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Título: El Servicio Regional de Empleo de Madrid, paradigma de la gestión neoliberal. Por Paloma Martín Torpedo- Enlace 1

Texto del artículo:

El Servicio Regional de Empleo de Madrid, paradigma de la gestión neoliberal

Paloma Martín Torpedo * / 12 may 10

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL ACTUAL “SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO” Y DE LA PROTECCIÓN POR DESEMPLEO
En la Segunda República Española se crean las Oficinas de Colocación de carácter NACIONAL (garante de la igualdad de los servicios prestados en el conjunto del estado), PÚBLICO (igualdad de oportunidades en el proceso de búsqueda de empleo, principio de no discriminación en el acceso al mercado de trabajo), y GRATUITO (universalización del servicio).

A lo largo de la genocida dictadura fascista, los servicios de empleo estarán dirigidos caciquilmente por los adeptos al régimen. En 1964 se crea la Gerencia Nacional del Programa de Promoción Profesional Obrera (P.P.O), dependiente de la Dirección General de Promoción Social la cual, de manera itinerante, se encargaba de cualificar a los trabajadores rurales para adaptarlos a la industria. En 1973, se crea el Servicio de Acción Formativa (S.A.F.), con centros y estructuras fijas de formación ocupacional que, posteriormente, incorporará la gestión del empleo, creándose en 1974 el Servicio de Empleo y Acción Formativa que, junto al Programa de Promoción Profesional Obrera, constituyeron el S.E.A.F.-P.P.O.

“Unos trescientos trabajadores de los setecientos que integran la plantilla de la sede central del SEAF-PPO se constituyeron ayer en asamblea permanente, mientras el resto de los trabajadores permanecían en paro, a instancia de la convocatoria lanzada en tal sentido por CCOO, CNT, CSUT y UGT, y en apoyo de sus reivindicaciones. Estas reivindicaciones se concretan en la inmediata celebración de elecciones sindicales, cobro de los atrasos correspondientes a la subida salarial del presente año, aplicación del horario de 40 horas semanales, estabilidad del personal contratado e interino y discusión democrática del futuro del organismo, dependiente del Ministerio de Trabajo”.
EL PAÍS, 15/03/1978

En 1978, tras la legalización de los partidos políticos y los sindicatos, y con los Pactos de la Moncloa, se crea el Instituto Nacional de Empleo (I.N.E.M.), el cual incorporará la gestión de las prestaciones por desempleo. En 1980, con la Ley Básica de Empleo, aprobada por el gobierno de la UCD, se le asigna al servicio público de empleo el monopolio de la colocación. Será esta misma Ley la que otorgue carta de naturaleza a la formación ocupacional pública, estableciendo que el INEM, en relación con los programas de Promoción de Empleo, establecerá un Programa anual de Formación Profesional Ocupacional, que con carácter gratuito, asegure la adecuada formación profesional de quienes quieran incorporarse al mundo laboral o, encontrándose en él, pretendan reconvertirse o alcanzar una mayor especialización profesional.

En estos momentos, en España, los servicios públicos de empleo están formados por la red territorial de servicios de empleo autonómicos, con competencia para atender a las personas en desempleo o en mejora de empleo, y a las empresas que quieren cubrir vacantes; y la red del servicio estatal, competente para gestionar las prestaciones por desempleo. Así, en las oficinas de empleo -que fueron transferidas a las comunidades autónomas- comparten espacio los/as trabajadores/as de ambas administraciones.

La protección por desempleo tiene su origen a mediados del S. XIX con las “Sociedades de Socorros Mutuos”, creadas por la clase obrera. En 1923 se perciben subvenciones estatales; estableciéndose legalmente, en el año 61, el “seguro de desempleo”. En el 67 se aprueba la Ley de Seguridad Social, en la que se recogen las normas para la aplicación y desarrollo de la protección por desempleo. En 1984 se aprueba la Ley de Protección por Desempleo”, consolidándose así en España el sistema de protección por desempleo.

