1

2

Quisiéramos agradecer la ayuda prestada por el Instituto Nacional de Estadística

(INE) y la oficina de Eurostat en Madrid (Datashop) por su colaboración en el acceso y

actualización de los datos sobre protección social; así como también al Prof. Adolfo

Jiménez, ex Secretario General para la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y

Seguridad Social y al Sr. Fidel Ferreras, miembro del Instituto Europeo de Seguridad

Social por sus valiosos comentarios. Ni que decir tiene que la interpretación y análisis

de los datos así como las recomendaciones son nuestras y en manera alguna son

responsabilidad de las instituciones colaboradoras o de los profesionales citados.

(20,1%), es el más bajo de la UE (cuyo gasto promedio es el 27,3% del PIB),

después de Irlanda.

compra (que permiten estandarizar por el valor adquisitivo de las monedas en

diferentes países) es 3.713 upc, el más bajo de la UE después de Portugal

disminuido durante la década de los años noventa, pasando de representar el

21,2% del PIB en 1991 al 20,1% en 1999 (el último año para el que existen

datos comprables con la UE), mientras que en el promedio de la UE aumentó

durante el mismo periodo de tiempo, pasando de representar un 26,4% del PIB a

un 27,3%. Ello se debe no sólo a que el PIB ha crecido en España más

rápidamente que en el promedio de la UE, sino a que el crecimiento del gasto

social per capita ha sido menor en España que en la UE durante los años

noventa. Como consecuencia, el gasto diferencial entre España y la UE ha ido

aumentando, en lugar de disminuir.

alcanzó su valor menor en 1993 (4,8 puntos), aumentando nuevamente a partir

de aquel año, alcanzando su máximo valor en el año 2000 (7,2 puntos), último

año para el que existen datos comparables con el resto de la UE-15.

capítulos de la protección social, excepto en las prestaciones por desempleo.

conseguido a costa de aumentar el déficit social con el promedio de la UE.

ii

debajo del promedio de la UE (7,2%).

poder de compra) de la UE después de Grecia y Portugal

UE, con lo que el gasto diferencial sanitario ha ido aumentando en lugar de

disminuir durante los años noventa.

porcentaje del PIB) más bajo de la UE-15: 0,5% frente al 2,1% del promedio

europeo.

vivienda social (0,2%), después de Italia, Luxemburgo, Austria y Portugal. El

promedio de la UE es 0,6%.

menor (después de Italia, Luxemburgo, Austria y Portugal).

exclusión social como porcentaje del PIB más bajo (0,1%). El gasto promedio

de la UE es 0,4% del PIB.

menor en prevención de la exclusión social.

iii

(0,8%) en prestaciones por viudedad. El promedio de la UE es 1.3%.

prestaciones por viudedad, después de Alemania, Dinamarca y Grecia.

prestaciones por invalidez, después de Irlanda, Grecia e Italia.

por invalidez menor, después de Grecia e Irlanda.

más bajo de la UE (después de Irlanda, Portugal y Finlandia).

UE (después de Irlanda y Portugal).

con la UE.

información, un problema de inviabilidad del sistema de pensiones en España,

siempre y cuando aumente la cantidad de cotizantes mediante el incremento del

número de mujeres en el mercado de trabajo. Si el porcentaje de mujeres en

España que están en el mercado de trabajo fuera el de Suecia, por ejemplo,

España tendría casi seis millones de cotizantes más. Si el nivel de salarios fuera

el de aquel país, cada cotización sería un 6% mayor que las actuales.

habitante en prestaciones por desempleo que el promedio de la UE, y ello

resultado de tener un desempleo más alto.

iv

desempleo, o a una mayor generosidad de la prestación. El nivel de ambos está

por debajo de la UE.

infancia para niños de 0 a 3 años. Sólo el 8% de los niños españoles menores de

3 años tienen plaza en una escuela de infancia pública (comparado con el 44%

de Dinamarca, 40% de Suecia o 23% de Francia).

domiciliarios para las personas mayores (1,5% de los mayores de 65 años). Esta

cifra se encuentra muy por debajo de otras experiencias europeas, como

Dinamarca (con el 24% de los mayores de 64 años cubiertos), Suecia (17%),

Holanda (9,5%) o Reino Unido (5,52%).

las mujeres, que se ven sometidas a una doble o triple jornada laboral, con

graves consecuencias para su salud física y mental. La mujer española de 35 a

55 años tiene tres veces más enfermedades producidas por el stress que el

promedio español.

escasez de servicios de ayuda a la familia que permitan a los miembros de la

familia compaginar sus proyectos personales con sus responsabilidades

familiares explica la baja fecundidad en España (una de las más bajas del

mundo).

Resumen ejecutivo i-iv

La situación actual: escaso desarrollo social 6

Protección social: sanidad 9

Protección social: las ayudas pro-familiares 9

Protección social: vivienda 10

Protección social: exclusión social 11

Protección social: prestaciones de supervivencia o viudedad 11

Protección social: prestaciones por invalidez 12

Protección social: prestaciones por vejez 12

Cobertura y valor promedio de las pensiones de jubilación 14

La supuesta inviabilidad de las pensiones en España 15

Protección social: prestaciones por desocupación. La situación del mercado

laboral y su protección 19

Nivel de cobertura de las prestaciones de desempleo 23

Protección social: los servicios de ayuda a las familias 25

Las escuelas de infancia 26

Servicios de atención domiciliaria para las personas con dependencia 27

El salario ciudadano y la exclusión social 32

Resumen conclusión 32

Cuadros 34

Apéndice 1 74

6

El Estado del Bienestar y la protección social en España están poco

desarrollados, en términos comparativos con el promedio de la UE-15, y las cifras lo

muestran claramente. Si utilizamos dos indicadores ampliamente utilizados para medir

el grado de desarrollo del Estado de Bienestar en un país, como son el gasto en

protección social como porcentaje del PIB o el gasto social en protección social por

habitante vemos que en ambos casos los indicadores muestran que España está muy por

debajo de la UE-15. Veamos los datos.

año 2000 (el último año para el que hay datos comparables) de sólo un 20,1% del PIB,

mucho más bajo que el de UE-15, 27,3% del PIB. En realidad, y tal como muestra el

cuadro 1, el gasto en protección social en España es el más bajo de los países de la UE-

15, (excepto Irlanda donde es todavía más bajo, un 14,1% del PIB). El cuadro 1 muestra

también como el gasto social (como porcentaje del PIB) ha ido descendiendo desde el

año 1993, cuando alcanzó su máximo desarrollo (24% del PIB) alcanzando en 2000 el

20,1% del PIB. De estas cifras y del cuadro 1 puede verse que el gasto en protección

social ha sido en España no sólo el más bajo (después de Irlanda) en Europa sino

también que ha sido uno de los países en la UE-15 en los que ha descendido más

rápidamente durante la mayoría de los años noventa (desde 1993 a 1999).

El mensaje de estos datos cuestiona la imagen tan complaciente que existe y se

reproduce en la cultura política y mediática que asume que "España va bien". Voces

poco críticas con nuestras realidades argumentarán que ello se debe a que el crecimiento

económico ha sido mayor en España que en el promedio de la UE y por lo tanto, al ser

el crecimiento de la protección social menor que el crecimiento económico, el resultado

es que el gasto en protección social como porcentaje del PIB ha ido disminuyendo.

Ahora bien, esta argumentación olvida que el que un país crezca más rápidamente

también implica que sus necesidades sociales también crecen más rápidamente, lo cual

explica que, en general, a mayor nivel económico de un país, mayor su gasto en

protección social. Por lo tanto, el mayor aumento del crecimiento económico debiera

dar mayor oportunidad al país para crecer también más rápidamente su gasto en

7

protección social, a fin de corregir su déficit social con el promedio de la UE,

permitiendo así una mejor respuesta a sus necesidades sociales. Esto no está ocurriendo

en España. Este mayor crecimiento de la riqueza no se está aprovechando para cubrir el

enorme déficit social existente en España.

Ello significa por lo tanto una situación que debe valorarse negativamente en

nuestro país. Ni que decir tiene que el escaso desarrollo social se debe en gran parte a la

dictadura que gobernó España desde 1939 a 1977, y que se caracterizó por su enorme

represión y por su escasa sensibilidad social (en 1975, año en que el dictador murió, el

gasto público en protección social de toda España era sólo de un 14% del PIB), cuando

en la Europa Occidental de aquel tiempo era ya un 22,9% del PIB.

La democracia significó un cambio muy notable del Estado de Bienestar en

España, con un crecimiento muy significativo del gasto en protección social, y muy en

particular a partir de los años ochenta, durante el gobierno socialdemócrata, alcanzando

su máximo desarrollo en 1993. Desde esa fecha ha ido disminuyendo (a partir de la

administración del Sr. Solbes, Ministro de Economía y Finanzas en ese entonces), y

especialmente desde 1996, bajo los gobiernos españoles conservadores.

La causa más importante para explicar el descenso del porcentaje del PIB

español destinado al gasto público social durante la década de los noventa y el aumento

del déficit social en relación con el promedio de la UE-15 es el crecimiento diferencial

del gasto público social entre España y el promedio de la UE. El cuadro 2 muestra que

el crecimiento del gasto social en protección social por habitante en España (medido en

unidades de poder de compra, que estandariza la capacidad adquisitiva de las monedas

rápidamente durante los años noventa (de 2619 en 1991 a 3713 en 2000) que el

promedio de la UE (que pasó de 4140 a 6155 durante el mismo periodo). En

consecuencia el déficit de gasto social de España en relación con el promedio de la UE-

15 aumentó durante los años noventa, pasando de 1521 unidades de compra en 1991

(4140-2619) a 2442 (6155-3713) en 2000. Esta es la razón de que el gasto en protección

social como porcentaje del PIB haya ido disminuyendo tan rápidamente en España. Los

mayores ingresos al Estado como resultado de un incremento de los impuestos (sobre

diferentes monedas. Esto significa que permite estimar lo que costaría una determinada canasta de bienes

y servicios en diferentes países, al eliminar las diferencias existentes entre los niveles de precios (Fuente:

OECD Health Data 2001).

