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Sección: Mundo Insurgente

Título: Un boomerang para la derecha- Enlace 1

Texto del artículo:

Carlos Fonseca Terán
Un boomerang para la derecha
01:48h. del Lunes, 3 de agosto.

Con matices diferentes, todo el mundo (literalmente) está de acuerdo en que Manuel Zelaya fue derrocado mediante un golpe de Estado, concepto que en el lenguaje político contemporáneo se usa para referirse a la sustitución más o menos violenta de un gobierno legítimo por otro que no lo es, estando la legitimidad o no de ambos vinculada con el hecho de originarse o no (respectivamente) en la institucionalidad del país, que en el caso de Honduras consiste en la elección directa mediante sufragio universal.

Desde los grandes gurúes políticos norteamericanos hasta los criollos voceros oficiosos de poca monta, todos los ideólogos de la derecha y los que pretenden serlo se lavan las manos condenando el golpe, aunque algunos lo celebran abiertamente en editoriales paradójicamente dedicados a “defender la democracia”. Pero mientras la derecha más sensata condena el golpe, por otra parte lo vincula con la polémica acerca de la legitimidad y legalidad de lo actuado por Zelaya antes de su derrocamiento, considerándolo ilegítimo e ilegal; lo cual no es más que volverse a ensuciar las manos justificando el golpe.

Esta pretensión de legitimar un golpe de Estado mientras por otra parte se le condena como una forma de otorgar credibilidad a su justificación, es la aceptación tácita de que el discurso democrático es utilitario y no de principios, porque la democracia es buena si es para defender los intereses de clase con los que se identifica quien así la considera; debido a que mientras los antagonismos de clase definan la acción social de los seres humanos, la democracia será un instrumento para legitimar el poder de una clase o grupo de ellas sobre las demás, máxima expresión de las contradicciones entre ellas.

El reconocimiento vergonzante del carácter instrumental de la democracia por quienes la presentan como un asunto ético y la limitan a ciertos modelos que responden a determinados intereses, cambia las reglas del juego mediante un precedente que recuerda el carácter violento que lamentable e inevitablemente tendrá el fin del capitalismo – si éste llegara a ocurrir –, debido a la esencia violenta del poder ejercido por quienes tendrían mucho que perder con esto.

La supuesta ilegitimidad con que actuó Zelaya se atribuye a que rompió con la institucionalidad… ¡por pedir al pueblo que se pronunciara sobre si quería ser consultado o no en un futuro acerca de su opinión favorable o no a la elaboración de una nueva Constitución Política! Si consultar al pueblo va contra determinadas normas institucionales, es obvio que tales normas son antidemocráticas y en todo caso, desde la visión de derecha que presenta la democracia como un asunto de orden ético, esto más bien legitimaría la ruptura de semejante institucionalidad. Pero según la doctrina liberal, el principio fundamental de la democracia es la soberanía popular, de lo cual se deriva que, sea cual fuere el orden jurídico-político establecido, la convocatoria a una constituyente es un derecho del pueblo (escrito o no), porque es la expresión concreta de tal soberanía mediante el acto creador del Estado de Derecho por excelencia. Promover acciones cuya finalidad es la convocatoria a una Constituyente no significa violentar institucionalidad democrática alguna, aunque en la Constitución Política correspondiente existan artículos “pétreos” que de antemano prohíban cualquier acción encaminada a su eliminación; pues en todo caso, la acción que conduce a una posible Constituyente no está específicamente orientada a la reforma o eliminación de tales artículos, sino a hacer borrón y cuenta nueva. Es decir, determinados artículos de una Constitución no pueden estar por encima del principio cuya aplicación ha dado origen a la Constitución misma, que es el de la soberanía popular; por eso en Derecho hay un principio que dice: El que hace, deshace. En su condición de soberano, el pueblo tiene derecho a darse el orden jurídico-político que quiera, sin restricciones de ningún tipo, más que las procedimentales cuyo cumplimiento llevó a Zelaya, a declarar que la consulta o encuesta que pretendía hacer, no tenía carácter vinculante ni generaba derecho, razón esta última por la cual no era un asunto a ser conocido por el Poder Judicial. Por su parte, el carácter no deliberante de las Fuerzas Armadas no da espacio alguno para que un militar interprete cuál es su deber en caso de que su máximo jefe, el Jefe de Estado (el Presidente de la República en este caso) le dé una orden contradictoria con la resolución de determinado juez; la orden del Presidente debe ser acatada, y sus consecuencias no serán responsabilidad del que la ejecutó, sino del que la emitió.