Tras el incumplimiento del gobierno del PSOE de garantizar el derecho al trabajo, (en el 82 prometió crear 800.000 puestos de trabajo y un año después se habían destruido 800.000 empleos) el “Felipismo” se caracterizó por el desprestigio y la privatización del servicio público de empleo, y la paulatina reducción y asistencialización del sistema de prestaciones por desempleo. Cuatro huelgas generales, fueron la respuesta a la prepotencia y la imposición vía “decretazo” de las sucesivas reformas laborales, que supusieron la desregulación y la precarización del mercado de trabajo.

En 1985 el gobierno “socialista” privatizó la formación ocupacional, con el progresivo deterioro en la gestión del servicio, convirtiendo las funciones técnicas de los formadores públicos en tareas burocráticas de seguimiento y control de los centros de formación privados. Los sindicatos fueron los mayores beneficiarios de este proceso de privatización de la formación ocupacional, hecho crucial para el posterior desarrollo del sindicalismo de clase en nuestro país: una de las principales patas de la paz social del sistema capitalista.

En 1988, aprueban la Ley de Infracciones y Sanciones, con la que mandan un mensaje social claro: los y las trabajadoras en paro, especialmente en el caso de ser perceptores/as de prestaciones no buscan trabajo, cometiendo además, muchos/as de ellos/as, fraude al trabajar en economía sumergida al tiempo que cobran la prestación. Se asume la creencia de que “es justo y necesario” erradicar ese fraude que perjudica a la colectividad, aplicando un régimen de sanciones.

A partir de 1991 el politizado INEM asiste a una larga marcha de privatizaciones y recortes en las prestaciones por desempleo:

• En 1992 el primer “Decretazo”: ampliación del período mínimo de cotización para causar derecho a la prestación, disminución de la duración de la prestación y de la cuantía en el nivel contributivo. Asistencialización de un tramo de la cotización que antes era contributivo, (acceso a un subsidio de quienes no tuviesen responsabilidades familiares) y variación del límite inferior del subsidio en base a esta situación. Más desregulación y mayor precarización con esta reforma.

• En 1993 se rompe el monopolio de la colocación legalizándose las Agencias Privadas de Colocación “sin ánimo de lucro” y dejándose en manos de la patronal todo el control de la contratación, rompiendo el principio de igualdad de oportunidades en el derecho al trabajo. Y lo que es bastante peor, se legalizan las Empresas de Trabajo Temporal, lo que da vía al prestamismo laboral, a unos niveles de precarización intolerables del mercado de trabajo: mayor degradación y precarización de las relaciones laborales y de la propia posición de la clase trabajadora. La Ley de Medidas Fiscales, Régimen Jurídico de la Función Pública y Protección por Desempleo de 1993 supone el descuento de la cuantía de la prestación de la aportación que, por la contingencia de seguridad social, corresponde al/la trabajador/a.

• En 1994 el segundo “Decretazo”. Con él se privatizan los servicios destinados a la “mejora de la empleabilidad de los trabajadores”: acciones de calificación profesional (aplicación de pruebas a los y las trabajadoras para determinar su nivel de cualificación), información, orientación profesional y búsqueda activa de empleo.

En el año 2000 se transfiere a la Comunidad de Madrid la competencia de la formación ocupacional, y en el año 2002 se transfiere la de empleo, consecuencia de la chapuza del Estado de las Autonomías pactado en la Constitución.

Lo idóneo hubiese sido, en un modelo de estado federal, desconcentrar, no transferir competencias, para garantizar el principio de proximidad en la prestación del servicio, garantizándose de este modo, la igualdad en los servicios recibidos y en su calidad, independientemente del territorio en el que se viva.

El binomio Fidalgo-Aznar, caracterizado por la “concertación social” y su inmediata consecuencia: la contención salarial, y los grandes pactos: Pacto de Toledo, Pacto sobre las pensiones… tendrá la excepción de la huelga del 20-J en 2002, contra otro nuevo “Decretazo”, en base al cual se pretende abaratar aún más el despido y eliminar el subsidio agrario. Se retiró casi entero.

