Chile: Lo que viene después del desafuero
Sergio Ramírez
En 51 páginas,
los 20 magistrados de la Corte Suprema desarrollan argumentaciones
para desaforar a Pinochet, basadas en aspectos jurídicos y no políticos
como acusa el pinochetismo. Mientras que la reacción tratará de
"pinochetizar" el escenario político y el ex dictador
de proclamar su inocencia y destacar las virtudes de "su
obra", nuevos procesos se abren en la lucha por castigo a los
asesinos del período dictatorial, comenzando por el propio
Pinochet.
La resolución de desafuero de Pinochet destrozó
todos los falaces argumentos de su defensa. La verticalidad de
mando fue el argumento que desarrollaron los jueces contra el ex
dictador como una nueva sospecha fundada: Si se considera que al
grupo de asesinos del general Arellano se la dotó de todos los
elementos logísticos para llevar a cabo su criminal cometido y
que ante los horribles asesinatos no hubo ninguna reacción ni
sanción a los responsables, "debe concluirse que la orden de
proceder en la forma que se ejecutó debió haber sido decretada
por el propio comandante en jefe de la época". Para
ejemplificar este cargo, los jueces citaron parte del libro que
escribió el propio Pinochet llamado "Política, politiquería
y demagogia": "En la organización militar quién no
sepa mandar, no sirve. Y quién no sepa obedecer, tampoco sirve
(...) Creo que para ejecutar bien el mando, es imprescindible
haber aprendido a obedecer. Y obedecer en plenitud, en forma
comprometida, sin vacilaciones. Es mal jefe, por tanto, quién
haya sido un mal subalterno". Otro fundamento es el careo
entre Arellano y el asesino integrante de la Caravana Sergio
Arredondo (actualmente procesado), donde este último reconoció
que al partir la comitiva, "él sabía que se iban a efectuar
ejecuciones, y que de ello se enteró por el propio general
Arellano".
Al igual que la Corte de Apelaciones, los
jueces de la Suprema consideraron sospechoso que Pinochet haya
ascendido a todos los oficiales que participaron en los crímenes
de la Caravana de la Muerte, así como se llamó a retiro a los
oficiales que se opusieron y/o denunciaron los hechos. A su vez
ratificó las pruebas de la Corte de Apelaciones en cuanto a la
delegación de funciones que entregó Pinochet como comandante en
Jefe del Ejército a Arellano y que aunque el documento que dotó
de poderes a su subordinado no está en el expediente, se
certifica por las declaraciones de los jefes militares que
conocieron su contenido. También consideró como prueba la
declaración del general (R) Joaquín Lagos, quien en Iquique le
informó a Pinochet de los crímenes cometidos por la Caravana,
sin que el tirano ordenara ninguna investigación.
La Corte Suprema establece además que el fallo
en primera instancia dejó establecido que los eventuales exámenes
médicos deben resolverse dentro del proceso penal y ante el juez
competente (Guzmán). A su vez, estimó que pese a que la ley le
otorga a las cortes a pronunciarse de oficio por los desafueros,
sin siquiera escuchar a las partes, "en el presente caso, en
cambio, la defensa del senador Pinochet fue ampliamente desplegada
a través de todo un equipo de abogados, según ha sido de público
y notorio conocimiento".
Frente a los reclamos por la falta de un debido
proceso, la Corte aclara también que la "Convención
Americana sobre Derechos Humanos" -invocada por la defensa-
establece que toda persona tiene derecho a ser oída, con las
debidas garantías y dentro de un plazo razonable. No obstante, la
sentencia estimó que esa misma convención establece que esas
garantías tendrán aplicación en el desarrollo de un proceso
penal, al interior del juicio, y no pueden ser anticipadas al trámite
de una autorización previa para procesar, es decir que no cabía
tal argumento en el desafuero.
La sentencia de la Corte Suprema refutó, además,
la tesis del juicio político en contra de Pinochet que esgrimió
la defensa, argumentando que los tribunales carecían de
competencia para juzgarlo, al tratarse de un ex Presidente de la
República. Los 14 ministros que aprobaron el desfuero, rechazaron
tales argumentos en base a un decreto de junio de 1974 dictado por
la Junta Mlitar. El decreto sostiene que el Poder Ejecutivo es
ejercido por el Presidente de la Junta de Gobierno quien, con el título
de Presidente de la República de Chile, administra el Estado y es
el Jefe Supremo de la Nación, con las facultades, atribuciones y
prerrogativas que este mismo Estatuto le otorga. Ante esto, la
Corte Suprema establece que los crímenes de la Caravana de la
Muerte no podrían haber dado lugar a un juicio político, ya que
como el Congreso Nacional había sido disuelto y las funciones
legislativas asumidas por la misma dictadura, no existió la
posibilidad de que la Junta, que tenía la suma de los poderes del
Estado, se juzgara a sí misma. A su vez, que "como no hay
mayores antecedentes de que las actuaciones a que se refirió el
fallo en alzada, al considerar las sospechas fundadas en que se
basó el desafuero, fueran de la Junta de Gobierno, sino por el
contrario, constituyeron acciones individuales directas del
apelante en su calidad de comandante en jefe del Ejército, no
cabe encuadrarlas en el concepto de actos de administración del
Poder Ejecutivo, para los efectos del juicio político establecido
en la carta de 1925".
