Sección: ChileTítulo: Actualizacion de info sobre el caso del agente del asesinato en Uruguay del agente de la DINA Eugenio Berríos. Texto del artículo:
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Impunidad
02oct08
Chl - Acusan en primera instancia a 19 personas, la mayoría militares, del asesinato en Uruguay del agente de la DINA Eugenio Berríos.
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i) El juez Alejandro Madrid acus? a 19 personas, 14 militares y 2 civiles chilenos y 3 militares uruguayos, por el secuestro y asesinato del ex agente de la DINA Eugenio Berr?os.
Chl - Acusan a 19 militares del secuestro y asesinato del agente de la DINA Eugenio Berríos. (Agencia IPS). Radio Nizkor, 29sep08
El juez chileno Alejandro Madrid, de la Corte Apelaciones de Santiago, acusó el viernes 26sep08 a 19 personas, la mayoría militares de Chile y tres uruguayos, por el secuestro y asesinato del ex agente de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), el químico Eugenio Berríos.
El juez, quien instruye la causa desde 2003, acusó al mayor retirado del ejército, Arturo Silva Valdés, de autor del delito de secuestro con homicidio de Berríos, y al ex general Eugenio Covarrubias Valenzuela, de encubridor de los hechos.
Bajo los cargos de secuestro fueron inculpados siete uniformados retirados: el general Hernán Ramírez Rurange, el brigadier Manuel Provis Carrasco, el teniente coronel Pablo Rodríguez Márquez, el mayor Jaime Torres Gacitúa, el oficial Manuel Pérez Santillán y los suboficiales Marcelo Sandoval Durán y Nelson Román Cáceres. A ellos se sumó el civil Raúl Lillo Gutiérrez.
Los militares uruguayos extraditados a Chile en abril de 2006, por solicitud de Madrid, los coroneles Tomás Casella (retirado) y Wellington Sarli y el teniente coronel Eduardo Radaelli, fueron formalizados por secuestro y asociación ilícita.
Por este último delito el juez también acusó al ex auditor del ejército de Chile, Fernando Torres Silva, y al coronel retirado Enrique Ibarra, además de Provis, Ramírez, Covarrubias, Silva, Rodríguez, Torres, Lillo, Pérez, Sandoval y Román.
Madrid formalizó asimismo al oficial retirado Mario Cisternas Orellana y a los civiles Nelson Hernández Franco y Erika Silva Morales, además de Sandoval y Román, por infracción al artículo del Código Penal que establece la obligación de los funcionarios públicos de denunciar un ilícito. Por obstrucción a la justicia figura Ginez Rojas Gómez junto a los ya mencionados Ramírez, Rodríguez, Lillo y Covarrubias.
Berríos, un químico especialista en la fabricación de gases tóxicos y otras armas letales, como el gas sarín, fue agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el primer cuerpo represivo de la dictadura del general Pinochet, fallecido en 2006.
En octubre de 1991, un año después de la recuperación de la democracia en Chile, el científico fue sacado clandestinamente del país para impedir que declarara en el proceso judicial por la muerte del ex canciller del gobierno de Salvador Allende (1970-1973), Orlando Letelier, asesinado en un atentado perpetrado en 1976 en Washington...
La última vez que se lo vio con vida fue el 15 de noviembre de 1992, cuando acudió a una comisaría de Parque del Plata, localidad cercana a Montevideo, a denunciar que había sido secuestrado. El cadáver de Berríos, con dos impactos de bala en la cabeza, fue encontrado en 1995 en una playa de El Pinar, Uruguay, pero las pericias establecieron que la fecha de muerte databa de fines de 1992 o comienzos de 1993.
El magistrado reconoció que la investigación fue "complicada porque se trata de temas que obedecen a determinadas operaciones de inteligencia y que tuvo alcances de carácter internacional"...
Madrid adelantó que está cerca de cerrar los sumarios de otros importantes procesos ligados al secuestro y homicidio de Berríos, entre ellos el caso de la muerte del ex presidente democratacristiano Eduardo Frei Montalva (1964-1970), quien falleció de una infección generalizada en 1982, luego de someterse a una operación de rutina.
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ii) El agente de la DINA Eugenio Berríos estaría implicado en la muerte del ex presidente Frei.
Chl - Aparecen vínculos penales entre Colonia Dignidad y la muerte del ex presidente Frei. (Diario La Nación de Santiago de Chile). Radio Nizkor, 25jun06.