8

todo de los impuestos indirectos) y de un crecimiento económico mayor que el

promedio de la UE no se han utilizado para corregir tal déficit social con el promedio de

la UE. Antes al contrario, el crecimiento de gasto en protección social per capita ha ido

creciendo mucho más lentamente que en el promedio de la UE, con lo que el déficit

presupuestario del Estado Español (hoy de los más bajos de la UE) se ha conseguido a

costa de que el déficit social con la UE haya aumentado considerablemente, siendo el

gasto en protección social como porcentaje del PIB el más bajo de la UE (después de

Irlanda) y el gasto en protección social por habitante el más bajo de la UE, después de

Portugal.

Esta situación deficitaria aparece en casi todos los capítulos de la protección

social en España. que son sanidad, invalidez, vejez, supervivencia, ayuda a las familias,

como comparamos con la UE.

9

El cuadro 3 muestra el crecimiento del gasto en asistencia sanitaria por habitante

en unidades de poder de compra. Se puede ver que ha ido aumentando, lo cual da pie al

optimismo que España va bien, mejorando año tras año el gasto per capita. Así en 1993

era de 839 (comparando con UE-15, 1220,4), subiendo a 1068,6 en 2000 (comparado

con la UE, 1615,6).

Pero un analista más crítico no se contenta con estos datos. En realidad, un atleta

puede ir corriendo rápido pero si los demás atletas corren incluso más rápido puede

terminar en la cola de la carrera. Y eso es lo que está pasando en España. La diferencia

del gasto en sanidad entre España y la UE-15 era de 381,4 unidades de compra (1220,4-

839) en 1993, déficit que aumentó en 2000 a 547 (1615,6-1068,6). Esta es la realidad

que los sectores complacientes ignoran: la convergencia sanitaria con Europa no está

ocurriendo. Antes al contrario, el déficit sanitario que se había ido corrigiendo en los

años ochenta ha vuelto a aumentar a partir de los años noventa.

El cuadro 4 muestra parte del problema, que estas cifras anteriores señalaban. El

porcentaje del gasto en asistencia sanitaria sobre el PIB de España es 5,8% en 2000, de

los más bajos de la UE-15 (cuyo promedio es 7,2%). El problema es incluso mayor

puesto que, como consecuencia del gran poder de la industria farmacéutica en España,

el 20% del gasto sanitario es en farmacia, con lo cual, si descontamos este 20% del

5,8%, nos resulta que el gasto público sanitario no farmacéutico en sólo un 4,64% del

PIB, el más bajo, y con mucho de la UE-15. Los datos muestran que no hay espacio

para la imagen complaciente de que la sanidad española va bien.

Aunque hablaremos de este capítulo con mayor detalle en secciones posteriores,

queremos mostrar ahora algunos datos –el componente de protección social dedicado a

las familias- que muestran la gran escasez de recursos también en esta área. En realidad,

el discurso oficial retórico que subraya a la familia como el centro de nuestra sociedad,

contrasta con una realidad de ayudas muy pequeñas a la familia en España. El cuadro 5

muestra las unidades de poder compra en España en ayudas a las familias por habitante

y por año en 2000, 97,7, comparado con 484,8 en la UE-15, una cantidad que es cinco

veces menor. Es, con mucho, el gasto menor de la UE, confirmando que el gobierno

10

español es el gobierno con menor sensibilidad a las necesidades de las familias en la

UE-15.

Esta realidad de escasa sensibilidad a las familias se muestra también cuando

analizamos las ayudas pro-familiares como porcentaje del PIB (cuadro 6), que muestra

como el gasto pro-familia en España es sólo un 0,5% del PIB, cuatro veces menor que

el promedio de la UE-15 que es de 2,1%. Nuevamente, España presenta el nivel más

bajo de la UE-15. De estas cifras no puede deducirse tampoco que la situación de

apoyos financieros públicos a las familias en España vaya bien. Se podría argumentar,

sin embargo, que el gasto pro-familiar va aumentando tanto en términos absolutos como

porcentuales. Pero tal buena noticia queda relativizada ya que en otros países los gastos

pro-familia están creciendo más rápidamente, con lo cual si la diferencia en unidades de

poder de compra (ver cuadro 5) entre el promedio de la UE-15 y España era en 1993 de

289,7 (345,7-56) en 2000 la diferencia era de 387,1 (484,8-97,7), mostrando un

crecimiento del déficit pro-familiar, en vez de una corrección.

Una situación igualmente deficitaria ocurre en el capítulo de la protección social

referente a la vivienda, un capítulo que tiene una gran relevancia e importancia para la

población española (y muy en particular para la juventud) que señala la vivienda como

uno de los temas por los que la ciudadanía expresa (junto con el paro) mayor

preocupación e inquietud.

De acuerdo con las cifras del cuadro 7, el gasto en unidades de poder de compra

por habitante ha ido aumentando, desde 13,4 en 1993 hasta 40,5 en 1999, para luego

disminuir a 31,5 en 2000, punto que se presenta como un dato de progreso. Pero los

datos del cuadro 8 no permiten tal optimismo. En primer lugar, las cifras españolas son

muy bajas comparadas con el promedio de la UE que eran de 89,7 y 124,4

respectivamente para los años 1993 y 2000. En realidad, el crecimiento del gasto social

en vivienda fue mayor en la UE-15 que en España, con lo cual el déficit en relación con

la UE-15 aumentó, pasando de un déficit de 76,3 (89,7-13,4) en 1993 a un déficit de

92,9 (124,4-31,5) en 2000.

Tal situación se reproduce en el cuadro 8, que muestra como el gasto social en

vivienda representa el 0,2% del PIB mientras que el promedio de la UE-15 era en 2000,

11

un 0.6% del PIB, un porcentaje tres veces mayor que el español. En 2000 era uno de los

gastos más bajos, junto con Italia, Austria, Luxemburgo y Portugal, que son países que,

por cierto, los países que tienen baja fecundidad, tema del que hablaremos más tarde.

El cuadro 9 muestra un crecimiento del gasto en exclusión social durante los

años noventa en España pero, como en otros capítulos del Estado de Bienestar

señalados en los apartados anteriores, vemos que además de que el gasto (medido por

unidades de poder de compra por habitante) está muy por debajo del promedio de la UE

(26,7 en España en 2000 comparado con 92,6 en la UE-15), su crecimiento es también

menor que el crecimiento del promedio europeo, con lo que el déficit de gasto en

exclusión social ha aumentado en lugar de disminuir, pasando de 47,6 (62,5-14,9) en

1993 a 65,9 (92,6-26,7) en 2000.

El cuadro 10 también muestra que el gasto para prevenir la exclusión social,

0,1% del PIB, es el más bajo de la UE-15 (junto con Italia, país en que es todavía más

bajo).

La asistencia por supervivencia o viudedad (cuyo componente más importante

son las pensiones por viudedad) está también poco desarrollado en España.

El gasto por habitante (medido en unidades de poder de compra) fue en 2000 de

153,2 unidades, comparadas con 289 unidades en la UE-15. (Ver cuadro 11). Es el más

bajo de la UE, después de Dinamarca, Alemania y Grecia. Este déficit con la UE-15 se

ha ido agravando durante la década de los noventa, habiendo subido de 107,2 unidades

en 1993 (225,5-118,3) a 135,8 unidades en 2000 (289-153,2), y ello a pesar de que el

crecimiento de la población anciana (como porcentaje de toda la población) ha ido

aumentando más rápidamente en España que en el resto de la UE, con lo cual el déficit

de gasto social en prestaciones por viudedad se está acentuando todavía más (tal como

detallaremos más adelante cuando expandamos sobre las distintas categorías de

pensiones).

12

Cuando medimos el gasto en prestaciones por viudedad como porcentaje del PIB

en España podemos ver que es muy bajo (0,8% del PIB, comparado con un 1,3% del

PIB en promedio de UE-15) y que ha ido descendiendo, bajando de representar un 1%

del PIB en 1994 a un 0,8% del PIB en 1999. El promedio de la UE es mucho más alto,

habiendo oscilado alrededor del 1,3% del PIB durante los años noventa (ver cuadro 12).

El cuadro 13 muestra que el gasto promedio por persona en prestaciones por

invalidez (incluidas las pensiones por invalidez) era de 276,1 unidades de poder de

compra en 2000, más bajo que el promedio de la UE, 477,5; y aun cuando ha habido un

crecimiento de este gasto durante la década de los noventa, este crecimiento ha sido

menor que el promedio de la UE. Con lo cual el déficit del gasto social por invalidez

por persona ha aumentado, de ser 143,6 unidades en 1993 (354,7-211,1) a 201,4

unidades (477,5-276,1) en 2000.

El cuadro 14 muestra también como el gasto social en prestaciones por invalidez

como porcentaje del PIB es muy bajo (1,5% del PIB) en comparación con el promedio

de la UE (2,1% del PIB) y habiendo disminuido durante la década de los años noventa

(descendiendo de un 1,7% del PIB en 1993 a un 1,5% del PIB en 2000), mientras que

en el promedio de la UE-15 se ha mantenido durante estos años en un 2,2% del PIB.

