Intervención de Gaspar Llamazares en el debate de la Ley de Partidos Políticos
Debate plenario Congreso de los Diputados 23/05/02

Grupo Parlamentario Federal IU 24/05/02
Extractado del diario de sesiones del congreso de los diputados del día 23/05/02

El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor ministro, ha tenido usted algo que se llama lapsus freudiano, ha intervenido usted ante esta Cámara con mayor agresividad hacia fuerzas políticas democráticas y hacia el Gobierno democrático del País Vasco que con respecto a la organización terrorista ETA. (Aplausos.) Señor Acebes, yo no sé si seré su enemigo, por su intervención parece ser que sí. Usted no es mi enemigo, usted es mi adversario, y ETA, lo mismo que para todos los miembros de esta Cámara, es mi enemiga, eso que lo sepa usted por si hay confusiones. (Rumores.-La señora Mato Adrover: La hay.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio. (Pausa.) Señor Llamazares.

El señor LLAMAZARES TRIGO: Señores diputados del Partido Popular, permitan intervenir a las minorías, ya que no les han permitido que intervengan en la elaboración de la ley.

Señores parlamentarios del Partido Popular, señor Aznar, quiero recordarles la frase de Benjamín Franklin que decía, que aquellos que para avanzar en la seguridad lo hacen a costa de las libertades, no merecen -no merecemos- ni las libertades ni la seguridad. El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida solicita la devolución de este proyecto de ley por innecesario y contraproducente, por razones jurídicas, pero también y sobre todo por razones políticas: porque rompe el consenso constitucional sobre la ley de partidos -su ley es una ley de mayorías y no una ley de consenso-; porque recorta libertades públicas y garantías procesales propias del Estado de derecho; porque es una ley de excepción y, también, porque estamos convencidos de que no es útil en la lucha contra ETA. Esta nueva ley rompe, en primer lugar, el consenso constitucional y constituyente, dado que mientras la ley anterior suscitó el apoyo de todas las fuerzas políticas parlamentarias presentes en las Cortes Generales -era la tercera ley de partidos-, esta nueva ley va a nacer con mucho menor apoyo; mayoritario sí, pero menor, y además sin el apoyo de instituciones y organismos vitales en la democracia pluralista que tenemos en este país como son las instituciones y la sociedad vasca que, en estos momentos, están al margen de esta ley.

La democracia española, señorías, por si no lo recuerdan, ha sido breve y frágil; largos períodos de autoritarismo han sido interrumpidos por cortos intervalos democráticos. Teniendo en cuenta esta perspectiva, la reforma del año 1978 fomentaba la creación de partidos políticos y los reconocía para resaltar su importancia. Pues bien, esta nueva ley de ilegalización de partidos convierte una ley de control formal en una ley de control material de los partidos políticos. En definitiva, convierte una ley abierta y tolerante en relación con los partidos y la participación democrática en una ley de patologías que se comporta de forma desconfiada y sitúa bajo sospecha a los partidos políticos y a los ciudadanos que quieren participar en la política. Desde mi grupo parlamentario no negaremos que la negociación entre el Partido Popular y el Partido Socialista -si bien ha sido escasamente aceptable desde el punto de vista democrático- ha logrado pactar una serie de enmiendas que, hay que decirlo con claridad, hacen menos malo el texto inicial. Sin embargo sólo hemos pasado de un texto frontalmente anticonstitucional, y que pone los pelos de punta a cualquier persona con un mínimo de sensibilidad democrática, a una ley refrito, a una ley in pectore -que aparece entre enmiendas y texto original- que continua teniendo, en nuestra opinión, aspectos inconstitucionales y que es, por encima de todo, una ley de excepción.

