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Secciones: Argentina -  Antiglobalización

Título: Causa penal 8568/99 contra el saqueo de Repsol-Ypf en Argentina

Texto del artículo:

PARA CONSUMAR LA ESTAFA A LOS EX TRABAJADORES DE YPF S.A. , PETROQUÍMICA GRAL. MOSCONI, GAS DEL ESTADO Y EL PUEBLO EN GENERAL...

NECESITAN DEL SILENCIO

QUE NO SE DIGA, QUE NO SE HABLE, QUE NO SE SEPA

USTED PUEDE ROMPER ESA TRAMPA

HABLE DE LA CAUSA PENAL 8568/99

Repsol-YPF

La causa penal, la estafa a sus trabajadores y el robo al pueblo argentino

Documento elaborado por la Agrupación Enrique Mosconi

Regional La Plata-Berisso-Ensenada

El siguiente es un resumen de los pormenores políticos y judiciales de la causa que estamos llevando adelante los ex trabajadores de YPF, Petroquímica General Mosconi y Gas del Estado en la región y en todo el país, que no sólo nos ha afectado directamente sino que constituye un dramático ejemplo del saqueo que mediante las privatizaciones se consumó hacia todo el Estado y el pueblo argentino.

Fuimos cerca de 30 mil los ex trabajadores de YPF, Petroquímica Mosconi y Gas del Estado despedidos a principios de la década de los ´90 en el marco de las reformas neoliberales y privatizadoras, de los cuales unos 6 mil correspondían a nuestra región de La Plata, Berisso y Ensenada. Al principio fue una verdadera bomba que impactó no sólo en los destinos de nosotros y nuestras familias, sino en toda la actividad económica y social de poblaciones enteras cuya actividad estaba estrechamente vinculada a estas empresas, tanto directa e indirectamente.

Luego de esos durísimos primeros tiempos, poco a poco pudimos volver a reunirnos y organizarnos. La ley 23.696 de Reforma del Estado sancionada en 1989 determinaba que los trabajadores de las empresas a privatizar éramos dueños del 10% del paquete accionario, denominado Programa de Propiedad Participada, que nunca nos fueron reconocidas. En la lucha por su cumplimiento los ex trabajadores realizamos innumerables actividades, a veces pagándolas con cárcel y represión, con el único apoyo de nuestras comunidades y a veces sus estamentos representativos, como los Consejos Deliberantes de Berisso y Ensenada. Producto de este esfuerzo fueron la ley 25.471/01 y dos fallos de la Suprema Corte de Justicia dándonos la razón (Caso Antonucci y Caso Albornoz).

Dicha ley fue sancionada como respuesta a nuestras protestas, pero el entonces presidente Fernando De la Rúa la vetó. Transcurrido el año que fija la ley el Congreso volvió a promulgarla "por insistencia", y ya con el nº 25.471/02 incluyó el pago en el presupuesto 2003 y se constituyó una comisión para fijar los importes según parámetros de antigüedad, cargo y tiempo transcurrido. Esta comisión elaboró doce propuestas, todas ellas por cifras exiguas y a pagar en bonos, que además excluían a los ex trabajadores de Petroquímica Mosconi y Gas del Estado.

Nosotros seguimos adelante con las medidas de lucha hasta que se nos volvió a reconocer nuestro derecho, estableciendo el gobierno provisional de Eduardo Duhalde un monto de 60 mil pesos como indemnización. Pero un mes antes de entregar el mando, Duhalde firmó el decreto 1077/03 que bajó abruptamente la cifra a unos 20 mil pesos a cobrar en bonos 2016, o sea cerca de 8 mil pesos reales por medio de financieras, condicionando la aceptación de ese cobro a que desistiéramos de las acciones judiciales en trámite y aún a la posibilidad de iniciar nuevos juicios. Otra vez volvimos a ejercer medidas de protesta y en el 2004, el ex presidente Néstor Kirchner firmó el decreto 821/04 que nos ofrecía 24 mil pesos/bonos con el mismo requerimiento: el que aceptara el cobro debía abandonar los juicios.

Fue entonces que descubrimos la causa penal nº 8568/99 "YPF s/ delitos de acción pública" promovida desde Córdoba por la Dra. Alejandra Dibo, que -debido a la avanzada edad de muchos de nosotros y las consecuentes dificultades de acceso a internet y las nuevas tecnologías- no conocíamos en la región. De su análisis descubrimos varias cosas: en primer lugar que promoviendo la indemnización a través de la 25.471 el que paga es el Estado Nacional, o sea todo el pueblo argentino, con lo cual se sigue perpetuando el saqueo. También de que las siete resoluciones conjuntas del Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo que determinaban la forma de pago y nuestra exclusión del mismo, nunca fueron publicadas en el Boletín Oficial, adoleciendo por lo tanto de nulidad absoluta.

