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Sección: Convocatorias

Título: JUEVES 26/2/09 - la Asamblea Anticapitalista llama a una reunión unitaria para coordinar las movilizaciones del 28 de Marzo contra la crisis Foro Social Mundi- Enlace 1 - Enlace 2

Texto del artículo:

IMPORTANTE CONVOCATORIA JUEVES 26 FEBRERO 2009 a las 19h. en el centro social La Fé que esta situado en la calle La fe Nº10. Madrid
(Metro Lavapiés o Antón Martín, mapa en ENLACE 2)

Supongo que recordareis que la comisión de organización vimos la necesidad de convocar a la asamblea para preparar y coordinar las movilizaciones contra crisis que parten del foro mundial 2009 y que tendrán lugar el 28 de Marzo.
Es necesaria la máxima difusión para lograr una gran movilización unitaria.
La asamblea tendrá lugar el Jueves 26 de Febrero 2009 a las 19 horas en el centro social la fe que esta situado en la calle La fe Nº10.

Saludos:
Secretaría Movimientos Sociales PCE


PS:Por su importancia rogamos la máxima difusión de esta convocatoria a personas y organizaciones

-----------



26-F: la Asamblea Anticapitalista llama a una reunión unitaria para coordinar las movilizaciones del 28 de Marzo
La Asamblea Anticapitalista convoca a una nueva reunión para preparar y coordinar
las movilizaciones contra crisis que parten del foro mundial 2009 y que tendrán
lugar el 28 de Marzo. Es necesaria la máxima difusión para lograr una gran
movilización unitaria.

La asamblea tendrá lugar el Jueves 26 de Febrero 2009 en el Centro Social la Fé que
esta situadoen la calle La fe Nº10 (Lavapiés).

La Asamblea Anticapitalista viene trabajando desde noviembre con organizaciones
políticas, sindicales y ciudadanas de Madrid con el fín de coordinar una respuesta
conjunta ante la crisis.

MANIFIESTO DE LA ASAMBLEA ANTICAPITALISTA: "QUE LA CRISIS LA PAGUEN LOS CAPITALISTAS"

"La crisis de la economía capitalista, cuyo desencadenante, en agosto del año
pasado, fueron las denominadas hipotecas basura, se ha agravado a lo largo de los
últimos meses y está golpeando a la mayoría social con una contundencia cada vez
mayor. Este sistema económico, basado en la obtención creciente de beneficios de
unos pocos a costa de la destrucción del entorno y no en la satisfacción de las
necesidades de toda la población, ha conducido, una vez más, a un dramático cuello
de botella del que se pretende salir destruyendo derechos de la inmensa mayoría para
afianzar las ganancias de la elite que ha provocado la crisis.

Pero no nos encontramos ante una crisis más, debida a la voracidad de algunos
banqueros sin escrúpulos (como si el conjunto del capital financiero se guiara por
recios principios morales), sino ante el inicio de una verdadera depresión, en la
que confluyen varias crisis estructurales. De las cuales no es la de menor
importancia la crisis ambiental, es decir, la degradación progresiva de nuestras
condiciones de vida, debida a un modelo productivo consumista de creciente e
intensiva explotación del entorno, que pone en serio riesgo la propia pervivencia
del planeta.

Nuestro Estado no podía escapar a esta situación: el meollo de la acumulación de
capital en el Estado español se ha centrado en un sector tan depredador del medio
como la construcción y la especulación inmobiliaria, favorecida por una trama
política e institucional corrupta. En lugar de destinar los recursos públicos, en
especial el suelo, a garantizar el derecho a la vivienda, éstos se han entregado a
los grupos financieros e inmobiliarios privados para su enriquecimiento a costa de
que más de ocho millones de personas no tengan acceso a una vivienda digna, en un
país en el que hay más de tres millones de viviendas vacías. La mecánica de las
desgravaciones fiscales por la compra de vivienda ha servido para financiar a
banqueros, promotores y constructores, y el sostenimiento de beneficios en el sector
ha requerido de un urbanismo insostenible, especulativo y corrupto. Ahora que el
negocio del ladrillo entra en crisis, el gobierno dice aspirar a resolverla
intensificando la política que condujo al desastre.

En Madrid asistimos a una campaña de sistemático acoso a los servicios públicos, en
especial la educación, la sanidad y el agua, que están siendo privatizados y se
quieren convertir en un nuevo y lucrativo negocio para quienes se han enriquecido a
lo largo de estos años, a costa de impedir el derecho a la vivienda y de endeudar al
extremo a las instituciones públicas (el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid
reconocen una deuda conjunta de más de 16.000 millones de euros).

Los datos son incontestables: por un lado, los beneficios de grandes empresarios y
entidades financieras siguen siendo escandalosos; por el otro, 800.000 nuevos
parados en un año (se espera que el año que viene se alcance la cifra de 4 millones
de parados) y 638.000 familias con todos sus miembros en paro, aumento del 12% en el
precio de los productos básicos en un año, incremento del número de expedientes de
regulación en grandes empresas que afectan ya a más de 50.000 trabajadores,
desahucios, quiebras de familias, etc.