En 2004 llega al poder de nuevo el gobierno del PSOE. El panorama laboral en nuestro país no puede ser más desolador. El mismo gobierno en sus “líneas de actuación en el mercado de trabajo para su discusión con los interlocutores sociales en el marco del diálogo social”, es decir en la nueva reforma laboral en ciernes, reconoce la imperiosa necesidad de crear empleo, reducir la dualidad, la segmentación y la temporalidad existente en el mercado de trabajo español… Pero las recetas que propone son las mismas de siempre: mejora de la “empleabilidad” y de los mecanismos de intermediación laboral, frente a la creación directa de empleo público. Para ello, plantea la legalización de las Agencias Privadas de Colocación “con Ánimo de Lucro” y las empresas de recolocación, frente a la mejora de los Servicios Públicos de Empleo.

PRINCIPALES PROBLEMAS DE LAS Y LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO

1. Privatización de sus servicios

Eufemísticamente el gobierno autonómico popular llama “externalización” a la privatización de los servicios públicos. En definitiva, es el despilfarro del dinero público para la gestión privada de servicios públicos gestionados eficaz y eficientemente, con la mitad de coste, alegando la obsolescencia y falta de rentabilidad de la gestión pública, y la ineficiencia de los/as empleados/as públicos/as. El proceso privatizador del partido popular en Madrid lo ha asolado todo.

El Servicio Regional de Empleo, del que depende la red de oficinas “del paro” se ha ido degradando sin límite, convirtiéndose en un mero contador de estadísticas manipuladas, y circunscribiéndose la gestión de la colocación a una gestión residual para aquellos subempleos vacantes, que no se cubren por otros canales de intermediación por sus nefastas condiciones. No hay empleo, pero si lo hubiese daría igual, porque no se dedica ni un solo recurso a la prospección local. Este gobierno ha privatizado aún más la formación, de manera, que hay cursos que imparten academias privadas de los que en las oficinas de empleo no se sabe nada, y que no tienen ningún tipo de control sindical (Cursos de Licitación), incluso se vislumbra ahora su intención privatizadora sobre el control de la calidad de las acciones formativas impartidas por los centros privados; las acciones de “mejora de la ocupabilidad de los/as desempleados/as”: información, orientación y búsqueda activa de empleo… La Consejera de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid privatizó en 2009 el estudio y valoración de los expedientes de solicitud de las subvenciones para la promoción del empleo autónomo, encomendando la gestión a la Cámara de Comercio e Industria de la Comunidad de Madrid por un importe superior a los 300.000 euros… ¿?

2. Precariedad y horas extraordinarias para combatir la falta de recursos humanos y materiales

La popular idea de que todos/as los/as empleados/as públicos/as tenemos un empleo vitalicio y muchos privilegios, dista mucho de la realidad. Aproximadamente, el 30% de los y las trabajadoras de las administraciones públicas están contratados temporalmente, y el Servicio Regional de Empleo no es una excepción a esta regla.

En su último informe, el Defensor del Pueblo recogía el notable incremento de quejas recibidas por la excesiva demora en la tramitación de las solicitudes de prestaciones y subsidios por desempleo, y por las largas colas que se forman en las oficinas.

Si antes de la crisis la plantilla de la red de oficinas era insuficiente, desde la crisis, es insultantemente raquítica. La situación es caótica.
Según datos del propio Ministerio de Trabajo e Inmigración, ¡qué eufemismo! enero registra 124.890 desempleados y desempleadas más (3,1% de incremento con respecto al mes anterior). De modo, que el paro registrado se sitúa en 4.048.493 personas.

Según los datos de la Encuesta de Población Activa, en el cuarto trimestre de 2009 el número de parados aumentó en 203.200 personas, respecto al trimestre anterior, situándose en 4.326.500, incrementándose la tasa de desempleo en nueve décimas y situándose en el 18, 83%, de modo que en el último año, el número de personas sin empleo se incrementó en 1.118.600 personas.
El número de personas que solicitan servicios del Servicio Público de Empleo no para de crecer, no así el número de trabajadores/as.

