Sección: ArgentinaTítulo: Víctimas de la dictadura argentina demandan a los bancos que apoyaron a la junta militar Texto del artículo:
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Víctimas de la dictadura argentina demandan a los bancos que apoyaron a la junta militar
Un reclamo judicial por complicidad corporativa en las cortes de Buenos Aires contra los bancos que financiaron al gobierno de facto
Los bancos que financiaron la junta militar argentina (1976-1982) deben ser responsables por haber ayudado al régimen a cometer crímenes de lesa humanidad, afirmó hoy un grupo de familiares de víctimas de acuerdo a la demanda civil que presentaron en un juzgado federal de Buenos Aires. Ese reclamo es el primero de una serie de demandas en diferentes jurisdicciones, todas imputando a bancos extranjeros complicidad al haber financiado el régimen militar.
Invocando diversas normas y antecedentes internacionales y norteamericanos, entre los que se encuentra la jurisprudencia del Tribunal de Nuremberg, que condenó a los empresarios alemanes que donaban dinero a la SS porque de esa manera facilitaban el funcionamiento de dicha organización, y diversas convenciones internacionales que sancionan a los cómplices de delitos graves, las víctimas reclaman que se condene a los bancos que otorgaron elevados volúmenes de créditos a la dictadura argentina a reparar los daños personales sufridos en concepto de “responsabilidad por complicidad corporativa”.
Una de las demandantes en esa causa, María Elena Perdighe, cuyos padres fueron secuestrados y asesinados por fuerzas de seguridad en 1977, señaló que “quiero saber quién le daba plata a la junta militar que gobernaba un país quebrado pero podía pagarle el sueldo a los asesinos de mi padres y comprar las máquinas para torturarlos”.
La deuda pública (no privada) externa de Argentina creció de U$S 6.648 millones en 1976 a U$S 31.709 millones en 1983. De ese total, más de 2/3 correspondían a créditos bancarios, sin contar US$ 5.441 millones en bonos que presumiblemente también estaban en poder de los bancos.
La junta militar aplicó una política monetarista, en la que la política cambiaria jugó un rol protagónico. Durante el gobierno de facto la economía argentina registró un PBI negativo y el sector público un déficit creciente. A pesar de eso, el gasto militar aumentó año a año durante la dictadura, en términos absolutos y su participación en el PBI nacional. Durante los primeros años de la dictadura, los más brutales, el gasto militar creció en general, pero disminuyeron las importaciones de armas, lo que demuestra cómo que el aparato militar estaba focalizando en sus tareas de “seguridad interior”.
Las víctimas le imputan a los bancos que estos sabían, de acuerdo a los informes públicos del gobierno de Estados Unidos y de las ONGs de derechos humanos y artículos periodísticos en diarios internacionales, la gravedad de la situación en Argentina. Y que gracias a esos préstamos la burocracia estatal en general, y la militar en particular –con la que se cometían los crímenes- pudieron financiarse y funcionar de manera eficaz.
De acuerdo a las discusiones desarrolladas en el congreso norteamericano y documentos oficiales, durante los ‘70 el gobierno de Estados Unidos le rechazó en numerosas oportunidades ayuda financiera a la dictadura Argentina, precisamente en virtud de los abusos de derechos humanos que violaban las normas más fundamentales del Derecho Internacional. También el gobierno de Estados Unidos votó en contra de los créditos multilaterales que la junta militar le solicitaba al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo.
Desde que los juicios contra los represores aún están tramitándose y que el Estado argentino implementó a favor de las víctimas un sistema de indemnización parcial y tarifado -que además, al pagarse en bonos, fue erosionado por los efectos del default y la reestructuración de la deuda-, la responsabilidad legal y económica de los cómplices que facilitaron la comisión de los crímenes es aún un tema abierto en la Justicia argentina.
El Dr. Juan Pablo Bohoslavsky, Hauser Fellow de la Universidad de New York, que ha realizado investigaciones legales sobre esta materia afirmó que “este proceso tiene una base legal en línea con los reclamos que las víctimas del Holocausto en la década del ’90 interpusieron contra los bancos de sus verdugos, para que se hicieran cargo de su rol facilitador del régimen nazi”. Y agregó, “en definitiva, es la misma lógica que en estos días se le aplica a los bancos en la lucha contra el terrorismo: el que financia los delitos, puede ser responsable”.
Fuente: www.elgritoargentino.com.ar
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Artículo de www.profesionalespcm.org insertado por: El administrador web - Fecha: 27/03/2009 - Modificar
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