Este es uno de los capítulos más importantes del Estado de Bienestar, ya que

incluye las pensiones por jubilación, como así también el resto de los servicios de ayuda

a los ancianos (excluyendo la atención sanitaria) como son las residencias de ancianos y

los servicios de asistencia domiciliaria (a los que nos referiremos en detalle más

adelante)

Las pensiones por jubilación representan el capítulo más importante de

transferencias del Estado de Bienestar y tienen una gran importancia para definir el

nivel y la calidad de vida de la población anciana de España. Sólo hay que considerar

que sin tales pensiones el 68% de la población anciana en España sería pobre, con lo

que tal programa de la Seguridad Social es el programa antipobreza más importante del

13

país, como ocurre, por cierto, en la mayoría de los países de la UE-15. De ahí que sea

uno de los programas más populares del Estado de Bienestar. Encuesta tras encuesta

señalan que la mayoría de la población tanto adultos como ancianos en España

consideran que el Estado debería gastarse más en pensiones.

Las prestaciones por vejez representan el 8,3% del PIB en España, mucho menos

que el promedio de la UE-15, 10,9% del PIB. (ver cuadro 16). Este déficit de 2,6% del

PIB con el promedio de la UE-15 no puede justificarse, como erróneamente se hace,

como resultado de que España tenga menos ancianos que el resto de la UE-15. En

realidad, la estructura demográfica de España está evolucionando muy rápidamente

hacia el promedio de estructura demográfica de la UE-15 y hoy, el porcentaje de la

población por encima de los sesenta años es en España un 21,6% de la población,

similar al promedio de la UE-15 (ver cuadro 19). La causa más importante para explicar

este déficit en el gasto social en vejez no es pues la estructura demográfica sino dos

hechos a los que no se ha dado la visibilidad que merecen. Uno, el más importante, es el

bajo nivel de las pensiones. Y el otro es la baja cobertura de las pensiones. Es

importante subrayar estos puntos porque se han oído voces muy poderosas en España

(tales como las del ex Gobernador General del Banco de España, Sr. Rojo –nombrado

para tal cargo por el gobierno socialdemócrata del PSOE- o el Presidente de la Patronal

Bancaria, Sr. Termes) que han criticado las pensiones de jubilación como

excesivamente generosas.

El cuadro 15 muestra, sin embargo, lo erróneo de tales declaraciones. España se

gasta 1522,1 unidades de poder de compra por persona en prestaciones por vejez, cifra

muy por debajo del promedio de la UE (2451 unidades), con el agravante que el déficit

del gasto en prestaciones por vejez por persona en España con la UE ha ido aumentando

durante los años noventa, pasando de ser 667,7 unidades en 1993 a 928,9 unidades en

2000. (ver cuadro 15). Este punto es también importante subrayarlo puesto que al

aumentar el gasto por persona en este tipo de prestaciones se presenta a la población

como un indicador de que la situación de pobreza de tales prestaciones se está

corrigiendo, cuando en términos comparativos con la UE esta corrección no está

teniendo lugar. Al crecer el gasto por persona más rápidamente en la UE que en España,

el déficit del gasto por habitante con la UE está aumentando en lugar de disminuir,

desconvergiendo con la UE.

14

El cuadro 16 muestra que el descenso en el gasto social en prestaciones por

vejez también ha tenido lugar cuando se lo mide gasto como porcentaje del PIB. Se

observa que el gasto ha descendido en España de un 8,6% del PIB en 1996 a un 8,3%

del PIB en 2000, mientras que tal gasto se ha mantenido en la UE-15 en torno al 10,9

del PIB en 2000 desde 1993.

Sobre la base de los datos aquí aportados es difícil concluir que las pensiones de

jubilación en España sean demasiado altas y que estén creciendo demasiado

rápidamente. La realidad es precisamente la contraria a esta sabiduría convencional que

se está reproduciendo en los establishments financieros del país y en las culturas

mediáticas y políticas afines a tales establishments. Tanto las pensiones de jubilación

como el resto de las prestaciones por vejez en España son muy bajas y su déficit en

cuanto al promedio de la UE está aumentando en lugar de disminuyendo.

Referente a la cobertura, tipo de pensiones y fuentes de financiación es

importante señalar que las pensiones de jubilación se agrupan, a partir del año 1991, en

porcentaje de población mayor de 60 años que cobran pensiones contributivas y no

contributivas en España. Vemos que en el año 2001 en España era del 51,6 para las

contributivas y 6,1 para las no contributivas. Es muy importante analizar los dos tipos

de pensiones por separado, pues sus beneficios varían considerablemente. El cuadro 18

muestra el monto promedio de las pensiones de jubilación contributivas en España.

Valga señalar que el importe promedio de la pensión de jubilación contributiva en

España en el año 2001 fue de 568 euros por mes.

El cuadro 19 muestra algunos datos comparativos con los países de la UE-15,

que resume algunos de los datos y observaciones realizadas en el análisis de las

pensiones. Como puede observarse, la edad de jubilación legal en España es 65 años,

como en la gran mayoría de los países de la UE-15 excepto Francia que es de 60 (e

Italia para las mujeres también a los 60 años), mientras que en Dinamarca es de 67 años.

Las columnas 1 y 3 del cuadro 19 son las bases para las voces que promueven la

la Seguridad Social las pensiones no contributivas de vejez . Estas se destinan a las personas mayores de

65 años que carezcan de recursos en la unidad famliar en la que viven.

15

versión, citada anteriormente, que las pensiones en España son excesivamente

generosas. En España el número de años necesarios para alcanzar la pensión

contributiva máxima es de 35 años, un periodo que es menor que en la mayoría de otros

países, que es alrededor de 40 años. Es más, la tasa neta del beneficio (como porcentaje

del salario neto) es 97-98% sin cónyuge y 96-98% con cónyuge, de las más altas en la

UE-15, como muestra la cuarta columna cuadro 19. Ahora bien, cuando se deriva de

estos datos la conclusión de que las pensiones son muy altas al representar (en el

beneficio máximo) casi la totalidad del salario se ignora un hecho fundamental y es que

los salarios son muy bajos en España. Tomando los salarios del sector manufacturero (el

sector con salarios más altos) en 1999 (publicado por el Departamento de Trabajo del

Gobierno Federal de EE.UU.) vemos que si consideramos el salario horario promedio

de EEUU como 100, los salarios de Austria (114), Dinamarca (120), Finlandia (110),

Noruega (125), Suecia (112), Bélgica (119), Alemania (140), Holanda (109) y Suiza

(123) son superiores, mientras que en España son muy inferiores (63), con lo cual un

alto porcentaje de salario bajo representa una cantidad de pensión mucho más bajo que

el valor promedio de pensión para tal trabajador, (considerado como el mejor pagado en

España). Este número queda todavía más reducido cuando se consideran los salarios

promedio y se añaden las pensiones no contributivas.

Conviene insistir en este punto que atribuye excesiva generosidad a las

pensiones. Como queda indicado, el problema no es la excesiva generosidad de las

pensiones, sino la austeridad de los salarios. Por ejemplo, una persona que tenga un

salario equivalente al salario mínimo puede, después de 35 años de cotizaciones,

alcanzar su pensión que significará el 100% de su salario, mientras que para otro

cotizante, con un salario diez veces superior al anterior, por el efecto de los topes de

cotización y de pensión, el porcentaje de sustitución de la pensión respecto de su salario

no alcanzaría ni el 50% de sus ingresos.

Una de las noticias que aparecen con mayor frecuencia en los medios de

información y persuasión españoles es la supuesta crisis del Sistema de Seguridad

Social española. Ya a principios de los años noventa, La Caixa, así como BBV y

FEDEA publicaron varios informes indicando que la Seguridad Social, tal como estaba

16

la Seguridad Social en pensiones contributivas alcanzaría en el año 2000 la cifra

alarmante de 2.378 billones de pesetas, una cifra equivalente en aquel entonces al 2,7%

billones de pesetas), equivalente al 1,6% del PIB. Todos estos estudios crearon un clima

de alarma, reproducido en los medios de información que hablaron del "colapso" de la

Seguridad Social. El año 2000 llegó y mostró que todas aquellas predicciones alarmistas

habían sido erróneas. El déficit de aquel año de la Seguridad Social, incluyendo las

pensiones contributivas, era sólo de 298.000 millones de pesetas, que representaban el

0,3% del PIB, una cifra nueve veces menor de la que predecía FEDEA y más de cinco

veces menor que la que predecía el BBV. En realidad tal cifra era muy semejante a la

que habían predicho los propios expertos de la Seguridad Social (dirigidos por Adolfo

tanto el FEDEA como BBV (y los intelectuales afines al capital financiero) hayan

retrasado ahora la fecha del supuesto "colapso" alrededor del año 2020.

La supuesta crisis de las pensiones en España se basa en varios supuestos que

merecen ser analizados en detalle. Se indica que la transición demográfica – con cada

vez menos jóvenes y más ancianos – va en contra de la viabilidad del sistema de

pensiones. Pero tal argumento ignora que no es jóvenes versus ancianos, sino

contribuyentes a la Seguridad Social versus beneficiarios lo que en realidad cuenta

cuando analizamos la viabilidad del sistema. Y la realidad de los últimos veinte años en

España es que el número de contribuyentes ha ido aumentando como resultado del

crecimiento de la población activa, consecuencia de la reciente incorporación de la

mujer en el mercado de trabajo. El cuadro 20 muestra como el porcentaje de la

población activa ha ido aumentando en España del 51,06% de la población adulta (15-

64 años) en 1993 al 54,3% en el año 2002. El porcentaje de mujeres que se incorporaron

al mercado de trabajo ha pasado en España de un 36,66% de las mujeres adultas en

1993 a un 42,32% en el año 2002.

Documento de Trabajo 95-03, FEDEA.

17

Este aumento de la población activa ha significado también un aumento de las

contribuciones a la Seguridad Social. El cuadro 21 muestra el crecimiento de los

contribuyentes así como el número de beneficiarios con la evolución de la tasa afiliadobeneficiario.

Además del crecimiento del número de cotizantes, otro factor que favorece el

aumento de ingresos a la Seguridad Social es que en la medida en que la productividad

aumenta, los salarios (y con ellos las cotizaciones sociales) también aumentan, con lo

cual los ingresos de la Seguridad Social también aumentan.