"Uno de los primeros vínculos entre la Colonia Dignidad y la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva apareció en el proceso que sustancia el ministro Alejandro Madrid.
Este indicio surgió a raíz de un interrogatorio que realizó el magistrado con un cuestionario de preguntas preparado por la abogada Fabiola Letelier y su colega Sergio Corvalán al ex líder de la ex Villa Baviera, el doctor Hartmut Hopp.
De acuerdo con los antecedentes recabados por La Nación, Hopp conoció en 1971 precisamente a los doctores que efectuaron la autopsia al ex Mandatario cuando falleció en enero de 1982 en la Clínica Santa María, los patólogos Roberto Barahona y Helmar Rosenberg. Esto porque el entonces líder de la Colonia Dignidad, Herman Schmidt, le ayudó con las autoridades de la Universidad Católica a estudiar la carrera de Medicina, ingresando al tercer año, por intercambio, ya que venía desde Estados Unidos..."
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iii) La Corte Suprema de Uruguay concede la extradición a tres oficiales de inteligencia implicados en el caso Berríos.
Ury - La Corte Suprema de Uruguay concede la extradición a Chile de los oficiales implicados en el caso Berríos. (Agencia de noticias IPS; Diario La Nación de Santiago de Chile). Radio Nizkor, 02abr06.
"La Corte Suprema uruguaya, en un fallo histórico, autorizó la extradición a Chile de tres militares de ese país involucrados en el asesinato en la década del noventa del químico Eugenio Berríos, quien fue agente de la DINA...
La decisión involucra al coronel Wellington Sarli, el teniente coronel Eduardo Radaelli y el coronel retirado Tomás Casella, reclamados por la justicia chilena por "asociación ilícita" y "secuestro"."
"La extradición está condicionada a que el proceso en Santiago contra estos oficiales comience de cero, para que de ese modo tengan todas las garantías del debido proceso.
Un cuarto implicado en el caso, un jefe policial de la jurisdicción en que se cometió el crimen, no fue requerido por haber sido imputado de complicidad, delito no contemplado en el tratado bilateral de extradición de 1897, vigente al momento de perpetrarse los delitos, explicó a IPS el fiscal de la causa, Luis Bayac."
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iv) La justicia uruguaya se encuentra ante el dilema de conceder o no la extradición a Chile de militares implicados en el caso Berríos.
Ury/Chl - La justicia uruguaya entre la espada y la pared ante el caso Berríos. (Andrés Capelán de Comcosur). Radio Nizkor, 21jun04.
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v) En primera instancia acusan a 19 personas en el caso del asesinato del agente de la DINA Eugenio Berr?os.
El juez chileno Alejandro Madrid acusó este viernes a 19 personas, la mayoría militares de Chile y tres uruguayos, por el secuestro y asesinato del ex agente de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), el químico Eugenio Berríos.
El ministro de la Corte Apelaciones de Santiago, quien instruye la causa desde 2003, acusó este viernes al mayor retirado del ejército, Arturo Silva Valdés, de autor del delito de secuestro con homicidio de Berríos, y al ex general Eugenio Covarrubias Valenzuela, de encubridor de los hechos.
Bajo los cargos de secuestro fueron inculpados siete uniformados retirados: el general Hernán Ramírez Rurange, el brigadier Manuel Provis Carrasco, el teniente coronel Pablo Rodríguez Márquez, el mayor Jaime Torres Gacitúa, el oficial Manuel Pérez Santillán y los suboficiales Marcelo Sandoval Durán y Nelson Román Cáceres. A ellos se sumó el civil Raúl Lillo Gutiérrez.
Los militares uruguayos extraditados a Chile en abril de 2006, por solicitud de Madrid, los coroneles Tomás Casella (retirado) y Wellington Sarli y el teniente coronel Eduardo Radaelli, fueron formalizados por secuestro y asociación ilícita.
Por este último delito el juez también acusó al ex auditor del ejército de Chile, Fernando Torres Silva, y al coronel retirado Enrique Ibarra, además de Provis, Ramírez, Covarrubias, Silva, Rodríguez, Torres, Lillo, Pérez, Sandoval y Román.
Madrid formalizó asimismo al oficial retirado Mario Cisternas Orellana y a los civiles Nelson Hernández Franco y Erika Silva Morales, además de Sandoval y Román, por infracción al artículo del Código Penal que establece la obligación de los funcionarios públicos de denunciar un ilícito.
