordinarla a los intereses cambiantes del mercado; facilitar el camino para mayores cotas de privatización; centros cada vez menos democráticos, en los que los claustros han perdido todo poder de control y decisión; un profesorado aún más desautorizado en sus funciones que, además, pasa a ser simple personal supeditado al arbitrio, evaluación y diferente retribución bajo unas direcciones, “reforzadas” en su funcionamiento empresarial y reconvertidas en gerentes eficaces y obedientes a la superioridad, no importa sobre qué objetivos.

Colectivo Baltasar Gracián

Mayo de 2010
ENLACE 2:
http://www.colectivobgracian.com/

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