Pero lo más grave de todo fue comprobar que nuestras acciones -clase "C" y por lo tanto nominativas- habían sido compradas por el Estado Nacional y luego vendidas a precio de remate a Repsol sin el mandato de los trabajadores, delito gravísimo que fuera señalado por la propia Bolsa de Valores a YPF S.A. La operación fue realizada mediante una Oferta Pública de Adquisición (O.P.A.) que reguló las dos ventas más importantes de acciones a Repsol S.A. y debería ser declarada nula de toda nulidad por los elementos antedichos. El 20 de enero de 1999 la empresa entregó una oferta de compra al Estado y ese mismo día se firmó el denominado "Convenio YPF", donde se arregló que la empresa recibiría todo el paquete (nuestras acciones incluidas) por adjudicación directa. En el convenio participó como fondo Fiduciario de Fideicomiso el Banco de la Nación Argentina, pactándose que -sujeto a ciertas condiciones como la remodelación del Estatuto de YPF- Repsol compraría 52.914.700 acciones a 38 dólares cada una, por lo que el monto total de la operación ascendió a unos 2.011 millones de la moneda estadounidense. El negocio se concretó apenas 6 días después, el 26 de enero de ese año, cuando las acciones cotizaban 48 dólares en realidad, habiéndose ahorrado Repsol más 529 millones gracias a la generosidad de nuestros gobernantes. De esta manera, por adjudicación directa, Repsol se llevó el 14,99% de las acciones que todavía quedaban en manos de los trabajadores y el Estado argentino.

En el colmo de la burla, mediante la nota nº 141/99 del Ministerio de Economía, el propio Estado había designado como sus representantes en el Directorio de YPF S.A. a Alfonso Cortina de Alcocer, presidente de Repsol, y Miguel Angel Remon Hill, también integrante de esa empresa, el 26 de febrero de ese año. Además de una burla manifiesta al sentido común, esto constituyó una clara violación a las leyes 25.188 de Ética en la Función Pública y 19.550 de sociedades anónimas, y desató en un escándalo por el que la Casa matriz de Repsol pidió la renuncia de Cortina, quien pudo sin embargo consolarse con 25 millones de dólares de indemnización.

Fue en base al conocimiento de estos, entre otros hechos, que nos sumamos a los 1500 ex trabajadores querellantes en la citada causa 8568/99, donde se les imputan los cargos de defraudación, malversación y asociación ilícita a 33 directivos de la empresa, agentes de bolsa internacional y varios funcionarios y ministros que participaron directamente en la venta de esas acciones entre 1997 y 1999. Y por esto mismo exigimos que sea Repsol quien nos devuelva el dinero correspondiente por nuestras acciones, de las que se apropiara impunemente con la complicidad de aquellos funcionarios.

La causa durmiente

El 22 de mayo de 2006, cuando los 21 cuerpos de la causa ya superaban el metro de altura en el Juzgado Federal Nº 11 a cargo de Claudio Bonadío, la Dra. Dibo envió una carta al entonces presidente Néstor Kirchner con el propósito de ponerle "de manera fehaciente en conocimiento de todos los instrumentos legales para revertir esta política petrolera", subrayando que la venta manifiestamente fraudulenta de nuestras acciones debía y podía ser jurídicamente anulada. En esa misiva, la doctora le recordaba al presidente que podía "declarar nulos los contartos con Repsol y reclamar el dinero que nos fue robado por la firma ibérica, que extrae en forma irracional nuestros recursos no renovables", en momentos donde Repsol seguía acumulando franquicias a costa del patrimonio de los países latinoamericanos, ya que ni siquiera tiene cuencas hidrocarburíferas significativas en su país de origen.

No tuvo respuesta, como no la tuvieron las cinco cartas-documento que le enviamos al presidente marcando las suficientes pruebas del fraude que ya están ameritadas en la causa, y reconocidas -como ya se dijo- por la propia Corte Suprema de la Nación.
En Diciembre del 2006, luego de 6 mil fojas, 22 cuerpos de expedientes judiciales y siete años de proceso, el juez Claudio Bonadío emitió un sorpresivo fallo de dos carillas sobreseyendo todos los imputados.
Allí, Bonadío declaraba "extinguida la acción penal por inexistencia de delito" a pesar de que en una resolución del 29 de diciembre anterior había fundamentado un pedido de declaración indagatoria en que había suficientes motivos de sospecha sobre los directivos de la empresa y funcionarios que intervinieron en la privatización. Muchos de los imputados habían declarado ya al momento de emitirse el fallo, con la llamativa excepción de Cortina de Alcocer que debía hacerlo el 5 de mayo de ese año, pero el juez Bonadío se tomó una licencia dos días antes ahorrándole el viaje desde España. Dicha licencia se terminó prolongando dos meses, justo hasta la vuelta del presidente argentino Néstor Kirchner de una gira por ese país, donde negoció con el actual presidente de Repsol YPF, Antonio Brufau, nuevas inversiones de la empresa en Argentina. Cabe destacar que dos de los imputados -Mario Vázquez y Alejandro Mac Farlane, titulares en aquel momento de Telefónica de Argentina y Edenor respectivamente- integraron la comitiva presidencial en ese viaje.
Otros de los imputados y sobreseídos por la veloz resolución de Bonadío fueron los ex ministros Domingo Cavallo, Roque Fernández, Jorge Rodríguez, Armando Caro Figueroa y la funcionaria Alessandra Minniceli, esposa del actual ministro de Infraestructura Julio de Vido, quien fuera síndica suplente de las acciones clase A, B y C en el directorio de YPF S.A. desde 1996 hasta 1999, y al momento de producirse el fallo se desempeñaba en la Auditoría General de la Nación.. El juez emitió el sobreseimiento apenas terminada su larga licencia y dos días antes de la feria judicial.
La apelación fue realizado no sólo por la doctora Dibo sino también por el entonces fiscal Carlos Stornelli, y el 7 de julio de 2007 la Cámara criminal Nº 1 anuló el fallo del juez, devolviéndole las actuaciones y ordenándole un nuevo fallo en concordancia con sus propios considerandos y las pruebas presentadas por la querella "con la premura del caso en esta aletargada causa". Hasta el día de hoy, casi dos años después, la causa sigue durmiendo en algún sótano del juzgado y el juez insiste en no hacerse cargo.