PRIMERO PROCESAR, DESPUES AMNISTIAR
La jurisprudencia que sentó el fallo de
desafuero sobre la aplicación de la ley de amnistía y la
prescripción no sólo traerá consecuencias para el destino
judicial de Pinochet y demás asesinos procesados en el caso
Caravana de la Muerte. En efecto, ella confirma la tesis que la
Corte Suprema ha estado aplicando en los últimos fallos sobre los
casos de desaparecidos: que la prescripción y la ley de amnistía
no son de aplicación automática. Al contrario, el fallo dice que
los jueces deben aplicar la amnistía, si lo estiman pertinente,
cuando la investigación criminal esté concluida y determinadas
las responsabilidades penales. Esto significa que primero deben
procesar. A la vez, los ministros ampliaron las posibilidades de
investigar delitos distintos del secuestro calificado, al estimar
en su considerando 63 que "se encuentran acreditados hechos
que presentarían caracteres de delito", tales como
homicidio, inhumaciones ilegales y asociación ilícita. Esto
debiera obligar al juez Juan Guzmán a ampliar su investigación a
los mencionados delitos y amnistiar, si lo estima, sólo una vez
agotada la investigación e identificadas las personas. Esta
juridisprudencia determina que Guzmán debiera ampliar a otros
delitos los procesamientos a los asesinos que ya están
encausados, como Sergio Arellano Stark. Y lo mismo debería
ocurrir con el ex dictador. Entonces se podría afirmar que
realmente se está aplicando justicia en Chile.
Tan explícito fue el planteamiento de los
"supremos" que el abogado José María Eyzaguirre, uno
de los defensores del tirano, estimó que la Corte Suprema
"derogó, simbólicamente, la ley de amnistía" y que el
fallo hay que examinarlo "con mucho cuidado" por sus
conclusiones, "…implican que las bases por las cuales se
había sustentado la transición en este país, dejaron de ser
tales. Porque hoy esta ley prácticamente ha quedado relegada a
aplicarse solamente al término de la investigación, con lo cual
la amnistía no va a operar como se pensó cuando se estableció".
En efecto, el fallo reitera que la amnistía se aplica a personas
y no a hechos, por lo que se debe investigar hasta el final. Por
tanto, "indica que primero se debe procesar". Hecho de
insospechadas proyecciones porque el juez Guzmán ha tipificado
los casos de detenidos desaparecidos a través del delito de
secuestro calificado, el cual es de carácter permanente y por
tanto imprescriptible e inamnistiable, hasta que aparezcan los
cuerpos. Así queda en claro el verdadero objetivo del acuerdo de
la Mesa de Diálogo, que busca antecedentes de osamentas y/o
información sobre el paradero de los detenidos desaparecidos, lo
cual de acuerdo a la tesis de Guzmán permitirá aplicar la ley de
amnistía ante cualquier evidencia que fueron asesinados.
SE CONSIDERA INOCENTE
Mantenerse aislado y eludir las apariciones públicas
es una cínica estrategia que ha terminado para Pinochet. Su
"círculo de hierro" ha evaluado que tal falaz actitud
no dió ningún beneficio. Personalmente el ex dictador comunicó
la noticia: "Voy a hacer una carta como la que hice en
Londres". En efecto, trabaja en una misiva en la que
pretenden destacar tres mentiras: su obra, el contexto en que
asumió el gobierno y su inocencia en los crímenes que se le han
comprobado. Esta decisión de la derecha de que Pinochet
enfrentara al público se concretó cuando saludó a sus
partidarios en el frontis de su casa. A ello se agregó la visita
de los parlamentarios de la derecha. En la reunión, Pinochet habló
durante 10 minutos. Lo hizo en forma normal y sin cortar la lógica
que estaba desarrollando, desmintiendo su supuesta incapacidad
metal y ratificando su voluntad de encubrir sus crímenes de lesa
humanidad. Se refirió a su gobierno y a "la injusticia"
que significó para él ser desaforado: "Nunca dispuse ningún
crimen. Fui duro, eso sí, porque se trataba de detener una guerra
civil". Explicó las razones por las cuales asumió el
gobierno dictatorial en 1973 y recalcó que el país necesitaba de
su intervención, reivindicando su papel y su obra, y que la
visita le daba mucha fuerza porque "soy un hombre que en este
momento está viviendo una tremenda injusticia". Luego les
pidió a los parlamentarios que estuvieran tranquilos: "Soy
inocente y lucharé por demostrarlo. Lo haré como le corresponde
a un soldado…. No le pido a nadie que me acompañe en esto, el
que quiera que lo haga y el que no, tan amigos como antes, pero
voy a demostrar mi inocencia". La derecha ratificó su
respaldo al asesino confeso. El jefe de la bancada de diputados de
la UDI, Rodrigo Alvarez, le respondió que no lo dejarán sólo y
seguirán apoyándolo: "Le dije que había sido llamado en un
momento en que el país estaba en medio de una crisis política,
económica y social y él habia logrado recuperar a Chile".