Esta nueva ley orgánica de procedimientos de ilegalización de partidos políticos, incluso con las enmiendas acordadas entre el Partido Popular y el Partido Socialista, mantiene la obligación de los partidos de respetar en su actividad no sólo los principios democráticos, sino los valores constitucionales, disposición que consiste en algo jurídicamente indeterminado. Con estas disposiciones imprecisas, ambiguas, ambivalentes, se podría disolver -no digo que lo hagan ustedes- a cualquier partido que, por medios pacíficos, legales y constitucionales, propusieran marcos alternativos al actual. Señorías, ninguna ley puede convertirse en una espada de Damocles contra los proyectos políticos alternativos, pacíficos y democráticos, sean estos federalistas, republicanos, independentistas o contrarios a la política neoliberal. Estas y otras opciones políticas, que ustedes pueden considerar políticamente inconvenientes, no son jurídicamente ilícitas, al menos en un sistema democrático. El Gobierno del Partido Popular se empeña en justificar esta contaminación y desnaturalización de nuestro modelo de partidos políticos y de nuestra democracia pluralista con la lucha jurídica desde la excepcionalidad contra el fenómeno excepcional que es el terrorismo asesino de ETA. Es decir, contrapone el Partido Popular democracia y eficacia en la lucha antiterrorista. Sin embargo, queremos llamar la atención de los grupos parlamentarios y de los ciudadanos españoles sobre la nula eficacia de las medidas excepcionales que se han tomado en los últimos años contra ETA y su entorno. En democracia lo que deteriora la legitimidad del sistema democrático es, además, ineficaz. Si no, dígannos, señores del Partido Popular y señores del Gobierno, qué ha sido de las modificaciones del Código Penal recientemente realizadas por su Gobierno. ¿Cuál ha sido el resultado de la modificación de la Ley del Menor? ¿Cuál ha sido el resultado de bloquear una sentencia del Tribunal Supremo en materia de financiación de partidos? El resultado ha sido la ruptura, por ejemplo, en la Ley del Menor, del principio constitucional de igualdad en el tratamiento de los menores, así como la ruptura de los compromisos internacionales firmados por España en materia de protección del menor. El daño jurídico y político ha sido cierto. Sin embargo, el beneficio obtenido, al menos, incierto, si no nulo, aunque alguien sí ha salido beneficiado de todo esto. Me estoy refiriendo a la imagen pública del Gobierno y del Partido Popular, campeones de la lucha contra ETA y contra la violencia. Se han dedicado ustedes, eso sí, a sembrar dudas sobre la lealtad de las fuerzas políticas y de las instituciones que ustedes no controlan y ahora se ocupan de lanzar nuevos señuelos a la opinión pública con la huida hacia delante que significa la ley de partidos. Les pregunto si también esta descalificación es para 25 años de democracia, porque ha sido una democracia que ha mantenido impunes a los partidos políticos que sustentan a la organización terrorista ETA. ¿Por qué ustedes, a lo largo de estos seis años no han iniciado un procedimiento de ilegalización, no han animado a su fiscal general del Estado para iniciar un procedimiento de ilegalización contra la organización Batasuna? Tienen que explicarlo ustedes ante esta Cámara. Estamos ante una política de imagen que no aporta ninguna efectividad real en la lucha antiterrorista y que, sin embargo, daña gravemente el ordenamiento jurídico y constitucional de nuestro país. Es una ley de publicidad engañosa del Partido Popular. Tiene el Gobierno del Partido Popular, además de la propensión a la dureza, que oculta su pobreza de resultados en materia antiterrorista, la costumbre de acabar con los problemas, con todos los problemas, con la prohibición. Es un recurso propio de la derecha autoritaria que anida también en el Partido Popular.