Muchos de los locales son pequeños, con indescriptibles riesgos para la salud…, algunos no tienen aseos públicos para los/as usuarios/as. Resultan tan inapropiados, que obligan a los/as desempleados/as que acuden a sus instalaciones, a permanecer largas horas de pie en la calle, bajo el frío, la lluvia o la nieve, porque no hay espacio suficiente en el interior; o a sus trabajadores/as a atender a personas con situaciones personales y familiares muy complejas: mujeres que sufren malos tratos,… sin ningún tipo de intimidad. Muchos de ellos tienen todo tipo de barreras arquitectónicas, que dificultan sobremanera el acceso de los/as trabajadores/as con alguna discapacidad física. Desde la transferencia a las Comunidades Autónomas la gestión de los locales es competencia de éstas.

Debido a la imposibilidad material de atender las infinitas colas de cada día, en las oficinas con más carga de trabajo, se ha ido limitando el número de personas a atender en función de los recursos existentes, viviéndose situaciones de “venta de números en la cola” por un importe de unos 30 euros por parte de algunos/as desempleados/as, ya que la persona que acude no tiene garantía de ser atendido el mismo día, y muchos de los trámites están sujetos a una fecha determinada.

De acuerdo con los últimos datos del Ministerio de Trabajo, correspondientes al mes de marzo, el número de solicitudes de prestaciones aumentó un 83% respecto al mismo mes de 2008, hasta situarse en 700.555. En total, en el tercer mes del año se tramitaron 647.561 altas, un 85,6% más. El plazo medio de reconocimiento de la prestación fue de cinco días, tres días menos que un año antes. Los/as beneficiarios/as de prestaciones por desempleo registrados/as a finales de marzo ascendieron a 2.572.178, un 61,4% más que marzo del año anterior. De esta cantidad, el 13,65% de los/as perceptores/as eran extranjeros/as, que necesitan más tiempo en la atención por las barreras culturales y lingüísticas.

El alarmante incremento de las cifras de paro, la avalancha de expedientes de regulación de empleo, y la graciable limosna del gobierno de los 420 euros a aquellas personas sin derecho a protección por desempleo y sin ingresos, ha servido de espejo social de la situación de la clase trabajadora ocupada y desempleada en este país en los últimos meses. “Tiempos Modernos” de Chaplin es un buen reflejo de las condiciones de trabajo de la red de oficinas de empleo. Como respuesta, en septiembre de 2009 se distribuyeron unas instrucciones a las Direcciones Provinciales del INEM para la asignación de personal al horario extra de tarde (posibilidad de que los/as funcionarios/as trabajasen dos tardes a la semana, de las 16:30 a las 18:30, a cambio de 300 euros más al mes). El Ministerio opta por la fórmula de que sea el funcionariado quien doble el horario, en vez de realizar nuevas contrataciones. Y se abrieron por la tarde las oficinas con dicho personal exclusivamente para tramitación interna, (aquí debo explicar que en el horario de atención al público: de 9 a 14 horas, se atiende al público, pero luego hay que hacer toda una serie de trámites administrativos para los que se requiere también mucho tiempo) no para atención al público. ¡Por supuesto! no sirvió para nada. Tenían prevista una segunda vuelta de tuerca en la que ya sí se atendiese al público en horario de tarde, y cabe señalar que, aunque la realización de “horas extras” al inicio era “voluntaria”, finalmente no se llevará a cabo, al no haber acuerdo sindical por estimar que supone un cambio en la jornada laboral, que requiere otros procedimientos para su implantación.

La actual situación requiere un incremento en la contratación del personal que atiende directamente al público, ya que la política de recursos humanos del Servicio Regional de Empleo, es una pirámide invertida: más jefes que indios ¡con perdón!, el grueso de gente concentrada en servicios sin atención al público, y una plantilla raquítica en los mostradores. Por no hablar de la dificultad en la sustitución de las bajas, o la negativa a sustituir al personal en época de vacaciones, o de formación interna.

La enorme rotación en los puestos de trabajo implica que, además de la tarea habitual, alguien de la oficina tiene que formar a los/as compañeros/as que se incorporan, casi sin ninguna formación para el puesto que van a desempeñar, con el agravante de que cuando ha aprendido el trabajo son sustituidos/as por otros/as trabajadores/as igualmente precarios/as. La contratación debería ser estable y con una formación adaptada al puesto a desempeñar.