A pesar de estos aumentos se ha aconsejado retrasar la edad de jubilación a 67 e

incluso a 70 años, asumiendo que la esperanza de vida ha ido creciendo, así como la

salud de los jubilados, con lo cual podría retrasarse la edad de jubilación. Estudios

científicos han validado que los ancianos tienen hoy mejor salud y sufren menos

discapacidades que los ancianos de hace diez y veinte años. Ahora bien, en estos

argumentos se exagera la extensión en años de vida por cada anciano, y ello resultado

de una falta de comprensión de cómo se calcula el promedio de años de vida o

esperanza de vida. Supongamos que España tuviera sólo dos ciudadanos, uno de 80

años y otro que muriera al día siguiente de nacer, es decir 0 años. El promedio –

esperanza de vida del ciudadano promedio- sería de 40 años. Pero supongamos que en

lugar de tener 80 y cero años, tuvieran 80 y 20 años. En este último caso el promedio de

años de vida sería 50 años (80+20=100:2=50), con lo cual el promedio de años de vida

habría aumentado diez años aun cuando la persona anciana continuara teniendo ochenta

años. El hecho de que la esperanza de vida hoy sea casi cuatro años mayor que veinte

años atrás no quiere decir que cada anciano viva cuatro años más. En realidad, el

crecimiento de los años de vida para aquellas personas que tienen 65 años ha crecido

muy poco en los últimos veinte años. Lo que sí ha crecido de una manera muy notable

es el número de personas que alcanza los 65 años y ello como resultado del descenso de

la mortalidad infantil y de la mortalidad en los grupos etarios más jóvenes. Al haber

más años de vida, divididos por el número de personas para calcular el promedio, este

nos da una cifra mayor de años de vida por persona sin que ello indique que el número

de años que los ancianos vivirán sean mucho mayores. En resumidas cuentas el número

de personas en los grupos de 65 a 70, de 70 a 80 y por encima de los ochenta años irá

aumentando. Pero ellos no quiere decir, como erróneamente se interpreta, que los años

de vida a partir del año de jubilación vayan aumentando considerablemente. De ahí que

18

es un error retrasar la edad de jubilación, pues con esta medida se reducirían los años de

beneficio de la jubilación. La obligatoriedad de este retraso del año de jubilación sería,

por lo tanto, una pérdida importante de los derechos adquiridos por la fuerza laboral,

siendo, con razón, altamente impopular. Esto explica que algunos de sus proponentes,

en el ámbito de la Comunidad Europea. Esta medida sólo desplazaría el nivel de

frustración de los trabajadores, del nivel estatal al nivel europeo, contribuyendo a la

impopularidad de las instituciones europeas.

Este retraso, de ser obligatorio, sería regresivo y penalizaría sobre todo a los

sectores de la fuerza de trabajo –casi el 50% de los trabajadores de España- que tiene

escasa cualificación, realizando trabajo repetitivo, más manual que mental, y con

escasas posibilidades de creatividad y control sobre sus condiciones de trabajo. Para

más rápido que para el profesional académico (como el catedrático de universidad) y

profesional cualificado, para el cual el trabajo es motivo de goce, creatividad y

crecimiento intelectual. Esta no es la situación para la mayoría de trabajadores de

España.

De ahí que la medida más aconsejable, en lugar de retrasar la edad de jubilación,

sea la de favorecer la entrada de la mujer en el mercado de trabajo, y el aumentar los

salarios y con ello la contribución a la Seguridad Social, además de evitar las cargas de

jubilación anticipadas a las que hacemos referencia en esta sección. El cuadro 22

muestra el número más de trabajadoras que tendría España (5.903.032) si tuviera el

porcentaje de mujeres que trabajan que tiene Suecia. Puede verse, por lo tanto, que hay

una enorme cantera de trabajadores que debiera tenerse en cuenta cuando se habla con

gran frecuencia de la necesidad de incorporar inmigrantes para resolver una supuesta

falta de mano de obra (habiéndose hablado de 100.000 al año). Considerando que la

mayoría de las mujeres adultas que no trabajan desearían trabajar, resulta que esta

cantera no se está aprovechando suficientemente, refiriéndose en lugar a los

inmigrantes, lo que tiene el riesgo de percibirse como una llamada a trabajadores que

por su condición de vulnerabilidad acepten trabajos peor pagados y con condiciones de

trabajo más deterioradas. La solución no puede proceder principalmente de la

Welfare Systems and Labour Markets: Diverse in the Past, Integrated in the Future?", en G. Bertola, T.

19

inmigración (como comúnmente se indica) sino de la integración (de un número mucho

mayor) de mujeres al mercado de trabajo, y a un mejoramiento de los salarios (y de las

cotizaciones sociales). Con tales medidas la viabilidad de la Seguridad Social está más

que garantizada hasta al menos el año 2040. Si además se saturara la capacidad laboral

de la ciudadanía, alcanzando, por ejemplo, los niveles prevalentes en Suecia, entonces

podría complementarse los fondos de la Seguridad Social a partir de los fondos

generales del Estado, aumentando las cargas impositivas del Estado, una de las más

bajas de la UE.

Estos comentarios anteriores no significan una insensibilidad por parte nuestra

hacia realizar reformas en la edad de jubilación, en sentido de que la edad de jubilación

real en España, 63 años, sea la más próxima posible a la edad de jubilación legal,

evitando además que la Seguridad Social realice funciones que no son propias de tal

institución, tales como el facilitar el reajuste de las plantillas de las empresas como parte

de la política industrial del país. En este aspecto es injusto para la Seguridad Social y

para el trabajador el que la Seguridad Social tenga que asumir los costes de la prejubilación,

pagando la pensión de la persona que se jubila, en el momento de la

jubilación, en lugar de que la empresa continuara cotizando hasta la edad legal de

jubilación, permitiendo que tal trabajador reciba la pensión completa que le

correspondería a su edad legal de jubilación. Desde este punto de vista, el gobierno

conservador español ha seguido una política de favorecer las pre-jubilaciones que

creemos errónea e injusta para los trabajadores y para la Seguridad Social. Nosotros

creemos que debiera estimularse progresivamente que la edad real de jubilación vaya

coincidiendo con la edad legal, evitando que las cargas de jubilación anticipada se

trasladen al sistema de la Seguridad Social con los consiguientes efectos negativos

sobre ella y sobre los trabajadores.

También creemos aconsejable flexibilizar voluntariamente la edad de jubilación,

de manera que las personas que voluntariamente deseen jubilarse más tarde puedan

hacerlo, hasta un máximo de setenta años, oponiéndonos, sin embargo, a la

obligatoriedad de este retraso en la edad de jubilación.

Para entender la naturaleza de tales prestaciones hay que comprender las dos

características que (junto con el elevado número absoluto y porcentual de trabajadores

20

temporales) caracterizan el mercado de trabajo en España y que son la muy baja

participación de la población adulta en el mercado laboral y su elevado paro.

Como ya hemos mencionado, en España la baja tasa de población activa

(porcentaje de la población adulta que trabaja o está buscando activamente empleo) es

la más baja de la UE-15 (tal como muestra el cuadro 23). Este porcentaje tan bajo se

debe primordialmente al porcentaje muy bajo de mujeres adultas en el mercado de

trabajo, puesto que el porcentaje de varones adultos que trabajan, aunque inferior al

promedio de la UE-15, no es tan inferior como el de las mujeres (ver cuadros 24 y 25).

Este bajo porcentaje de la mujer en el mercado de trabajo se debe a la herencia

de la tradición cristiana conservadora (enfatizada por cuarenta años de una dictadura

profundamente conservadora-cristiana que relegaba a las mujeres a las funciones del

hogar) Así, después de la muerte del dictador, en el año 1976 la tasa de participación de

la mujer en el mercado laboral era de sólo un 28,8% en España. La democracia significó

un cambio significativo, favoreciendo la igualdad de géneros que exige una mayor

incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Así vemos en el cuadro 25 que el

porcentaje de mujeres incorporadas al mercado de trabajo continúa subiendo en los años

noventa, pasando de ser un 36,66% de todas las mujeres adultas en 1993 a un 42,32%

en el año 2002. Con ello aumentó también el porcentaje de la población adulta en el

mercado de trabajo, pasando de ser un 51,05% de toda la población adulta en 1993 a un

54,30% de toda la población adulta en el año 2002.

La integración de la mujer al mercado de trabajo ha sido uno de los hechos más

importantes de la democracia y que, ha tenido consecuencias humanas, sociales y

económicas muy importantes. Esta integración se ha debido primordialmente a tres

factores. Uno ha sido el crecimiento de la concienciación de la mujer (y sobre todo de la

mujer joven) de sus derechos, exigiendo una igualdad de oportunidades con los

hombres, lo cual pasa por su integración en el mercado de trabajo en igualdad de

condiciones, lo que dista mucho de haberse alcanzado. La otra causa es el descenso

relativo de la capacidad adquisitiva de los trabajadores, que ha exigido una integración

laboral de las mujeres a fin de mantener la capacidad adquisitiva de la familia. Por

último, el notable crecimiento del sector servicios, sector que contiene el mayor número

de puestos de trabajos a los que las mujeres tienen mayores facilidades de integración,

siendo difícil su integración en otros sectores – como el manufacturero – donde el

21

dominio de los varones es casi absoluto. Ni que decir tiene que cambios están

ocurriendo en cada uno de estos sectores, pero tales cambios son todavía muy lentos.

