EL "PROBLEMA ESPAÑOL" 


Os adjunto un magnífico artículo aparecido hoy 16.9.03 en El País sobre el retroceso de España en la convergencia social con respecto a Europa.

Muy oportuno a mi parecer el comentario final sobre cómo el PP (y los nacionalistas conservadores del PNV, añadiría yo) está tratando de
despistar al personal poniendo el énfasis sobre temas abstractos como la unidad de España (o la superación por las bravas del estatuto de Guernica). 

Ciao,
Rafa

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LA DESCONVERGENCIA SOCIAL EN EUROPA

El autor sostiene que, cuando Aznar habla del éxito económico de España,
olvida que la evaluación del desarrollo económico se debe realizar midiendo
su impacto

VICENÇ NAVARRO

EL PAIS | España - --
Existe un discurso excesivamente acrítico de nuestras realidades, que se
reproduce en poderosos círculos económicos y financieros así como en
círculos gubernamentales del país que asumen que el nivel de desarrollo
económico español está convergiendo con Europa, habiéndose convertido
España en una de las potencias económicas más importantes de la UE, y ello
como resultado de las supuestamente exitosas políticas económicas y
fiscales del Gobierno español, entre las cuales se señala con orgullo el
haber alcanzado el déficit presupuestario menor de la UE, condición
indispensable para alcanzar tal éxito económico. Hemos visto así al
presidente del Gobierno, Sr. Aznar, referirse en una reciente reunión de
varios jefes de Estado de la UE al "modelo español", aconsejando a los
países de la UE emular las políticas económicas y fiscales desarrolladas
por el Gobierno español que han permitido equilibrar el presupuesto del Estado.

En tal discurso se olvida, sin embargo, que la evaluación del desarrollo
económico se debe realizar primordialmente midiendo su impacto en el
bienestar social y calidad de vida de la ciudadanía. No es suficiente, por
lo tanto, mostrar como indicadores de éxito de tal desarrollo económico
indicadores (tales como puestos de trabajo creados) que, siendo
importantes, no incluyen otras variables como la calidad de las
transferencias y servicios públicos a la ciudadanía que tienen un papel
incluso mayor en configurar el bienestar de la población. No podemos, por
lo tanto, hablar de éxito económico asumiendo una convergencia con la UE,
si a la vez estamos desconvergiendo con la Europa Social, que es lo que en
realidad está ocurriendo. Los datos muestran que en todos los capítulos del
Estado de bienestar (excepto en el de desempleo) nuestro déficit social con
la UE está aumentando en lugar de disminuyendo. Veamos.

España comenzó su etapa democrática con el gasto público social más bajo de
Europa, consecuencia de cuarenta años de una dictadura que se caracterizó
por una enorme represión y por una gran insensibilidad social. El año que
el dictador murió, 1975, España tenía un gasto público social como
porcentaje del PIB (14%) muy por debajo del promedio de la Europa
occidental (22%). A partir de la democracia, y sobre todo durante los años
ochenta y principios de los noventa, el gasto público social incrementó
sustancialmente, alcanzando su máxima cuota en 1993, cuando el gasto en
protección social (que incluye las pensiones y otras transferencias así
como los servicios públicos como la sanidad y los servicios de ayuda a las
familias -tales como escuelas de infancia, atención domiciliaria a ancianos
y personas con discapacidades, residencias de ancianos y otros servicios-,
la vivienda asistida, y los servicios de prevención de la exclusión social)
llegó a alcanzar el 24% del PIB, el porcentaje de gasto público en
protección social más próximo al promedio de la UE, 28,8%. A partir de
aquel año, sin embargo, el déficit de gasto en protección social entre
España y la UE (4.8%) aumentó de nuevo de una manera significativa,
subiendo a un 7,2% en el año 2000 (el último año en el que tenemos datos de
gasto público comparable para toda la UE). En realidad, el descenso del
gasto en protección social descendió mucho más rápidamente en España (del
24% del PIB en 1993 al 20,1% en 2000) que el promedio de la UE donde el
gasto descendió sólo de un 28,8% a un 27,3% durante el mismo período.
Estimaciones (provisionales) de la evolución del gasto público en
protección social en España muestran que este ha continuado descendiendo
siendo 19,8% del PIB en el año 2001 y 19,2% del PIB en el año 2002,
mientras que el promedio de la UE ha descendido mucho más lentamente
manteniéndose alrededor de un 27% del PIB.