Un aumento de las horas de trabajo en estas condiciones, supondría un riesgo para la salud de la plantilla de las oficinas, es la máxima del capitalismo: aumento de la producción a costa del/la trabajador/a. La empresa se ahorra crear más puestos de trabajo, aumentando la jornada laboral de la plantilla existente, y como los salarios son bajos, el/la trabajador/a ya explotado/a acepta, alegando que “necesita el dinero”. Se olvidan las luchas obreras que conquistaron para todos nosotros la jornada laboral de ocho horas. Si el salario es insuficiente reclamemos subida salarial para poderle hacer frente a las deudas, en ningún caso, horas extras. Te ves obligado a despojarte de tu vida personal y social, y por supuesto, de tu salud. Al tiempo que se consigue el enfrentamiento entre compañeros/as de trabajo.

3. Riesgos psico-sociales de quienes trabajan en las Oficinas de Empleo

Los/as empleados/as públicos que trabajamos en la red de oficinas de empleo, estamos acusando un alto estrés laboral provocado por las condiciones laborales, derivadas de la organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea.

Sufrimos la descalificación permanente de nuestro trabajo, y la máxima responsable de nuestra organización, Esperanza Aguirre y su equipo de gobierno, no cesan de proferir insultos en los medios de comunicación sobre el alto nivel de absentismo de los/as trabajadores/as de la Comunidad de Madrid, afirmando que no considera que el empleo público sea un factor de calidad y estabilidad en el conjunto del empleo, y que si se fomentase el empleo público “habría colas, escasez, hambre, miseria y corrupción”. Sostiene, que su obligación es destinar el menor dinero posible al empleo público y garantizar que la economía productiva, que es la que funciona en este país, pague los menos impuestos posibles para crear el mayor número de empleos, y ¡a fe que lo cumple!

Hace no mucho tiempo, realizaron una encuesta a los y las usuarias de las oficinas de empleo, cuyos resultados valoraban muy positivamente nuestro trabajo en las oficinas, informe que nunca vio la luz pública. Las imágenes de nuestros centros de trabajo en los medios de comunicación, jamás reflejan la realidad de un servicio social que prestamos con mucha dignidad, y de una manera eficaz, aunque con un coste muy elevado para nuestra salud por, entre otros, los siguientes factores:

• sobrecarga de trabajo: la cantidad de tarea no se puede realizar con la calidad necesaria en el tiempo disponible, y sobrepasa la capacidad propia del/ la trabajador/a para controlarla. No se puede sostener el binomio cantidad-calidad, sin un coste en la salud.
• Ritmo excesivo de trabajo. Los y las empleadas públicas y los/as trabajadores/as desempleados/as somos personas, no máquinas, ni números. Permanentemente se cuestiona al/la trabajador/a de las oficinas por disfrutar de su descanso de desayuno, o ante la insuficiencia de puestos en la atención, cuando realmente los/as trabajadores/as, sufren, junto con los/as desempleados/as la falta de recursos.
• Riesgos de la integridad física. La desesperación de los/as trabajadores/as -no olvidemos que Según datos de la EPA del cuarto trimestre, el número de hogares con todos sus miembros activos en paro es de 1.220.000, y que desde la crisis se ha incrementado en un 210% el paro de larga duración- provoca que en los últimos meses se hayan incrementado las amenazas e intimidaciones, especialmente cuando no puedes atender a personas que han estado de madrugada varias horas haciendo cola para tramitar sus papeles, y en esas situaciones, nuestra seguridad es bastante cuestionable. Por otro lado, ante una agresión, luego se inicia otra nueva agresión institucional contra el/la trabajador/a.
• Se ha privatizado todo, de manera que somos meros selladores/as, registradores/as de cifras de paro, o meros controladores/as de la documentación que aportan las empresas privadas que gestionan. Se ha sacado del ámbito de la oficina casi todo el trabajo técnico, dejando el trabajo más rutinario en las oficinas de empleo. Por ejemplo, los/as antiguos/as formadores/as, ahora se dedican a revisar las facturas,… de las academias privadas que imparten los cursos.
• Indefinición de funciones y tareas para cada categoría profesional.
• Escasa comunicación, información y formación relacionada con nuestro puesto de trabajo. Existe un/a coordinador/a de oficinas, compañero/a al que ni siquiera conocemos. Solemos enterarnos de las medidas que se van a implantar en la organización por la prensa, la tele, o por los/as propios/as usuarios/as…
• Falta de participación de los trabajadores en la organización.
• Precariedad del trabajo para un porcentaje importante de la plantilla.
• Malas condiciones físicas: locales inadecuados: pequeños, insalubres… malas condiciones ergonómicas y de seguridad e higiene. Sobre nosotros también recae el peso de ver a otras personas pasando frío en la calle, o diciéndoles que no hay un aseo público al que puedan pasar… La pésima organización del trabajo imposibilita que te concentres en una tarea, de manera que tienes que hacer gestiones internas, que requieren especial concentración para no equivocarte, al tiempo que la gente hace todo tipo de preguntas por la inadecuación de los espacios, atiendes los teléfonos…
• Síndrome de burnout cada vez más presente: síntomas de agotamiento emocional, cansancio físico y psicológico, junto con la sensación de ineficacia, de sentir que el trabajo que haces no vale para nada. Es durísimo ver a una persona con mucha necesidad venir cada día a buscar trabajo, formación… un día, otro día, un mes, otro mes… y que como profesional no puedas ofrecerle nada, por falta de recursos. Nuestro trabajo lleva implícito un alto componente de implicación emocional. De esta manera, te ves obligado a distanciarte de las personas que atiendes, valorando muy negativamente el trabajo que desarrollas, perdiendo la autoestima profesional, y mostrando una alta insatisfacción y desmotivación laboral.
• Malas condiciones salariales. Como la mayoría de la clase trabajadora, no llegamos a final de mes. (Aguirre afirmaba que a los/as trabajadores/as de la Comunidad de Madrid se nos había incrementado el salario en un 5%. La verdadera subida salarial ha sido del 0,3%, sobre un salario congelado, es decir, por debajo del IPC, desde hace ya muchos años.
• Inexistencia de promoción profesional…

Reformar el Servicio Público de empleo, significa defender la titularidad y la gestión pública de éste para garantizar la universalidad y la igualdad de quienes lo necesiten; con un marco legislador nacional y con desconcentración de funciones, para prestar el servicio con la misma calidad, independientemente de dónde vivas; con órganos de participación ejecutivos, y no consultivos, de los y las trabajadoras públicos en la gestión y en la toma de decisiones; y con una dotación de recursos humanos -con empleo estable y con derechos- y materiales suficientes, profesionalizando y despolitizando en gran medida la pirámide organizativa. No es de recibo que a estas alturas quien lo desee no pueda consultar a través de la red la totalidad de ofertas que gestiona la red de oficinas. Modernización debería significar introducción de las nuevas tecnologías al servicio de los y las usuarias, no privatización. Con la crisis deberían haberse puesto en marcha mecanismos redistribuidores como: abono transporte gratuito para los y las trabajadoras desempleadas; aulas en las oficinas con teléfonos, ordenadores, prensa… al servicio de la búsqueda de empleo.

Los y las trabajadoras de las actuales “Oficinas del Paro” nos solidarizamos con los y las trabajadoras desempleadas que acuden a nuestros centros de trabajo a demandar los servicios que prestamos, y a los que tienen derecho, compartiendo una situación absolutamente inaceptable.

Exijamos todas y todos juntos al Presidente de la Nación, y a la Presidenta de la Comunidad de Madrid, que dejen de gastar el dinero público en rescates de bancos, o rebajas fiscales de quienes más tienen, y comiencen a invertirlo en la creación de empleo público directo, y en la mejora de los Servicios Públicos de Empleo.

* Paloma Martín Torpedo, Trabajadora de una Oficina de Empleo de Madrid.

Artículo de www.profesionalespcm.org insertado por: El administrador web - Fecha: 14/05/2010 - Modificar

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