Por obstrucción a la justicia figura Ginez Rojas Gómez junto a los ya mencionados Ramírez, Rodríguez, Lillo y Covarrubias.
El juez había cerrado la etapa de investigación el 25 de abril. La acusación, que equivale a una ratificación de los procesamientos, será seguida por el plenario, de discusión de las pruebas, y la sentencia.
Berríos, un químico especialista en la fabricación de gases tóxicos y otras armas letales, como el gas sarín, fue agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el primer cuerpo represivo de la dictadura del general Pinochet, fallecido en 2006.
En octubre de 1991, un año después de la recuperación de la democracia en Chile, el científico fue sacado clandestinamente del país para impedir que declarara en el proceso judicial por la muerte del ex canciller del gobierno de Salvador Allende (1970-1973), Orlando Letelier, asesinado en un atentado perpetrado en 1976 en Washington.
Berríos se trasladó primero a Argentina y luego a Uruguay, donde estuvo custodiado por miembros de la Dirección de Inteligencia del Ejército chileno (DINE) y por uniformados uruguayos.
La última vez que se lo vio con vida fue el 15 de noviembre de 1992, cuando acudió a una comisaría de Parque del Plata, localidad cercana a Montevideo, a denunciar que había sido secuestrado. De allí fue retirado por Casella y Radaelli, entre otros uniformados.
Finalmente, el cadáver de Berríos, con dos impactos de bala en la cabeza, fue encontrado en 1995 en una playa El Pinar, vecina de Parque del Plata, pero las pericias establecieron que la fecha de muerte databa de fines de 1992 o comienzos de 1993.
"Agradezco a las personas que colaboraron (en la investigación), especialmente a los policías que estuvieron trabajando conmigo largo tiempo. Pienso que el trabajo profesional que realizaron permitió esclarecer este tema de una manera completa", declaró el juez Madrid al dar a conocer la resolución.
El magistrado reconoció que la investigación fue "complicada porque se trata de temas que obedecen a determinadas operaciones de inteligencia y que tuvo alcances de carácter internacional".
De hecho, el caso Berríos es considerado parte de las operaciones del Plan Cóndor, la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur americano en las décadas de 1970 y 1980, cuyo propósito era perseguir, secuestrar, asesinar y hacer desaparecer a opositores de izquierda.
Pero cuando se cometió el crimen, a comienzos de los años 90, las Fuerzas Armadas de los países involucrados ya estaban bajo el mando de gobiernos democráticos.
Madrid adelantó que está cerca de cerrar los sumarios de otros importantes procesos ligados al secuestro y homicidio de Berríos, entre ellos el caso de la muerte del ex presidente democratacristiano Eduardo Frei Montalva (1964-1970), quien falleció de una infección generalizada en 1982, luego de someterse a una operación de rutina.
La familia del ex mandatario, que a comienzos de la década del 80 se perfilaba como una de las figuras más importantes de la oposición a Pinochet, cree que Berríos estuvo detrás del agente biológico que se le habría introducido a Frei en la primera de las operaciones que se le practicaron en la Clínica Santa María, de Santiago.
"Ha quedado claramente determinado el crimen de Berríos", dijo este viernes el abogado de la familia Frei, Álvaro Varela, quien aseguró que "existen antecedentes" que vinculan a Berríos con el deceso del ex jefe de Estado.
Además, calificó el secuestro y asesinato del ex químico como "extraordinariamente graves, pues ocurrieron en plena vigencia del régimen democrático y con la clara voluntad e intencionalidad de impedir que los tribunales de justicia hicieran su tarea".
"Nosotros somos bastantes optimistas", dijo por su parte Carlos Neira, abogado de los tres militares uruguayos acusados.
Mantenemos "la misma la convicción que hemos venido sostenido durante tanto tiempo, en el sentido de que nuestros representados no tienen ningún grado de participación en los hechos que terminaron con la muerte del señor Berríos en Uruguay", declaró el jurista.
Ahora la defensa y los querellantes tienen la oportunidad de responder a la acusación dictada por el ministro Madrid, para dar inicio a la etapa de plenario. Cuando ésta finalice, el juez estará en condiciones de dictar sentencias de primera instancia, que se estima se conocerán en los próximos meses.
[Fuente: Por Daniela Estrada, IPS, Santiago de Chile, 27sep08]
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