Esta nueva ley no va a acabar con ETA o va a hacer desaparecer a Euskal Herritarrok de forma milagrosa. Como decía antes, los problemas no desaparecen tapándolos o prohibiéndolos. A ETA se la derrota policial y judicialmente y para ello hay medios más que suficientes en nuestra legislación. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.) Y a Euskal Herritarrok o a Batasuna se la derrota en las urnas mediante medidas políticas y procesando a todos aquellos que delinquen. Señores del Partido Popular, nadie quiere más que nosotros la derrota de los terroristas de ETA y el fin de Batasuna. (Rumores.-El señor del Burgo Tajadura: Estella.) El resto de las fuerzas políticas pueden querer tanto como Izquierda Unida la derrota de ETA, pero no más. El camino elegido por el Gobierno y por ustedes no es el adecuado. Ser víctimas del terrorismo -no son los únicos- les otorga toda la autoridad moral, pero ni un ápice de razón política y mucho menos les otorga la verdad absoluta, que es lo que quieren tener ustedes en materia antiterrorista y en muchas materias políticas. El camino para acabar con ETA y su entorno es el Estado de derecho sin atajos, es el trabajo de los jueces, de los fiscales y de los policías, pero también el camino hay que buscarlo en el trabajo de los políticos para encontrar soluciones a los problemas políticos. Aquí es donde ustedes suspenden de forma absoluta en materia antiterrorista. El camino del señor Aznar sigue siendo el de destruir los puentes de diálogo y el de criminalizar al adversario, el de aislar a los nacionalistas y federalistas por fines puramente políticos y partidistas.

Señorías, señores del Partido Popular, las enfermedades sociales se combaten atacando sus consecuencias, pero también sus causas. España y Euskadi están enfermas. Tenemos dos lacras y no una. Una, la banda terrorista que mata, que extorsiona, que secuestra y que atemoriza; otra, la lacra de un partido político, respaldado por miles de ciudadanos, que no sólo no condena semejante actividad, sino que la justifica.

Desde el 11 de septiembre, su obsesión antiterrorista nos lleva a la simplificación y a la ceguera política. Sin embargo, no deben engañarse, la enfermedad política de España y de Euskadi no es que Euskal Herritarrok se presente a las elecciones, sino que haya entre 150.000 y 200.000 personas dispuestas a votarles. Ése es el problema político del País Vasco. Este problema, este cáncer de la democracia española y de la democracia vasca, no se soluciona con la prohibición. Un espacio político y social no desaparece si nos tapamos los ojos. De hecho, la clandestinidad -y se lo digo claramente- les va a hacer más fuertes políticamente en el victimismo, va a reforzar su subordinación y dependencia a la organización terrorista ETA. ¿O no sabemos que las dos direcciones están ya en Francia? Además, sus propios servicios de información les dicen que será más difícil combatir a ETA con EH en la clandestinidad. Me han respondido que lo que he dicho y lo que digo hoy es una injuria. Demuéstrenlo, demuestren que los servicios de información no les han informado que esta ley es una dificultad en la lucha antiterrorista; si no, utilicen el viejo mecanismo de mandarme un notario para que tome nota de mi injuria.

Señor Aznar, este problema se soluciona con la unidad de los demócratas, con diálogo y distensión entre las fuerzas políticas y entre las instituciones vascas y españolas y, al fin, con la derrota electoral de Heuskal Herritarrok. Mucho nos tememos que el Partido Popular va precisamente en la línea contraria, rompe el diálogo político antiterrorista entre todas las fuerzas políticas democráticas, ignora a las instituciones y a la opinión pública mayoritaria del País Vasco, que rechaza con claridad su ley. Su estrategia consiste en dañar a nacionalistas y federalistas, cerrar la puerta a las salidas políticas de quienes abandonan la violencia y ganar votos en el resto de España mediante esta política.

En este contexto, Izquierda Unida quiere ser muy clara. Para derrotar a ETA necesitamos el Código Penal -que ya tenemos-, los jueces y fiscales -que ya tenemos-, la policía -que ya tenemos-, pero además el diálogo, el consenso entre los partidos políticos y entre las instituciones vascas y españolas; consenso y diálogo de los que carecemos. Para meter en la cárcel a elementos afectos a ETA o a Batasuna que cometen delitos, no necesitamos modificar la Ley orgánica de partidos políticos, y ustedes lo saben. El Código Penal contiene instrumentos suficientes para procesar por la vía penal, en tanto que asociación ilícita, a cualquier organización política que practique o que apoye al terrorismo, pero hasta ahora, y se lo repito, ningún Gobierno, ni su Gobierno, ha interesado a la Fiscalía General esta iniciativa de ilegalización.