Pero los golpistas hondureños no actuaron motivados por una rara interpretación jurídica de la acción de Zelaya al promover la cuarta urna en que se haría la mencionada consulta al pueblo hondureño, sino porque Honduras pertenece al ALBA y por la cercanía del depuesto Presidente Zelaya con Hugo Chávez y compañía de la izquierda revolucionaria latinoamericana; pero sobre todo, porque un eventual resultado positivo de las acciones de Zelaya encaminadas a la instauración de la democracia directa y el poder ciudadano en Honduras, dejaría sin su poder tradicional a la clase política, según confesó el propio Micheletti en su primera entrevista como gobernante de facto, en que atribuyó la pérdida de apoyo a Zelaya por parte de los diputados liberales, a que éstos sentían que una posible Constituyente volvería inciertos sus curules.

Sin embargo, el verdadero objetivo de Zelaya y la izquierda hondureña que se ha articulado por vez primera alrededor de su liderazgo, era generar conciencia y movilización popular mediante el impulso de un proyecto de transformación social identificado con los intereses de las clases populares, cuyo primer paso era la instauración del Poder Ciudadano a través de una Constituyente. Pero el objetivo político del llamado a pronunciarse sobre la cuarta urna, la eventual instalación de ésta con los mecanismos de vigilancia correspondientes y la realización de la Constituyente que estableciera el nuevo orden jurídico-político para la instauración del Poder Ciudadano fue cumplido con mayor efectividad, irónicamente gracias al golpe de Estado, en vista de que éste movilizó al pueblo en su contra aún más de lo que podría haberlo hecho a su favor la consulta sobre la cuarta urna. Los golpistas lograron en unas horas lo que a la izquierda hondureña le habría costado años.

Independientemente del resultado de los esfuerzos para el ingreso del Presidente legítimo de Honduras a su país, ahora la izquierda hondureña tiene el reto de hacer surgir de la actual movilización popular, toda una nueva fuerza política que rompa con la hegemonía de liberales y conservadores en la vida política del país.

La oligarquía hondureña es la más atrasada de América Latina, y la que menos problemas ha tenido. Su falta de experiencia en enfrentar a un enemigo real, la llevó a cometer una serie de errores garrafales: primero, el secuestro y expulsión del Presidente antes de ser destituido por el Poder Legislativo en base a una carta burdamente falsificada en la que supuestamente renuncia; luego, el rechazo a la propuesta de Arias, que era para un retorno de Zelaya que en la práctica equivaliera a su renuncia, debido a que se cumpliría en todo caso, el objetivo de los golpistas de impedir la instauración de la cuarta urna y por tanto, de la consulta popular – que además, estaba menos asegurada al momento del golpe que después –.

Si la oligarquía y la clase política tuvieran respaldo popular, no tendrían que haber recurrido al golpe: simplemente hubieran apostado a que ganara el NO en la consulta, y a que prevaleciera el rechazo a la Constituyente en caso de que se lograra instaurar la cuarta urna, lo cual además, estaba en manos del mismo Poder Legislativo que se pronunció en contra de Zelaya y que era casi imposible aceptara hacer el llamamiento correspondiente. Pero la derecha hondureña se puso nerviosa y disparó a un enemigo que venía a diez kilómetros, con un arma cuyo alcance era de medio kilómetro.

Lo demás son acontecimientos en pleno desarrollo, como dice Walter Martínez: la represión usando pintura roja para identificar a los manifestantes, los encarcelamientos ilegales, los muertos, los posibles desaparecidos, la férrea censura de prensa, el aislamiento de Honduras en la comunidad internacional, los intentos de Zelaya por retornar al país que lo eligió Presidente. Nadie sabe cómo terminará esto; lo que sí se debe saber es que la lucha revolucionaria ya comenzó en Honduras, y que después del primer paso esas luchas no paran de andar jamás.

Artículo de www.profesionalespcm.org insertado por: El administrador web - Fecha: 04/08/2009 - Modificar

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