La otra condición que caracteriza el mercado de trabajo español es el elevado

paro, el más alto de la UE-15. Antes de presentar las cifras que documentan el paro

tenemos que hacer una clarificación que tiene derivaciones políticas. En España las

autoridades gubernamentales tienen la tendencia a presentar los datos basados en la

información que procede del Instituto Nacional de Empleo o INEM y que recoge el

número de personas en paro que están registradas para cobrar el seguro de desempleo

(bien sea contributivo o asistencial), cifra que es menor, y en muchos casos mucho

menor, que la cifra procedente de la encuesta de población activa (EPA) y que da una

mejor información de las personas que están desocupadas. Así podemos ver que las

cifras de paro según el INEM (ver cuadro 26) para el periodo 1993-2002 son mucho

menores que las obtenidas por la EPA (ver cuadro 27) para el mismo periodo. Ello

explica que los partidos gobernantes así como la mayoría de los medios de

comunicación afines a los partidos gobernantes utilicen los datos provistos por el

INEM. Ahora bien, los datos más reales son los que proceden de la EPA, siendo

también los que se aproximan más a los datos que proveen tanto la OECD como

EUROSTAT.

La situación de cómo conocer el paro se complica incluso más porque, a fin de

hacer las estadísticas laborales más afines a las de UE-15, la manera de definir

desocupación cambió a partir del año 2001, forzando una redefinición de las tasas de

ocupación y desocupación. Así, el cuadro 28 presenta en la segunda columna la

evolución de las cifras de paro de la EPA del año 1990 al año 2001 según los cálculos

de la antigua definición, mientras que la tercera columna presenta las tasas de paro

según la nueva definición. Ahora bien, mírese como se mire el hecho es que España

tiene el paro más alto de la UE-15.

Aquí hay que aclarar otro punto muy importante puesto que en muchas

ocasiones la elevada tasa de paro se presenta como síntoma de la falta de dinamismo de

una economía y ello no es así. Un país A puede tener una tasa de paro mayor que otro

país B y a pesar de ello tener una economía más dinámica, produciendo más empleo. Y

ello es lo que ocurre en España. En realidad, España tienen una de las tasas de creación

de empleo más elevadas de la UE-15. Pero a pesar de ello tienen la tasa de paro también

más elevada, y ello como consecuencia de que la demanda de puestos de trabajo es

22

mucho mayor que la oferta de puestos de trabajo. El retraso histórico, impuesto por la

dictadura, hace que al comienzo de la democracia hubiera un gran incremento de

mujeres que deseaban y continúan deseando integrarse al mercado de trabajo,

incremento que continuará todavía por muchos años, puesto que la tasa de participación

femenina es muy baja todavía, como hemos señalado antes. Contribuye a este

crecimiento de la demanda la elevada destrucción de puestos de trabajo en la agricultura

– y en menor grado en la industria – debido al aumento de la productividad de estos

sectores, que todavía se caracterizan por una baja productividad. De ahí que es probable

que, a pesar del gran incremento de puestos de trabajo que la economía española está

produciendo desde los años ochenta, este incremento no sea suficiente para responder a

la gran demanda de puestos de trabajo.

Valga también señalar que esta alta tasa de producción de empleo está también

caracterizada por un tipo de producción de empleo de excesiva temporalidad que afecta

y reproduce la baja productividad. La solución al desempleo pasa por un aumento de la

productividad y un incremento incluso mayor de la producción de empleo (tanto

privado como público), con una corrección de la excesiva desregulación del mercado de

trabajo que está produciendo un mercado de trabajo excesivamente deteriorado. En

España se ha intentado conseguir la muy necesaria flexibilidad del mercado de trabajo

basándose en desregular el mercado de trabajo, creando excesiva temporalidad. Otra

alternativa, sin embargo, hubiera sido alcanzar un alto grado de flexibilidad laboral

mediante una mejor regulación del mercado de trabajo basado en un pacto social entre

el mundo empresario y el sindical, y unas políticas públicas más activas y más

intervencionistas como lo han hecho países como Suecia que tiene las tasas de actividad

más altas de la UE, el paro más bajo, el Estado de Bienestar más desarrollado y uno de

El elevado paro explica que tal como muestra el cuadro 29, el gasto en

prestaciones por desempleo en unidades de compra, por habitante, en 2000, sea en

España de 439,7, más alto que el promedio de la UE; las únicas prestaciones sociales en

las que España están por encima del promedio de la UE.

1998.

23

En cuanto al porcentaje del gasto social en prestaciones de desocupación sobre

el PIB, podemos ver en el cuadro 30 que el porcentaje es 2,4% del PIB en España,

mayor que el promedio de la UE, 1,7% del PIB.

Hay que indicar que el hecho de que el gasto social en este tipo de prestaciones

sea el más elevado no se debe a que el nivel de las prestaciones por desempleo o la

extensión de la cobertura sean altos – lo cual dista mucho de serlo- sino por la alta tasa

de desempleo, temas elaborados en la próxima sección.

Existen dos tipos de prestaciones por desocupación: contributivas y no

contributivas. Para acceder a la prestación contributiva, también denominada

"prestación por desempleo", es necesario, entre otros requisitos, que el trabajador

haya realizado la correspondiente cotización a la Seguridad Social. El monto de la

70% de la misma durante los primeros 180 días de la prestación y del 60% en

adelante. Los valores para 2002 para trabajadores sin hijos a cargo comprendían un

mínimo de 386,92 euros por mes y un máximo de 877,03 euros por mes. En el caso

de trabajadores con hijos a cargo, el mínimo se situaba en 515,90 euros por mes, y el

máximo en 1006 euros con mes (con un hijo a cargo) y 1134,98 (dos o mas hijos a

cargo).

La prestación asistencial o subsidio por desempleo tiene un valor del 75%

del salario mínimo interprofesional (que en 2002 era de 442,20 euros por mes), es

decir alcanzaba los 331,65 euros por mes. Pueden percibir esta prestación los

trabajadores que han agotado la prestación contributiva por desempleo y tienen

responsabilidades familiares; los trabajadores mayores de 45 años que han agotado

las prestaciones por desempleo de al menos 12 meses y no tienen responsabilidades

familiares; los trabajadores inmigrantes retornados; los trabajadores que no han

cumplido el tiempo de mínimo de cotización para acceder a una prestación

contributiva; los liberados de prisión y los trabajadores que sean declarados

plenamente capaces o inválidos parciales tras la revisión de un expediente de

últimos seis meses.

24

invalidez. Un segundo tipo de prestación asistencial es el subsidio a favor de

trabajadores eventuales agrarios, y el monto a percibir es también del 75% del

salario mínimo interprofesional.

El cuadro 31 presenta el porcentaje de cobertura de las prestaciones por

desempleo (contributivas, asistenciales y totales) según Comunidades Autónomas,

para el periodo 1997-2002. Los datos de paro registrado corresponden al mes de

diciembre de cada año, y los de la EPA al cuarto trimestre de cada año.

En España, en 1997, el 30,37% de los parados según la EPA recibían algún

tipo de ayuda al desempleo. El 15,23% cobraba prestaciones contributivas, y el

15,14% prestaciones asistenciales. Para el mismo año, pero tomando como

referencia el paro registrado según el INEM, el 49,86% de los parados registrados

recibía algún tipo de cobertura (el 25% cobraba prestaciones contributivas y el

24,86% asistenciales). Las Comunidades Autónomas de Madrid o Navarra

presentaban los niveles más altos de cobertura de prestaciones contributivas, sobre

del nivel de paro de la EPA (con 20,33% y 26,87% respectivamente).

Para el año 2000, el nivel de cobertura se ha incrementado en España. El

35,15% de los parados según la EPA y el 54,85% del paro registrado reciben algún

tipo de prestación. Exceptuando Baleares, en donde las características específicas

del mercado de trabajo elevan las cifras de cobertura, Cataluña presenta el grado de

cobertura según la tasa de paro registrado más alta del Estado Español. No sucede lo

mismo al considerar la cobertura según la tasa de paro de la EPA. El nivel más alto

de prestaciones contributivas (luego de Baleares) lo presentan Navarra (44,45%) y

Aragón (34,50%). Y en lo que hace a las prestaciones no contributivas, siempre en

relación con la tasa de paro de la EPA, las cifras de cobertura más elevadas las

presentan Navarra (25,29%), Canarias (20,45%) y Castilla-La Mancha (19,72%).

Los porcentajes correspondientes a 2001 presentan una tendencia

ascendente. Cabe aclarar que a partir de este año se comienza a aplicar las

modificaciones de la EPA en la definición de parado. El porcentaje de cobertura

según el paro registrado es del 58,48%, del 34,80% para prestaciones contributivas y

23,68% para las asistenciales. Y en relación con la tasa de paro de la EPA, el

48,68% de los parados reciben alguna prestación en España (28,97% contributivas y

19,71% asistenciales). En el caso de las prestaciones contributivas, Navarra

25

(64,32%), Aragón (63,97%), La Rioja (57,24%), Madrid (44,78%) y Asturias

(44,69%) están por delante.

Los porcentajes de cobertura general experimentan una modificación en el

año 2002: sube el porcentaje de cobertura según el paro registrado (59,31%) y baja

según la EPA (47,27%). Cataluña presenta el porcentaje mayor de cobertura total

según la tasa de paro registrado, y para las prestaciones contributivas (58,46%). Pero

en relación con la tasa de paro de la EPA, Navarra (87,06%), Madrid (73,78%), La

Rioja (67,57%) y Asturias (58,29%) presentan niveles superiores. En el caso de las

prestaciones contributivas, Navarra (59,67%), Madrid (54,99%), La Rioja (50,06%)

y Aragón (47,94%) poseen los niveles más altos de cobertura.

De la lectura del cuadro 31 puede concluirse que: (1) resultado de lo dicho

anteriormente, las cifras son más optimistas cuando se miran los valores del INEM que

las cifras más reales procedentes de la EPA. (2) Más de la mitad de los parados en

España no tienen ningún tipo de cobertura frente al paro. El cuadro 32 muestra los

porcentajes de cobertura de la población parada respecto del total de la población activa.

Como se observa, tales porcentajes de cobertura están entre los más bajos de la Unión

Europea. (3) El grado de cobertura de parados según la EPA ha disminuido desde 2001.

