La Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) es la institución
que más ayudas ha recibido para proyectos archivísticos en los
dos últimos años del Ministerio de Cultura. Según informó ayer
El Periódico de Cataluña, la FNFF ha cobrado en ese
tiempo cuatro subvenciones y 83.070 euros, lo que equivale al
10,24% de las ayudas totales dadas a proyectos de ese tipo. Ayer,
el ministerio lo justificó apelando a la 'enorme importancia
cultural del archivo' y a la necesidad de informatizar el fondo
para acabar con el veto de la familia a los historiadores.
Diversos especialistas reclaman que, para desmentir las sospechas
de trato de favor y evitar la expurgación de los fondos, el
Gobierno exija la apertura inmediata del archivo.
'Es un cachondeo increíble', dice Javier Tusell. 'Un asunto
que lleva pendiente desde la transición. La Fundación Franco
tiene la subvención más alta de todas y es la única que no deja
ver sus archivos. Dicen que hasta que lo tengan todo digitalizado,
no van a dejar ver nada. ¿Y si al final tampoco? Digitalizar todo
es carísimo, largo, innecesario. Ya han clasificado los papeles,
con eso basta. El ministerio les tolera todo. ¿Y si han quemado
la mitad de lo que tenían? Es hora de arreglarlo. Primero, que
declaren bien de interés cultural todo lo que tienen. Así, si
tocan algo será delito; luego, que fijen un plazo máximo para
abrir el archivo, aunque sólo sea una parte'.
Los historiadores están en pie de guerra contra la tolerancia
del Gobierno hacia la Fundación Nacional Francisco Franco, una
institución (www.fnff.org) que se fundó en 1977, que preside la
hija del dictador, Carmen Franco, y algunos de cuyos fines son
'difundir el conocimiento del generalísimo en sus dimensiones
humana, política y militar', así como 'los logros y
realizaciones llevadas a cabo por su régimen político' y 'la
legalidad y legitimidad del Alzamiento Nacional'.
También, custodiar un archivo valiosísimo, que reúne unos
27.000 documentos públicos y privados, 40 años de historia de
España. Aunque, según los expertos, sólo unos pocos papeles de
esos miles son estrictamente privados, del caudillo: el resto
pertenece a la Administración franquista. Según Enrique
Moradiellos, autor de una crónica biográfica de Franco, 'fueron
sacados de El Pardo por su familia, antes y tras la muerte del
dictador, sin que nadie dijera nada'.
Desde entonces, la FNFF lleva 27 años poniendo trabas para que
los historiadores consulten el archivo. Un tipo de documentos que
en Italia (Mussolini) o Portugal (Salazar) son de dominio público,
en España sólo han sido vistos, dice Santos Juliá, 'por el
historiador de extrema derecha Luis Suárez Fernández'.
Y eso que lo ha intentado hasta el Congreso: en 1979, el
entonces diputado del PSOE Enrique Barón logró que se aprobara
una proposición para recuperar los diarios perdidos de Azaña.
Javier Tusell, entonces director de Bellas Artes, Archivos y
Bibliotecas, se los pidió a la hija de Franco. Ésta negó que su
padre los hubiera tenido. Mucho después, los entregó a la
primera ministra de Cultura del PP, Esperanza Aguirre.
En ese contexto, el 4 de octubre de 2001, el ministerio y la
FNFF firmaron un acuerdo para que el archivo fuera digitalizado y
quedara abierto a los especialistas. El BOE publicó entonces una
orden ministerial que recogía una lista de entidades de muy
dispar ideología, entre ellas la FNFF, que recibirían
subvenciones para clasificar sus archivos. De ahí provienen los
83.070 euros que el Estado ha pagado a la fundación entre 2001 y
2002 (36.030 para la contratación de personal y 47.040 para
equipos informáticos).
Pagar se paga, pero la contrapartida no llega. Aunque ayer Juan
Allende, portavoz de la ministra Pilar del Castillo, prometió que
'el ministerio trabajará intensamente para que los fondos estén
a disposición de los especialistas en el menor tiempo posible',
la FNFF se limita a decir, según El Periódico, que la
digitalización comenzó hace dos años y que durará al menos
otros dos.
Los historiadores tienen más prisa. Antonio Elorza: 'Que el
Estado esté pagando por recuperar unos papeles que fueron sustraídos
al Estado y que ese archivo no esté abierto todavía, aunque sea
de forma parcial, es un escándalo incomprensible y siniestro. El
Estado debe fijar plazos ya, y establecer garantías para que no
haya más sustracciones de documentos'.
Elorza considera que este nuevo episodio pone de manifiesto que
la política de archivos del Gobierno popular es 'prepotente,
arbitraria, autoritaria, partidista y cada vez menos profesional'.
'Vergüenza'
Santos Juliá afirma, por su parte, que es 'una vergüenza' que
una 'fundación subvencionada con fondos públicos siga cerrada a
los especialistas'. Pero va más allá: 'Los papeles de un jefe
del Estado no deben estar en manos privadas. Debe discriminarse qué
es público y qué es privado'.
Tusell, Elorza, Moradiellos y Juliá coinciden en señalar que
'es una tradición de los altos cargos españoles llevarse los
papeles públicos a casa'. Pero Juliá matiza: 'Esa fundación
siempre ha estado cerrada. Y eso hace pensar que, cuando la abran,
sólo enseñarán lo que quede después de una expurgación
considerable'.
El portavoz del ministerio cree que eso es aventurar demasiado:
'No creo que alguien que pide una subvención para optimizar su
archivo esté pensando en destruirlo'.