Portavoces del Gobierno español han relativizado este descenso del gasto
público en protección social, negando que tal descenso sea un indicador de
empeoramiento del Estado de bienestar. En realidad, tal descenso lo
explican por el descenso del paro y la disminución de las prestaciones al
desempleo. Ahora bien, tal argumento olvida dos hechos: uno es que la
disminución del gasto por prestaciones al desempleo (de 1993 a 2000) fue
menor, (2,7%), que el descenso total de gasto en protección social, un
3,9%. Y el otro es que todos los capítulos del gasto en protección social
han visto un descenso del gasto público como porcentaje del PIB. Así, el
gasto sanitario público, por ejemplo, pasó de ser el 6,6% del PIB en 1993
al 5,8% en el año 2000. Un descenso semejante ocurrió en todos los otros
sectores del Estado de bienestar.

Otro argumento aducido por el Gobierno para explicar este incremento del
déficit social de España con el resto de la UE (tanto global como por
sectores) es el mayor crecimiento económico español, superior al
crecimiento promedio económico europeo de la UE, de manera tal que aun
cuando el gasto público social ha ido aumentando en España, al crecer la
economía todavía más, la proporción del gasto público social sobre el PIB
ha ido disminuyendo. En esta explicación se señala que el gasto social
público medido tanto en términos absolutos como en gasto por habitante ha
ido aumentando en España durante los años noventa y principios de esta
década de lo cual se ha derivado esta imagen tan extendida en los medios de
información y persuasión próximos al Gobierno de que "España va bien". Pero
lo que estas voces complacientes olvidan es que el gasto público promedio
de la UE (mucho más alto que el español) ha ido creciendo más rápidamente
que el español con lo que el déficit del gasto público social por habitante
de España con la UE ha ido creciendo en lugar de disminuir. Y ello ha
ocurrido, de nuevo, en todos los capítulos del Estado de bienestar español,
excepto en las prestaciones por desempleo (ver Navarro, V. y Quiroga, A. La
Protección Social en España y su desconvergencia con la Unión Europea.
www.vnavarro.org).

El aumento de los ingresos al Estado que ha ocurrido en el período
1998-2000 (del 38,1% del PIB al 39,9% del PIB en el año 2001) se ha
dedicado primordialmente a reducir el déficit presupuestario del Estado
español, en lugar de corregir el déficit social con la UE. De ahí que el
primero se ha conseguido a costa de aumentar el segundo. España continúa
hoy siendo el país con el gasto público social más bajo de la UE después de
Irlanda, realidad que se repite en todos los sectores sociales. El gasto
público en sanidad, por ejemplo, es el más bajo de la UE (después de Grecia
y Portugal), lo cual explica entre muchas otras insuficiencias el que
España es de los países de la UE que tiene un porcentaje mayor de usuarios
(el 78%) que se quejan de la falta de tiempo de visita en la atención
primaria, y ello como resultado del excesivo número de ciudadanos por
médico en tal nivel de atención. Lo mismo ocurre con el gasto en
prestaciones a la vejez y ello a pesar de que el porcentaje de la población
por encima de 60 años es idéntico al promedio de la UE, (21,5%). El gasto
en pensiones de viudedad y discapacidad así como los gastos en vivienda
asistida y prevención de la exclusión social son también de los más bajos
de la UE y así en todos los otros capítulos del Estado de bienestar. Donde
tal déficit social alcanza dimensiones extremas es en las prestaciones y
servicios a las familias, y ello a pesar de ser la familia el centro del
discurso retórico oficial del país. En realidad, el Estado español es uno
de los que tiene menor sensibilidad a las familias en la UE. Sólo el 8% de
niños de 0 a 3 años tienen acceso a las escuelas de infancia públicas
comparado con el 40% en Suecia, el 44% en Dinamarca, 21% en Finlandia, 23%
en Francia, 30% en Bélgica, etc. Y sólo un 1,5% de ancianos tienen acceso a
servicios de atención domiciliaria públicos comparado con un 30% en Suecia,
un 20% en Dinamarca, un 28% en Finlandia, un 7% en Francia, un 8% en
Holanda, un 9% en el Reino Unido, etc. Esta enorme insuficiencia de los
servicios de ayuda a las familias (que afecta negativamente sobre todo a
las mujeres) explica la baja fecundidad de España (la más baja de la UE) y
la baja integración de la mujer al mercado de trabajo (también de las más
bajas de la UE). Para cambiar esta situación se requiere el desarrollo de
aquellos servicios de ayuda a las familias, además de mejorar el mercado de
trabajo y la vivienda, cambiando a su vez la mentalidad masculina
haciéndola más copartícipe en las responsabilidades familiares, pasos que
se están dando en cuentagotas en España, cuando otros países están
cambiando mucho más rápidamente. Si España, por ejemplo, tuviera la tasa de
actividad femenina que tiene Suecia, tendríamos seis millones más de
trabajadores, pagadores de impuestos y cotizantes a la Seguridad Social.