En cuanto a la supuesta generosidad de cobertura, podemos ver que las cifras

citadas en el texto para todos los casos son bajas, y son especialmente muy bajas en el

caso de las prestaciones asistenciales. De aquí que de las cifras presentadas en esta

sección no pueda presentarse una conclusión, ampliamente reproducida en medios

conservadores y liberales que la "excesiva generosidad de la cobertura en beneficios del

desempleo" sea una causa del alto desempleo en España. En realidad, otros países con

menor desempleo tienen una cobertura y unos beneficios mucho mayores que los

existentes en España.

Todas las encuestas realizadas en España muestran como la familia es la

institución que la ciudadanía considera como más importante. Un 78% de la población

considera a la familia como el punto de referencia más importante en su vida. La familia

también ocupa un papel central en el discurso mediático y político, que retóricamente de

refiere a la familia como el centro de la sociedad civil.

26

Esta supuesta importancia de la familia contrasta sin embargo con la enorme

pobreza de políticas públicas de apoyo a la familia. Tanto en transferencias como en

servicios, las aportaciones y provisiones por parte del Estado son mínimas. En esta

sección vamos a documentar la situación de los servicios de ayuda a la familia y muy en

especial las escuelas de infancia de 0 a 3 años y los servicios domiciliarios, ambos de

una gran importancia para facilitar a las familias el cuidado de los niños, ancianos y

personas con discapacidades, ayudando a las familias a compaginar sus

responsabilidades familiares con sus proyectos profesionales.

Las escuelas de infancia juegan un papel muy importante en mejorar el

desarrollo infantil, además de facilitar la participación de la mujer en el mercado de

trabajo y de crear empleo. Referente al primer punto, el mejoramiento del desarrollo

intelectual y emotivo del niño, es muy importante romper con el concepto de guarderías

que ven al niño como un cuerpo que hay que guardar mientras los padres trabajan. Esta

visión de la atención del infante que establece guarderías como si se trataran de

aparcamientos de niños, es sumamente negativa. Estudios científicos muestran clara y

convincentemente que la edad de 0 a 3 años es clave para determinar el desarrollo

intelectual y emotivo del niño, requiriéndose unas competencias y condiciones de las

que el infante se sienta estimulado e incentivado para su desarrollo intelectual. De ahí

que se requieran escuelas de infancia en lugar de guarderías y de ahí también que la

desregulación de las escuelas de atención a los infantes de 0 a 3 años que acaba de

aprobar el gobierno español tendrá un efecto negativo, al facilitar la aparición de

guarderías que no tendrán las competencias ni los objetivos de desarrollar el crecimiento

intelectual de los niños.

El porcentaje de niños menores de 3 años (primer ciclo de educación infantil)

que asiste a escuelas de infancia públicas es muy escaso en España. El cuadro 33

muestra la baja cobertura en relación con otros países de la Unión Europea. Sólo el 8%

de los niños españoles menores de 3 años tienen plaza en una escuela de infancia

pública, comparado con el 44% de Dinamarca, 40% de Suecia o 23% de Francia.

Para acercarse al nivel europeo deberían estar cubiertos el 20% de los niños

menores de 1 año, el 50% de los de 1 a 2 años y el 80% de los de 2 a 3 años. En el

cuadro 34 se presenta una proyección de estos valores de cobertura sobre la población

27

infantil y las plazas actualmente existentes. Como puede observarse, en España existe

un déficit de más de 430.000 plazas.

Hacer frente al déficit en escuelas de infancia implicaría también la creación de

nuevos puestos de trabajo, facilitando la incorporación de nuevos trabajadores (jóvenes

y mujeres en particular) al mercado de trabajo. En el cuadro 35 se presenta una

proyección de puestos de trabajo que se crearían de implementarse los niveles de

cobertura propuestos en el párrafo anterior. El cálculo se basa sobre el número de niños

por educador que se considera necesario en diversos países de la Unión Europea. Este

criterio aconseja la presencia de un educador por cada tres niños en la atención a

menores de 1 año, un educador por cada cuatro niños para los infantes de entre 1 y dos

años y un educador por cada 5 niños para los de 2 a 3 años. De acuerdo con este criterio,

y sobre la base de las proyecciones de plazas faltantes presentadas en el cuadro 34,

tenemos que podrían crearse en España 101.372 puestos de trabajo.

El envejecimiento de la población es un fenómeno global que afecta

especialmente al Estado Español. Las consecuencias de este proceso afectan no sólo las

condiciones de vida de la población mayor sino también las de su entorno familiar y

social.

En Europa conviven distintos modelos de protección a las personas mayores,

reflejando por una lado los diferentes modelos de Estado de Bienestar existentes y por

el otro la evolución demográfica de cada uno de ellos. Pero más allá de las

particularidades de cada caso, la tendencia generalizada en todos los países de la Unión

Europea en el cuidado de la tercera edad es la de dar prioridad a los servicios basados en

el domicilio de las personas, evitando, por un lado, la institucionalización de las

personas dependientes, y por otro lado, el sobrecargar a las familias, ayudándolas para

que las personas adultas que la componen puedan combinar sus responsabilidades

familiares con las profesionales..

Un fenómeno directamente relacionado con el envejecimiento de la población es

el de dependencia, que afecta la autonomía de las personas para realizar sus actividades

cotidianas. Si bien no existe un criterio único para medir con absoluta certeza el grado

de dependencia de una población determinada, sí es posible estimarla. Tanto el Instituto

28

de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO) como la Sociedad Española de

Geriatría y Gerontología entienden el concepto de dependencia como el grado de

dificultad que presenta una persona para realizar de manera autónoma las actividades

básicas de la vida diaria. Existen diferentes escalas para medir el grado de dependencia

de las personas, y así estimar las horas semanales de atención que requieren las

personas, de acuerdo con sus distintos niveles de dependencia. Uno de ellos es el

método de graduación de la dependencia elaborado por el profesor Gregorio Rodríguez

Nacional de Salud de 1993 y 1995, y similar al empleado en el documento del Defensor

requieren seis horas de asistencia semanales y quienes presentan un nivel de

dependencia grave, diez horas semanales.

Los países escandinavos son pioneros en el desarrollo de estos servicios de

atención domiciliaria para las personas dependientes. En Dinamarca, por ejemplo, el

24% de los mayores de 64 años reciben atención domiciliaria, con un promedio de 5

horas semanales de atención. En Suecia, la cobertura alcanza al 17% de la población

mayor, con un promedio de 6 horas semanales. En Holanda, la cobertura es del 9,5% y

ayuda domiciliaria en España se encuentran muy lejos de estos porcentajes, en cuanto a

la cobertura (1,5% de la población mayor de 65 años) y en cuanto a la intensidad de

atención (sólo 4,7 horas semanales promedio de atención por persona en España).

A fin de remediar este déficit se han realizado dos propuestas principales sobre

la cobertura e intensidad que deberían alcanzar los servicios de ayuda domiciliaria, si

bien no se han llevado adelante. La primera es la elaborada por el Defensor de Pueblo y

Trabajo y Seguridad Social, Secretaría General de Asuntos Sociales, IMSERSO, 1999.

Geriatría y de la Asociación Multidisciplinaria de Gerontología, 2000.

29

La propuesta realizada desde el Defensor del Pueblo y la Sociedad Española de

Geriatría y Gerontología considera que un horizonte alcanzable sería que para el año

2006 estuviese cubierta el 5% de la población mayor con un promedio de 7 horas

semanales de atención. La segunda propuesta, considera que el porcentaje de cobertura

debería ser del 14,9% de la población mayor de 64 años, con una intensidad promedio

de atención de 6 a 10 horas semanales, según los grados de dependencia (5,6 horas

semanales para las personas con dependencia mediana y 9,3% para las personas con

dependencia grave). Ambos criterios se presentan en el cuadro 37.

En el cuadro 38 se presenta una estimación del déficit en atención domiciliaria,

sobre datos del año 2001. Para calcularlo, hemos proyectado sobre la población

española mayor de 64 años los criterios de cobertura presentados en el cuadro 37, para

así obtener la población que debería estar cubierta de acuerdo a estos criterios. Hemos

restado de esta cifra las personas que actualmente tienen acceso al servicio, lo que nos

devuelve la estimación de personas que deberían cubrirse. Así, de acuerdo a la

propuesta del Rodríguez Cabrero-IMSERSO, vemos que en España existe un déficit de

asistencia de 796.767 personas, mientras que de acuerdo con la propuesta del Defensor

del Pueblo y la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología el déficit alcanzaría las

205.614 personas.

Al igual que en el caso de la expansión de las escuelas de infancia, una de las

potencialidades más prometedoras del desarrollo de los servicios de atención

domiciliaria a los mayores es su capacidad creadora de empleo. Hemos calculado los

puestos de trabajo que podrían crearse en España de llevar adelante estas propuestas. En

el cuadro 39 se presenta la estimación de puestos de trabajo que podrían crearse

siguiendo la iniciativa del Defensor del Pueblo y la Sociedad Española de Geriatría y

Gerontología. Para obtener la cifra hemos partido de la estimación de usuarios

potenciales de acuerdo con el déficit de asistencia (presentado en el cuadro 38),

multiplicando luego por las horas semanales de atención sugeridas (7 horas promedio,

en este caso) y luego dividiendo sobre la base de una semana de trabajo de 40 horas.

Así, vemos que en España podrían crearse 35.982 puestos de trabajo.

En el cuadro 40 presentamos la misma proyección, pero esta vez tomando como

base la propuesta de Rodríguez Cabrero y el IMSERSO. El procedimiento ha sido el

mismo, y los puesto de trabajo que podrían crearse en España serían 188.989.