Sin tocar la legislación sobre partidos políticos, la Audiencia Nacional no sólo ha enviado a la cárcel a docenas de militantes de Batasuna, sino que ha ilegalizado a organizaciones políticas del entorno de Batasuna, y a nadie se le oculta que estaba en marcha la ilegalización por parte del juez Garzón. ¿Es esto -les pregunto- lo que incomoda al Gobierno del Partido Popular? ¿Tiene el Gobierno del Partido Popular algo contra un posible procesamiento judicial de Batasuna por los jueces? ¿O quiere el Partido Popular tan sólo una ilegalización teledirigida, transmitida en prime time por todas las televisiones progubernamentales a mayor gloria del señor Aznar y del Gobierno del Partido Popular? Quizás esta situación, la de los tribunales de justicia, explique la trágala a que han sometido al Consejo de Estado y al Consejo General del Poder Judicial; quizás explique las prisas del señor Aznar por no cambiar ni una coma; quizás explique por qué el Partido Popular prefiere una ley excepcional de caso único, con promotores de parte, tribunales ad hoc, propósito retroactivo y ausencia de garantías procesales y penales; quizás explique también su desprecio a este Parlamento y su preferencia por una negociación entre bambalinas.

Señorías, ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo deben implicarse en un proceso judicial de ilegalización de un partido. Atribuir esta competencia a una parte del Parlamento o al Gobierno tiñe de interés político y partidista una iniciativa que debe responder a estrictos criterios de legalidad. Consideramos también un disparate la atribución de competencia jurisdiccional en esta materia a la Sala Especial del Tribunal Supremo; especial solamente por su composición, pero no especializada, sino desconocedora de saberes constitucionales. La decisión de disolver un partido debería corresponder bien al ámbito penal bien al del Tribunal Constitucional.

Señor Aznar, hace casi seis años que el Partido Popular dirige el Gobierno. Debe responder ya ante la ciudadanía por la evidencia de que el problema terrorista no sólo no se ha solucionado en España gracias a su política, sino que, de hecho, políticamente al menos, se ha retrocedido en esta materia. En lo que se refiere a la nueva ley orgánica de partidos políticos -de ilegalización de partidos políticos-, el Gobierno del Partido Popular deberá responder a partir de ahora ante los ciudadanos vascos y españoles cuando se compruebe que el efecto neto de esta nueva ley supone un reforzamiento político y electoral de Batasuna, mayores dificultades en la lucha contra el terrorismo, un debilitamiento sustancial de la cohesión de los demócratas españoles y de las instituciones españolas y vascas, la contaminación de nuestro modelo constitucional de partidos políticos y un ataque frontal a la democracia española. Ningún ciudadano de bien estará en contra del fin de ETA y de su entorno, así como del fin de Batasuna; ningún ciudadano de bien quiere alimentar en modo alguno el entramado terrorista; pero ningún ciudadano de bien debe ser azuzado para saltar por encima de la democracia en nombre de un fin que ustedes y nosotros deseamos. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)

En definitiva, señorías, para combatir el terrorismo y defender el Estado de derecho no es necesaria una ley de excepción, existen alternativas más democráticas y más eficaces. Salgan ustedes del círculo excluyente del pacto antiterrorista forjando la unidad política de todas las fuerzas democráticas sin excepciones. Promuevan la mayor cooperación con las instituciones vascas, en vez de sembrar dudas sobre su lealtad y sembrar la confrontación. Superen las carencias y deficiencias en la gestión y coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y respalden con mayor eficacia la labor de los jueces, fiscales y policías. En definitiva, derrotemos a ETA manteniendo viva la democracia y dejando las puertas abiertas a la paz. Demos todos una oportunidad a la paz.

Muchas gracias. (Aplausos.)

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