La otra cara de la Justicia
La misma Justicia que tarda tanto en reconocer nuestros derechos fue, en cambio, muy rápida y efectiva para castigarnos a nosotros. Siete fuimos detenidos en Ensenada luego de una protesta en el año 2003, y mantenidos bajo proceso por "coacción agravada" durante los años. Así, a la desgracia de quedarse sin trabajo, la frustración por haber luchado tanto y recibir a cambio tanta burla, tuvimos que sumarle la presión de ser encarcelados y vivir con un proceso sobre nuestras cabezas. Muchos en estos años se suicidaron, como nuestro compañero Walter Lescano, que se arrojó a las vías del tren porque no pudo soportar semejante negación de Justicia.
El 24 de noviembre del año pasado, esa causa fue llevada a juicio oral en los tribunales penales de La Plata. Y después de todo ese tiempo de perseguirnos y presionarnos, luego de 4 dias de debate,fuimos sobreseidos,al carecer de fundamento la acusacion.

Mientras tanto, la causa que debería juzgar a los verdaderos responsables sigue congelada y la petrolera sigue adelante con sus negocios, habiendo declarado 8.704 millones de dólares de liquidez al cierre de su ejercicio 2008, y anunciando que quiere volver a vender parte de sus -o sea nuestras- acciones. El argentino Grupo Petersen compró a Repsol en febrero de 2008 una participación del 14,9% por 2.240 millones de la moneda estadounidense, incluyendo una opción de compra de una participación adicional del 10%, y la compañía había planeado una oferta pública de venta con el 20% de YPF el año pasado, pero tuvo que posponerla "debido a las adversas condiciones de mercado".

Durante todo este tiempo se llevaron 200 mil millones de dólares del país, y en la actualidad denuncian un costo de extracción de 7 dólares por barril (medida equivalente a 159 litros de petróleo crudo) y lo venden 42 dólares en el mercado interno una vez destilado, o sea que compramos nuestro propio petróleo más caro que al actual precio internacional y con un 700% de sobreprecio desde que sale del pozo hasta que sale de la Destilería. Se llevan lo que quieren a simple declaración jurada y con sólo un 30% de ese monto sujetos a retenciones, impuestos y controles, mientras que el 70% restante de esas divisas ni siquiera se rinden en el país y son de libre disponibilidad.

Nosotros en cambio seguimos acá, haciendo actos, movilizaciones y reclamos judiciales pero en la práctica excluidos del Estado de Derecho. Y los compañeros se nos mueren, o padecen todo tipo de secuelas físicas y psicológicas producto del desgaste al que nos lleva toda esta situación. Nosotros vivimos una época en la cual YPF era del Estado y nos garantizaba educación, salud, seguridad, una jubilación digna y un porvenir para nuestros hijos, pero nos encontramos con que de buenas a primeras estábamos afuera del sistema productivo, y ya no sabemos qué hacer.

Esperando contar con toda su solidaridad para conseguir de una buena vez Justicia para los culpables, lograr que REPSOL - Y.P.F. nos pague lo que por derecho nos corresponde y contribuir a la recuperación de todos los recursos energéticos para hacer efectiva una verdadera soberanía nacional.

Contactos:

Dra. Alejandra Dibo & Asociados

San José de Calazáns Nº 116 (Córdoba)
TE: +54 - 351 - 4237234-CP: 5000

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Carlos Guanciarrosa

Secr.Gral. de la Agrupacion"Enrique Mosconi" de ex trabajadores de YPF, Petroquímica Mosconi y Gas del Estado

Tel. 0221 421-0854 // carlosguancia@hotmail.com

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