30

En lo que hace a las modelos de financiación, tanto la propuesta de Rodríguez

Cabrero como la de Sociedad Española de Geriatría y Gerontología destacan la

necesidad de integrar un sistema mixto de financiación, con recursos provenientes de la

Seguridad Social, del Gobierno Central, de las Comunidades Autónomas, de los

Gobiernos Locales y de los propios usuarios. En otros países de la Unión Europea, la

modalidad de financiamiento también es mixta, con diferente protagonismo del nivel

local. Así, en Suecia, el municipio responde del 93% del costo, los usuarios del 6% y el

gobierno central del 1%. En Finlandia el gobierno local paga el 58%, el estado el 28% y

los usuarios el 14%: En Holanda los usuarios responden por el 10% del servicio,

De ahí que un punto clave para calcular los costos de los servicios sea el

determinar el porcentaje de pago que procede de cada nivel administrativo, así como

Nosotros concluimos en este informe que los costes deberían dividirse de la siguiente

manera: 40% para el gobierno central (financiado por una contribución de fondos

procedentes de la Seguridad Social y del Estado), un 25% para el gobierno autonómico,

un 25% para el gobierno local y un 10% para el usuario.

Una última observación referente a estos servicios. El descubrimiento de las

familias (por fin) por el establishment político de España) explica la gran cantidad de

propuestas pro-familiares presentadas últimamente por los partidos políticos. Ahora

bien, la mayoría de estas propuestas incluyes ayudas como transferencias o

desgravaciones fiscales que son, por lo general, muy pequeñas. Las familias españolas

necesitan, sin embargo, servicios (tanto escuelas de infancia como servicios de ayuda a

la familia, viviendas asistidas y residencias para personas discapacitadas y ancianos)

que son los que significan una mayor ayuda a las familias y sobre todo a las mujeres. De

ahí que existe una urgencia en introducir en la legislación española un nuevo derecho de

ciudadanía que garantice, por parte del Estado, el acceso de las familias a tales servicios

de ayuda a la familia. Este derecho debería ser universal y no asistencia, es decir que

todas las familias tuvieran tal derecho de acceso, siendo responsabilidad pública la de

ofrecer tales servicios.

Cataluña", Programa en Políticas Públicas y Sociales, UPF, http://www.upf.es/idec/progpps/pps.htm.

31

Por último, tales servicios pro-familiares deben ir acompañados por otro tipo de

políticas públicas que favorezcan el desarrollo y autonomía de sus miembros. Entre

ellos debieran incluirse el mejoramiento del mercado de trabajo para los y las jóvenes

(hoy en día muy deteriorado), y una mayor ayuda en viviendas, facilitando el mercado

de alquileres (hoy poco desarrollado en España), facilitando a su vez un cambio de

valores en el que el varón se responsabilizara de las tareas familiares en el mismo grado

que la mujer. Hoy, una situación muy preocupante es que el hombre joven deja su casa a

los 30 años como promedio, casándose por lo general a los 34 años, con lo cual este

varón ha estado solo, cuidándose a si mismo durante sólo cuatro años, estando ya

socializado en una situación en que su madre le cuida hasta que tiene 30 años y luego su

esposa a partir de los 34 años. Esta situación de dependencia no es buena ni para su

madre y su esposa ni para él. Hoy, mientras el varón sueco pasa 18 horas a la semana en

tareas familiares (la mujer sueca 22 horas), el varón español pasa 8 horas y la mujer

española 42 horas semanales en tareas familiares, una situación en claro desequilibrio.

Por otra parte, la ausencia del derecho de ayuda a la familia crea una sobrecarga

de la mujer española que cuida a los infantes, jóvenes (que están en casa hasta que

tienen 30 años como promedio), esposos o compañeros, ancianos y personas con

discapacidades, y un 42% también trabaja en el mercado de trabajo, significándole una

enorme sobrecarga. De ahí que la mujer española de 35 a 50 años sea la persona con

más enfermedades debidas al stress, tres veces más que el promedio español.

Pero tales insuficiencias tienen un coste social elevado: una de las tasas de

fecundidad menores del mundo y ello como resultado del retraso en el proceso de

formación familias, consecuencias de las dificultades que tiene la mujer joven para

encontrar trabajo y vivienda, así como la ausencia de unos servicios de ayuda a la

familia que permitan compaginar las tareas familiares con su proyecto profesional.

Por último, tal ausencia de servicios de ayuda a la familia también dificulta la

para alcanzar el nivel de riqueza de la UE-15. La pobreza relativa de España (respecto

de la UE.15) se basa en que tenemos menos personas trabajando que en la UE-15. A

mayor número de trabajadores, mayor riqueza. Y el futuro económico del país depende

de la integración de la mujer al mercado de trabajo.

32

A mediados de los años setenta se expandió una percepción (errónea) de la

situación del mercado laboral que interpretó el aumento del desempleo como resultado

de la destrucción de los puestos de trabajo, consecuencia de la revolución tecnológica.

sería un mundo sin trabajadores. Esta visión fue acompañada con la visión (también

errónea) de que las políticas de pleno empleo eran ya imposibles de alcanzar. De ahí que

surgieran voces que querían garantizar un salario ciudadano, independientemente del

trabajo que el individuo realizara.

Este concepto se ha introducido en España bajo el nombre de la renta básica, que

permite garantizar que todo ciudadano tenga derecho a una renta básica que le permita

escapar de la pobreza extrema. Los programas del País Vasco, Navarra y ahora Madrid

han sido exitosos en erradicar la pobreza extrema (que representa el 1% de la población)

pero han fracasado en resolver el tema de la pobreza relativa (definida como el

porcentaje de la ciudadanía con un nivel de renta inferior a la media de la mediana). En

realidad, y como condición de su aceptabilidad por parte de la ciudadanía (debido a su

carácter asistencial) el nivel de la renta básica tiene que ser bajo, imposibilitando el

resolver el problema de la pobreza.

La solución de la pobreza y exclusión social exige unas políticas de pleno

empleo, facilitando la integración de los jóvenes y mujeres al mercado de trabajo

(mediante programas activos de reciclaje y formación profesional que alcancen a ser un

3% o un 4% del PIB), con desarrollo de los servicios de ayuda a las familias y otros

servicios del estado del bienestar y recibiendo salarios dignos y teniendo buenas

condiciones de trabajo con un salario mínimo mucho más alto que el existente. Y las

personas que –por enfermedad o discapacidad- no puedan trabajar deben recibir un

salario digno como derecho de ciudadanía.

Los datos que este informe presenta no permiten el optimismo que refleja el tan

Ni que decir tiene que mucho se ha hecho desde que la democracia se estableció

en España. Ahora bien el punto de partida era tan bajo (resultado de la enorme

33

insensibilidad social de la dictadura franquista) que, a pesar de los avances que se han

hecho todavía queda mucho por hacer. En realidad, estos avances han retrocedido desde

el año 1994, de manera que la convergencia hacia el promedio de gasto público social se

ha interrumpido y revertido. Esto debiera causar preocupación y debate nacional.

Esperamos que este informe lo estimule.

34

Fuente: EUROSTAT (2003), European social statistics. Social protection. Expenditure and receipts. Data 1991-2000

35

Fuente: EUROSTAT (2003), European social statistics. Social protection. Expenditure and receipts. Data 1991-2000

36

37

Fuente: EUROSTAT (2003), European social statistics. Social protection. Expenditure and receipts. Data 1991-2000

38

39

Fuente: EUROSTAT (2003), European social statistics. Social protection. Expenditure and receipts. Data 1991-2000

40

41

Fuente: EUROSTAT (2003), European social statistics. Social protection. Expenditure and receipts. Data 1991-2000

42

43

Fuente: EUROSTAT (2003), European social statistics. Social protection. Expenditure and receipts. Data 1991-2000

44

45

Fuente: EUROSTAT (2003), European social statistics. Social protection. Expenditure and receipts. Data 1991-2000

46

47

Fuente: EUROSTAT (2003), European social statistics. Social protection. Expenditure and receipts. Data 1991-2000

48

49

Fuente: EUROSTAT (2003), European social statistics. Social protection. Expenditure and receipts. Data 1991-2000

50

1997 1998 1999 2000 2001

Cont. No cont. Cont. No cont. Cont. No cont. Cont. No cont. Cont. No cont.

España 41.9 2.5 51.6 2.5 51.5 2.6 51.8 5.1 51.6 6.1

Fuente: cálculo propio sobre datos de IDESCAT.

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

361.33 391.75 415.71 443.26 471.85 478.28 496.15 513.30 538.68 568.69

Fuente: MTAS

51

de 60 años sobre

población total

(2000)

Mujeres: 60

89-94 23.9

Con cónyuge: 55-69

22.8

Mujeres: 60-65

Sin cónyuge: 30-53

Con cónyuge: 39-73

20.4

Con cónyuge: 48-

104

19.7

Mujeres: 60-65

- 20.4

52

Cuadro 19 (cont.)

de 60 años sobre

población total

(2000)

Con cónyuge: 99-

132

22.9

Con cónyuge: 37-90

18.2

Mujeres: 42-45

Varones: 65

Mujeres: 62-65

Sin cónyuge: 53-81

Con cónyuge: 62-91

21.8

Con cónyuge: 96-98

21.6

Con cónyuge: 65-85

19.6

53

Cuadro 19 (cont.)

de 60 años sobre

población total

(2000)

Con cónyuge: 95-

103

20.6

Con cónyuge: 35-84

15.1

(1) porcentaje sobre salario neto

de 2002.

54

2002 2001 2000 1999 1998

Afiliados Pensiones Ratio Afiliados Pensiones Ratio Afiliados Pensiones Ratio Afiliados Pensiones Ratio Afiliados PensionesRatio

España 12.094.200 4.575.290 2,64 11.673.300 4.545.600 2,57 11.124.200 4.493.400 2,48 10.450.700 4.450.200 2,359.784.200 4.400.900 2,22

Fuente: elaboración propia, sobre datos de MTAS

55

Fuente: elaboración propia sobre datos de INE y Eurostat

56

Fuentes: los datos para España provienen de la EPA, 4to. trimestre de cada año. Los datos para el resto de los países de OCDE 2002.