La respuesta de nuestros gobernantes a este estado de cosas es la de siempre, cargar
los costes sobre las espaldas de la mayoría social más desprotegida. Para los
grandes empresarios, dinero público, aseguramiento de sus inversiones y garantías de
que no se va a controlar la gestión de sus negocios, ni se les va a exigir
responsabilidad. Para el conjunto de la clase trabajadora se reserva el paro, la
carestía, la inseguridad en el trabajo y la amenaza de nuevos recortes en sus
derechos sociales y colectivos. Las cantidades astronómicas de dinero público que en
nuestro país y en otros engrosan los planes anticrisis tienen como destinatarios a
los causantes de la crisis, banqueros y grandes grupos empresariales, y el
sostenimiento del sistema económico injusto e irracional en cuya naturaleza tiene la
crisis su verdadero origen.

Nosotros/as afirmamos que es posible hacer otra política que tenga como centro el
interés de todas las personas, la mejora y promoción de los servicios públicos, la
reconversión ecológica y socialmente justa del modelo económico, que prime lo
colectivo sobre el interés privado, los cuidados sobre la obsesión por la
producción, el empleo estable y con derechos. Pero para ello se hace imprescindible
un cambio de raíz del sistema que ha generado ésta y las anteriores crisis, un
cambio sobre varios ejes:

1.- De manera inmediata hay que frenar la reaccionaria política de destrucción de
derechos auspiciada desde diferentes instancias del poder. Reivindicamos un sistema
fiscal progresivo y redistribuidor de la riqueza, el fin de las privatizaciones y la
recuperación de servicios públicos ya privatizados, la mejora del subsidio de
desempleo y el establecimiento de una renta básica, el incremento del salario mínimo
hasta suponer un sueldo digno, la condonación del pago de hipotecas a parados y
familias en dificultades económicas, el aumento sustancial de las pensiones,
prohibición de desahucios en primera vivienda, etc., y todas aquellas medidas de
apoyo a los sectores de la población que con mayor virulencia sufren la crisis.

2.- Afirmamos que es un principio irrenunciable de una sociedad justa que sean todas
las personas que crean la riqueza social las que deciden democráticamente cómo se
gestiona esa riqueza en beneficio de todas. Afirmamos que la planificación
democrática de la economía es irrenunciable, esto es, decidir y gestionar
colectivamente las necesidades y prioridades humanas que deben ser satisfechas y
garantizadas, en un sistema que respete el sostenimiento del entorno natural.

3.- En esta planificación democrática han de participar todas las personas,
independientemente de su origen y su género. Reivindicamos el control social de la
producción por los trabajadores y trabajadoras. Hay que acabar con la
sobreexplotación de la mano de obra inmigrante y con la vergüenza de un sistema en
el que la libertad de circulación se predica de las mercancías pero no de los seres
humanos.

4.- Para que lo anterior sea posible hay que poner en manos de toda la población la
gestión de los recursos que hacen que la economía funcione, lo que supone la
nacionalización del sistema financiero español y la fuerte regulación de todas las
actividades financieras internacionales, así como la socialización de los
principales medios de producción.

5.- En nuestro país se hace ineludible acabar con la vivienda como bien de inversión
y que retome su función social como alojamiento. Debe garantizarse el derecho a la
vivienda digna a un coste asequible, lo que necesariamente solo ocurrirá sacando la
vivienda del mercado mediante una decidida política pública de alquiler. Y ello a su
vez precisa de la nacionalización del suelo y de la gestión pública, colectiva y
democrática del urbanismo sobre la base de las necesidades humanas y de preservación
del medio.

6.- Hay que acabar con el odioso sesgo patriarcal de nuestro sistema económico que
hace que las crisis siempre se salden con una mayor explotación de las mujeres y su
reclusión en funciones asistenciales forzada por la privatización de servicios
públicos.

7.- Es preciso también que el Estado adopte de inmediato medidas para paliar los
efectos de la crisis y garantizar los derechos laborales de los sectores más
desprotegidos, particularmente trabajadores precarios, mujeres, jóvenes e
inmigrantes. Reclamamos el cumplimiento real de los derechos humanos que los Estados
suprimen aprovechando periodos de crisis.

Acometer las profundas reformas que la situación exige requiere una acción decidida
y unida de todas las fuerzas sociales y políticas de progreso para imponer un giro
popular y democrático en la política económica, que permita una mejora en la
situación de las clases populares y trabajadoras y defienda derechos sociales de la
mayoría frente a la voracidad insaciable de la minoría oligárquica.

La política desarrollada por el Estado a lo largo de estos meses está provocando un
importante malestar social que, sin embargo, no está aún suficientemente articulado.

Nosotros creemos que es posible y necesario que organizaciones sociales y políticas
junto a todas las personas que ya sufren los efectos de la crisis aúnen sus
esfuerzos y sus voluntades en un proceso de movilización sobre la base de las
reivindicaciones aquí recogidas y cuantas vayan surgiendo en la dinámica de la lucha
social. Un proceso que nos comprometemos a iniciar y al que llamamos a todos los
trabajadores y ciudadanos.

Afirmamos que es imprescindible que esa movilización desemboque (se suprime “en el
año que empieza”) en una huelga general, como primer gran aviso al poder de que la
ciudadanía, los trabajadores y trabajadoras de este país, no vamos a tolerar que
continúe impunemente el saqueo."

Artículo de www.profesionalespcm.org insertado por: El administrador web - Fecha: 23/02/2009 - Modificar

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