Para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y alcanzar los niveles de
bienestar de la UE debería corregirse este déficit público de gasto social,
incrementando el gasto público social por habitante más rápidamente que el
promedio de la UE (haciendo lo opuesto a lo que está ocurriendo hoy en
España). Ello exigiría un aumento muy notable del gasto público puesto que
es imposible converger con la UE sin converger también en el gasto público,
incluyendo el social. Ello exige un cambio en la cultura económica
dominante (que se reproduce en algunos influyentes diseñadores de políticas
públicas del mayor partido de la oposición) que favorecen una política de
mantenimiento del gasto público a niveles presentes que en la práctica
condena a España a estar en la cola de la Europa Social.

El lector podrá preguntarse por qué, a la luz de estos datos, la
desconvergencia social con la UE no centra el debate electoral en este año
político. Una causa es el gran dominio de las fuerzas conservadoras en la
cultura política y mediática del país que enfatizan los temas de identidad
nacional a costa de los temas de la cotidianidad que preocupan a la
población y muy en particular a las clases populares. Un ejemplo claro es
el debate político en Cataluña. Las elecciones autonómicas catalanas
tienden a centrarse en temas de identidad catalana, estrategia electoral
que la opción política que gobierna la Generalitat de Cataluña promueve, y
que los medios de información (en su mayoría conservadores) favorecen, con
escasa atención, por otra parte, a los problemas sociales de las clases
populares que se ocultan bajo el eslogan de que "España va bien y Cataluña
va incluso mejor". Los datos, sin embargo, tampoco confirman esta visión
triunfalista. El gasto por alumno en las escuelas públicas (utilizadas
mayoritariamente por las clases populares) es de los más bajos de España,
mientras que los subsidios a las escuelas privadas, llamadas concertadas,
son los más altos de nuestro país. En la única encuesta de conocimiento
académico que se ha hecho en España (en 1997), el de los estudiantes en
Cataluña, era más bajo que el promedio español (que continúa siendo menor
que el promedio de la UE). Otro dato: mientras que los salarios de los
Mossos d'Esquadra son los sueldos policiales más altos de España, el de los
médicos de la atención primaria es de los más bajos (siendo Cataluña, junto
con Galicia, la comunidad autónoma que está más retrasada en la reforma de
la atención sanitaria primaria, donde la mayoría de la población recibe su
atención sanitaria). En realidad, en muchas dimensiones del Estado de
bienestar, Cataluña está peor, no mejor que el promedio de España, y ambos
están muy por debajo de la UE. (Navarro, V. L'Estat del Benestar a
Catalunya, www.vnavarro.org) La falta de centralidad de temas sociales en
las autonómicas explica la gran abstención de las clases populares, una de
las más altas de España y que favorece a las fuerzas conservadoras y
perjudica a las progresistas. Sería de lamentar que tal situación se
trasladara ahora a nivel de toda España en las próximas elecciones
legislativas, beneficiando así a las fuerzas conservadoras que ya han
indicado que piensan hacer del tema identitario (la defensa de la unidad de
España, un tema falso puesto que no hay peligro de desunión de España) el
tema central de su campaña electoral, evitando así debatir los problemas
reales de la población y muy en particular de las clases populares. Debería
ser la estrategia de las fuerzas progresistas el trasladar el debate a
temas de la cotidianidad, mostrando cómo los conservadores de hoy están
mostrando una insensibilidad social que obstaculiza corregir el gran
retraso social impuesto a nuestro país por sus antecesores.


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