Y, según declararon los presidentes de la UDI y RN, Pablo
Longueira y Alberto Cardemil, respectivamente, la decisión de
ambas colectividades de entregar su respaldo a Pinochet fue
acordada en sus comisiones políticas. Mientras que Longueira
expresó que no se puede pretender creer que existe una justicia
independiente en Chile, pues el fallo era "groteso", ya
que nuevamente afirman que las personas desaparecidas están
secuestradas. "Cuando se inventa un delito para sortear las
leyes y la Constitución, es evidente que no tiene sentido seguir
creyendo que la salida a esto es jurídica, porque estamos frente
a jueces que han votado políticamente", dijo.
PINOCHETIZAR EL ESCENARIO POLITICO
Todas estas acciones se orientan a hacer sentir
al Gobierno que el desafuero no es un asunto menor, y que si el
Ejecutivo decide jugarse por proceso y condena a Pinochet deberá
asumir las consecuencias. "No le saldrá gratis a La
Moneda", aseguran voceros de la derecha. En base a tal
objetivo, tratarán de "pinochetizar" la agenda política,
en los mismos instantes que Lagos ha tomado la decisión de bajar
el perfil al caso, para tender una cortina de silencio y un manto
de olvido a su rol de defensor ("por razones
humanitarias") del tirano. Las afirmaciones del presidente de
que el país no está preocupado por las consecuencias del
desafuero y su actitud de generalísimo de la campaña electoral
de los candidatos a regidores de la Concertación, se estrellarán
con la estrategia de convertir nuevamente a Pinochet en
protagonista estelar. Para ello, en la embestida comunicacional de
Pinochet han resuelto que aparezca en algún medio televisivo (Megavisión)
para que hable de su su "obra e inocencia". Además,
todas las "fechas simbólicas" del período dictatorial
serán "profusamente aprovechadas". De hecho, se ha
confirmado su asistencia, el 23 de agosto, al acto de celebración
de su ascenso a la jefatura del Ejército en 1973.
Inmediatamente de conocida la resolución de
desafuero, Marco Antonio, hijo del ex dictador, descalificó el
dictamen de la justicia al calificarlo de "poco serio".
Pero, a la vez, sostuvo que el desafuero de su padre tiene un
aspecto positivo, ya que dará al ex dictador "la oportunidad
histórica de defenderse de esta gran mentira, avalada por el
Gobierno". Además, reiteró la posición de su familia de no
aceptar que se le practiquen exámenes médicos, "porque ésa
es la manera de que él no pueda defenderse". Agregó que su
padre no está en condiciones para enfrentar un proceso tan largo,
por lo que "aquí tiene que haber factores políticos que lo
resuelvan". En cuanto a la actitud del Ejército durante el
proceso, dijo que ha cumplido su deber dentro de lo posible,
"aunque uno siempre espera más". Así llamaba al
gobierno a continuar defendiendo a Pinochet, como en el proceso de
Londres, y profundizaba las diferencias entre sectores del
pinochetismo.
En tanto, integrantes del equipo defensor se
reunieron con el Chacal para saber si continuaban asumiendo su
defensa. "Con mucha delicadeza le planteamos esta cuestión
porque él bien podría haber pensado otra cosa distinta, pero nos
dijo que siguiéramos porque nos tenía confianza", relató
uno de los abogados. Además, explicó que durante la conversación
con Pinochet se habló de reforzar el actual equipo. La defensa de
Pinochet deberá impulsar -en esta etapa- una línea más política,
pero ello no será labor del equipo jurídico, sino de los
parlamentarios de la derecha y otro equipo comunicacional que ya
está funcionando.
El futuro inmediato en torno a los DD.HH y el
enjuiciamiento de Pinochet estará determinado por el
enfrentamiento entre los defensores del tirano y de las
"realizaciones" de la dictadura y el movimiento defensor
de los DD.HH. El gobierno de Lagos, con su inconsecuencia y
vacilaciones será indirecto "compañero de ruta" del
pinochetismo. El ministro del Interior, José Miguel Insulza (PS)
anticipó la posición concertacionista cuando declaró (10.08)
que no cree que el general (r) Augusto Pinochet sea detenido algún
día a causa de su enjuiciamiento por el secuestro de opositores.
"Siempre he dicho que no creo que el señor Pinochet vaya a
ir a la cárcel ni vaya a ser condenado en lo que le queda de su
vida…". Al mismo tiempo, afirmó: "Yo estoy muy
convencido de que él realmente está enfermo". |