57

Fuentes: los datos para España provienen de la EPA, 4to. trimestre de cada año. Los datos para el resto de los países, de OCDE 2002.

58

Fuentes: los datos para España provienen de la EPA, 4to. trimestre de cada año. Los datos para el resto de los países, de OCDE 2002.

59

Fuente: Instituto Nacional de Empleo (INEM), Resumen Mensual de datos estadísticos, diciembre 2002.

60

1990 16.3 11.6

1991 16.3 11.8

1992 18.4 13.0

1993 22.7 16.6

1994 24.2 18.4

1995 22.9 18.1

1996 22.2 17.5

1997 20.8 16.6

1998 18.8 15.0

1999 15.9 12.8

2000 14.1 11.0

2001 13.0 10.5

Fuente: OECD Economic Outlook, 2003

61

62

Fuente: EUROSTAT (2003), European social statistics. Social protection. Expenditure and receipts. Data 1991-2000

63

Nota: los datos de la EPA corresponden al 4to trimestre de cada año. Los datos sobre el porcentaje de cobertura de las prestaciones y la tasa de paro registrado corresponden a

diciembre de cada año.

% de cobertura

prestaciones

contributivas, según

tasa de paro EPA

% de cobertura

prestaciones

contributivas, según

tasa de paro

registrado

% de cobertura

prestaciones

asistenciales según

tasa de paro EPA

% de cobertura

prestaciones

asistenciales, según

tasa de paro

registrado

% total de

cobertura, según

tasa de paro

EPA

% total de

cobertura,

según tasa de

paro registrado

64

Cuadro 31 (cont.)

% de cobertura

prestaciones

contributivas, según

tasa de paro EPA

% de cobertura

prestaciones

contributivas, según

tasa de paro

registrado

% de cobertura

prestaciones

asistenciales según

tasa de paro EPA

% de cobertura

prestaciones

asistenciales, según

tasa de paro

registrado

% total de

cobertura, según

tasa de paro

EPA

% total de

cobertura,

según tasa de

paro registrado

65

Cuadro 31 (cont.)

% de cobertura

prestaciones

contributivas,

según tasa de

paro EPA

% de cobertura

prestaciones

contributivas, según

tasa de paro

registrado

% de cobertura

prestaciones

asistenciales según

tasa de paro EPA

% de cobertura

prestaciones

asistenciales, según

tasa de paro

registrado

% total de

cobertura, según

tasa de paro

EPA

% total de

cobertura,

según tasa de

paro registrado

66

Cuadro 31 (cont.)

% de cobertura

prestaciones

contributivas, según

tasa de paro EPA

% de cobertura

prestaciones

contributivas, según

tasa de paro

registrado

% de cobertura

prestaciones

asistenciales según

tasa de paro EPA

% de cobertura

prestaciones

asistenciales, según

tasa de paro

registrado

% total de

cobertura, según

tasa de paro

EPA

% total de

cobertura,

según tasa de

paro registrado

Fuentes: elaboración propia sobre datos de INEM e INE.

frecuencia de contratación en la modalidad "fijo discontinuo" hacen que los trabajadores generen derecho a prestación , pero muchos de ellos se incoporan al mercado de

trabajo a tiempo parcial, por lo que dejan de ser parados, pero continúan percibiendo la prestación por desempleo.

67

Fuente: OECD, 2002 e INE

68

España 8

Dinamarca 44

Suecia 40

Finlandia 21

Francia 23

Bélgica 30

Portugal 12

Fuentes: MEC, 1999-2000, Rostgaard y Fridberg, (1998) Caring for Children and Older People. A Comparison of European Policies and Practices, Social Security y Europe

Edad Total niños

(1)

Niños que asisten a

escuelas de

infancia, públicas y

privadas.

(2)

Tasa de

escolarización

propuesta

(3)

Niños que

deberían

asistir

(4)

Estimación de

plazas faltantes

(5)=(4)-(2)

0-1 277.496 3.883 20% 55.499 51.616

1-2 320.877 16.205 50% 160.438 144.233

2-3 359.854 45.538 80% 287.883 242.345

Total 0-3 958.227 65.626 503.820 438.194

Fuente : INE, 2001.

(3) Los niveles de escolarización propuestos son un promedio de los niveles en países europeos cuya cobertura se considera más adecuada. Véase T. Rostgaard y T. Fridberg,

op. cit.

(4) Según la proyección de las tasas de escolarización propuestas en la columna 3 (tomadas de Rostgaard y Fridberg) sobre el total de niños españoles menores de 4 años.

69

especializado por niño

(1)

Nuevos puestos de

trabajo estimados

para España

(2)

0-1 1 educador cada 3 niños 17.205

1-2 1 educador cada 4 niños 36.058

2-3 1 educador cada 5 niños 48.469

Total 101.732

(1) La ratio docente/niño ha sido calculada sobre la base de la investigación Rostgaard y Fridberg, (op.cit.), quienes sintetizan los criterios de personal

necesario considerados más adecuados por expertos europeos en temas de escuelas de infancia.

(2) El cálculo de los puestos de trabajo (personal experto) se obtiene de dividir las plazas de guardería para cada grupo etario que se requieren en España

(véase columna 5 en cuadro 34) por la ratio docente/alumno sugerido por cada grupo etario (columna 1).

Total población 64 y más años

(1)

Usuarios actuales

(2)

% cobertura

población de

65 y más años

(3)

Intensidad horaria

promedio de

atención semanal

(4)

Total España 5.971.239 92.948 1,5 4,7

Fuente: Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, Geriatría XXI. Análisis de necesidades y recursos en la atención a las personas mayores

en España, 2000

70

(1)

(2)

Defensor del Pueblo /

Sociedad Española de

Geriatría y Gerontología

(SEGG)

5% 7

IMSERSO (propuesta de

G. Rodríguez Cabrero)

5,6% (dependencia mediana)

9,3% (dependencia grave)

Total: 14,9%

6

10

Fuente: Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, op.cit., e IMSERSO.

71

Personas

cubiertas

actualmente

(1)

Proyección

Propuesta G.

Rodríguez

Cabrero/IMSERSO

(2)

Estimación del

déficit de

cobertura,

según G.

Rodríguez

Cabrero/

IMSERSO

(3)= (2)-(1)

Proyección

Propuesta

Defensor del

Pueblo/SEGG

(4)

Estimación

del déficit de

cobertura

(5)= (4-1)

Total

España

92.948 889.715 796.767 298.562 205.614

(1) Población mayor que se encuentra cubierta en la actualidad por el SAD

(2) Proyección sobre la población mayor de 64 años de España de los porcentajes de cobertura sugeridos.

72

Total España 35.982

(1) El cálculo de los nuevos puestos de trabajo se obtiene de multiplicar los usuarios potenciales, según el déficit de plazas, por el total de horas

semanales sugeridas, y dividirlas sobre la base de una semana de trabajo de 40 horas.

73

Dependencia mediana:

50.158 (4)

Dependencia grave:

138.831 (5)

Total: 188.989

(2) 8330 profesionales es resultado de calcular el 5,6% de la población mayor de 64 años recibiendo una atención promedio semanal de 6 horas,

por ser personas con un grado de dependencia mediano (55.535 personas), lo que significa un total de 33.210 horas semanales de atención

(55.535 personas x 6 horas), que a 40 horas semanales de trabajo por profesional representan un total de 8.330 profesionales.

(3) Cálculo similar al anterior, pero sobre la base del 9,3% de la población (con dependencia grave), recibiendo 10 horas de atención semanal.

74

Los datos el gasto en niveles de protección social presentados en este informe proviene de Eurostat, del Sistema Europeo de Estadísticas de

Protección Social (Seepros), de Eurostat.

Según el Seepros, se considera protección social a todas las intervenciones de organismos destinadas a aligerar las cargas que representa para los

hogares e individuos una serie establecida de riesgos o necesidades, siempre que no haya un acuerdo simultáneo ni recíproco, ni individual.

Incluye todas las intervenciones públicas en materia de protección social, como así también las llevadas adelante por mutualidades de previsión

social. Excluye las transferencias directas entre hogares o individuos y los seguros privados.

La protección social así entendida comprende las siguientes funciones:

1. Enfermedad/ Atención sanitaria: incluye las prestaciones de mantenimiento de la renta y ayuda en efectivo a causa de una enfermedad

física o mental, con la excepción de los casos de invalidez, como así también la atención sanitaria destinada a conservar, restablecer o

mejorar el estado de salud de las personas protegidas.

2. Invalidez: Incluye las prestaciones de mantenimiento de la renta (pensiones por invalidez) y ayuda en efectivo o en servicios

(exceptuando la atención sanitaria) relacionada con la incapacidad de las personas con disminución física o psíquica.

3. Vejez: Incluye las prestaciones de mantenimiento de la renta (pensiones de jubilación) y ayuda en efectivo o en servicios (exceptuando la

atención sanitaria) relacionada con la vejez.

75

4. Supervivencia: Incluye las prestaciones de mantenimiento de la renta (también conocidas como pensiones de viudedad) y ayuda en

efectivo o en servicios relacionada con la muerte de un miembro de la familia

5. Familia/ Hijos: Asistencia en efectivo o en servicios (exceptuando la atención sanitaria) relacionada con el embarazo, el nacimiento y la

adopción, la atención de infantes y otros familiares.

6. Paro: Mantenimiento de la renta (prestaciones por desempleo) y asistencia relacionadas con la situación de paro.

7. Vivienda: Ayudas para la financiación de la vivienda.

8. Exclusión social no clasificada en otros apartados: Prestaciones en efectivo o en servicios (exceptuando la atención sanitaria) destinadas a